Con el propósito de alcanzar una adecuada operación y evaluación de las acciones que promueve la Cruzada Nacional contra el Hambre, la senadora Alejandra Roldán Benítez urgió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a que en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) unifique los criterios en torno al concepto de “pobreza alimentaria extrema”.
La legisladora por el estado de Tlaxcala, señaló que la propuesta se hace ante la ausencia de un concepto único que permita concretar entre el gobierno Federal y otras instituciones el término de pobreza alimentaria extrema y, en consecuencia, acordar las acciones encaminadas a revertir condiciones a la que se enfrentan siete millones de mexicanos.
Con la armonización en dicho término, expresó la presidenta de la Comisión Especial de Zonas Marginadas, se podrá definir el problema y la población objetivo por atender. También se podrán homologar los apoyos y coordinar de la mejor forma las actividades entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los gobiernos locales y federales.
La legisladora indicó que a raíz del análisis que hiciera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se reportó que la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene deficiencias en la implementación, focalización y coordinación de acciones por lo que fue imposible verificar en que proporción se garantizó el acceso a la alimentación y demás derechos sociales de los siete millones de personas que viven en pobreza extrema alimentaria.
En su estudio, la ASP identificó que el Coneval y la Sedesol mantienen criterios diferentes al conceptualizar la pobreza alimentaria extrema. Este órgano señala que el problema con la conceptualización que maneja el Gobierno Federal es el que dificulta la evaluación y seguimiento de la focalización, implementación y coordinación de acciones, en el marco del combate a la pobreza extrema alimentaria.
En 2014, la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre señaló que operarían 90 programas federales en el marco de la Estrategia, pero en la revisión de la ASF se determinó que solo entraron en marcha 61.
Además, el diseño presupuestal de los 61 programas no permite identificar la gestión financiera, los indicadores y metas definidos para contribuir en la solución del problema público de pobreza extrema alimentaria en que pretende incidir la estrategia. Es decir, ninguna dependencia ni entidad
de gobierno, que se supone están coordinadas en torno a la Cruzada, reportó los recursos asignados y ejercidos a estos programas presupuestarios que se incluyen en la estrategia, subrayó la secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Es preciso que los programas cuenten con los indicadores para evaluar de qué forma contribuyen a combatir la pobreza alimentaria e identificar cómo se utilizan los recursos en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, concluyó la senadora Roldán Benítez.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Social para su análisis correspondiente.
