Ciudad de México, 07 de octubre de 2020.
Compañeras senadoras, compañeros senadores. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, y tomando en consideración todos y cada uno de los reportes en materia de salud y por supuesto en materia económica, el Grupo Parlamentario del PRD ha planteado diversas propuestas y ha inscrito en el debate posibles acciones para aminorar las repercusiones, tanto en lo que corresponde a la salud, en cuanto a la parte económica.
La discusión de este dictamen, tiene precisamente como materia, una de las propuestas que el PRD y otras fuerzas políticas han planteado como forma emergente de ayuda a la gente, al pueblo y por supuesto, a la economía en nuestro país, me refiero al Ingreso Mínimo Vital.
Para el PRD esta discusión no es desconocida, se planteó desde el Constituyente en la Constitución Política de la Ciudad de México y quedó establecido, hoy es vigente, hoy está en la Constitución de la Ciudad de México, un Ingreso Mínimo Vital en los Artículos 9 Numeral 2 y 17 Apartado A Numeral 1, letra G, de esta forma, ante la necesidad por la emergencia sanitaria, consideramos necesario discutir este tema y acompañamos la propuesta de consulta popular, desde el Senado de la República, conjuntamente con senadoras y senadores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y de Morena, que lo suscribieron, que se sumaron en esta propuesta.
En México ya desde años anteriores, la sociedad civil, desde el 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis aislada ha dicho: “El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución general y particularmente los Artículos 1º, 3º, 4º, 6º, 13 º, 25 º, 27 º, 31 º Fracción Cuarta y 123, un presupuesto del Estado democrático de derecho, es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida, condiciones tales, que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática”.
Por ello compañeras y compañeros, estamos convencidos que el Ingreso Mínimo Vital establecerá la forma en que el Estado concurre a la protección y a la ayuda de quienes así lo necesitan. La participación es muy importante en esta tarea de salvaguarda por parte del Estado, y así lo hemos dejado y hemos dejado constancia también cuando se discutió, porque aquí ya se acaba de mencionar el Artículo Cuarto constitucional en marzo pasado, en aquel dictamen decíamos, que estamos ciertos que, con la consagración constitucional de estos derechos, sin duda se coadyuva a elevar el nivel de vida de las personas beneficiadas, por ser un apoyo indispensable.
El problema compañeros y compañeras es que hoy el dictamen que se está presentando nos dice que no es procedente porque se trata de un gasto público, porque estamos vulnerando una disposición constitucional y yo les digo aquí, esta afirmación es incorrecta, en ningún momento se ha hablado de que se trate ya de un gasto público, estamos hablando de una política pública que es lo que se está planteando aquí establecer, una política pública que es sobre la cual se pronunciará el pueblo de México, no es, porque no vemos ninguna cantidad, a diferencia de la anterior consulta en donde sí está cuantificado los ocho mil millones que va a costar, en este caso estamos hablando de la implementación de una política pública.
¿Cómo le vamos a decir a las personas que no se puede implementar una política pública?, no estamos refiriéndonos a un gasto. Aquí acabo de escuchar un discurso que ha hablado de la deuda, que ha hablado de los ingresos, que ha hablado de los gastos, que ha hablado de todo lo que se tiene que relacionar con lo que podría haber sido una exposición del secretario de Hacienda, pero no con lo que nosotros estamos planteando: una política pública. Porque lo que se pregunta al pueblo es: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales, que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivos de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?”
Es una política pública, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de la implementación de una política pública. Hoy está en la Constitución de la Ciudad de México y quiero preguntarles: ¿Cuál gasto?, ¿cuál afectación al presupuesto? No existe. Por eso esta justificación que se acaba de dar en el dictamen no es válida, no tiene sustento, no tiene soporte jurídico. Yo les quiero reiterar, compañeras y compañeros, con la misma vehemencia que aquí se ha defendido la consulta anterior por la mayoría, hoy no puede ser rechazada posibilidad de una política pública, no es un gasto, no es una afectación del presupuesto.
De aprobarse esta consulta, simple y sencillamente lo que se estaría preguntando es: ¿Estás de acuerdo en que se genere esta política pública o no?, eso sí es válido, eso sí es parte de una política de consulta, de participación ciudadana. Nosotros podemos coincidir y por supuesto que lo hacemos, con que esto, la consulta pública, es un gran instrumento y así lo defendimos, de participación ciudadana, démosle hoy la vigencia, hoy más que nunca, hoy que tenemos la crisis del COVID-19, hoy planteamos esto que se ha venido a discutir aquí, no es una casualidad que los propios compañeros de Morena estén acompañando esta consulta, no es una casualidad, es porque saben que se requiere, es porque tiene legitimación, es porque no está en ningún supuesto de afectación, no estamos hablando ni de quitar un impuesto, no estamos hablando de reducir una contribución, no estamos hablando de modificar el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, no, estamos hablando de la implementación de una política pública para esta emergencia sanitaria y para otras emergencias sanitarias por eso es que tiene la connotación de política pública.
Claro que tendrá que estar en un cuerpo normativo, más legitimado que la propia gente lo diga, que el propio pueblo lo diga. Bueno, este tema ha sido discutido en la Junta de Coordinación Política y todos los Grupos Parlamentarios, aquí se aprobó en el Pleno formar un grupo para la discusión de esto, del Ingreso Mínimo Vital, aquí tenemos un Grupo de Trabajo conformado, ¿cuál es el problema de hacer la consulta?, ¿por qué no se va a implementar esta política pública?, ¿por qué no se lo vamos a preguntar a la gente?, ¿cuál es el impedimento?, no nos pueden decir que porque estamos refiriéndonos al gasto, no está tocándose en ningún momento ninguno de los temas que aquí se acaban de exponer como objeción a este planteamiento de consulta pública; esta consulta pública está perfectamente legitimada, legitimada además, por todos los planteamientos que aquí mismo se han expuesto y por la propia firma de los compañeros del grupo mayoritario. Es cuanto presidenta. Muchas gracias.
