A fin de establecer los mecanismos jurisdiccionales que garanticen la autonomía fiscal de los municipios, el senador Benjamín Robles Montoya propuso que éstos puedan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando por actos administrativos o legislativos a nivel federal o estatal se afecten sus ingresos.
Al presentar una iniciativa, el legislador por el PRD, señaló que “existen diversas situaciones, actos o disposiciones, federales o estatales, legislativas o ejecutivas, que vulneran el ámbito económico de los municipios, al afectar de manera directa el flujo de los ingresos indispensables para el ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos”.
Benjamín Robles advirtió que el marco legal ciñe las facultades del municipio en materia hacendaria o financiera a los alcances de la actividad de la Federación y de las entidades.
En ese sentido, mencionó algunos aspectos que vulneran la autonomía fiscal de los municipios al “patentizar constitucionalmente la intromisión de órdenes de supramunicipales que acotan la libertad de los gobiernos municipales para administrar eficazmente su hacienda”.
Entre esos aspectos legales, el senador destacó la atracción de los órganos legislativos federales y estatales de las contribuciones en materia inmobiliaria, así como cualquier restricción o intervención en el ejercicio del gasto público municipal.
Por otro lado, Robles Montoya explicó que de acuerdo con el artículo 105 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de resolver las controversias entre los municipios y los demás órdenes de gobierno mediante la controversia constitucional.
Dichas controversias, añadió, se pueden formular por la Federación, un estado o un municipio ante la Suprema Corte para reclamar la reparación de un daño producido por una norma general que, en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales, “conculque el federalismo, quebrante el reparto de competencias y menoscabe la soberanía popular”.
“Es necesario que la Federación, las entidades federativas y sus municipios tengan perfectamente delimitadas sus competencias, de tal forma que ingresen en la jurisdicción que les corresponda para que cada orden de gobierno se constriña a sus ámbitos de actuación” argumentó el senador.
Benjamín Robles reiteró que el objetivo de su propuesta para reformar el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal es la oportunidad constitucional y legal de los municipios para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la regularidad jurídica y la garantía de su autonomía fiscal en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
“Si logramos dotar al municipio de dichos medios jurisdiccionales no sólo abonaremos en la tutela efectiva de sus atributos, facultades y derechos en materia de coordinación fiscal; también estaremos dando un paso firme en aras del fortalecimiento al federalismo en nuestro país”, agregó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República para su análisis y dictaminación.
