Desde hace décadas está presente en el país la exigencia social de establecer sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción de los servidores públicos y, a la fecha, aún con los recientes avances alcanzados en el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado hace unos días en el Congreso de la Unión, en México seguirá pendiente un esquema de penas ejemplares que castigue el cáncer de los sobornos y la malversación de los recursos públicos.
Hoy se habla de leyes que permitan obligar a los servidores públicos a transparentar su patrimonio, sin duda esto es importante para que la sociedad conozca la realidad financiera de las personas en las que ha depositado su confianza para manejar los recursos públicos, sin embargo hay que ir más allá para sancionar y recuperar el dinero de la nación con el que podemos atender las necesidades más urgentes de la sociedad, así lo he dicho insistentemente en el Senado de la República.
Incrementar penas de cárcel aplicables a los delitos cometidos por funcionarios públicos, imponer la inhabilitación por más tiempo, además de establecer formas para rescatar lo sustraído incrementando los montos de las multas, entre otras cosas, es parte de los pendientes para castigar a quienes cometan delitos en el ejercicio del servicio público y contra la administración de justicia.
Para lograr un desarrollo real del país y el bienestar del pueblo, ya no cabe la indiferencia al clamor social que exige detener el cáncer de la corrupción porque está dañando a las millones de familias mexicanas que hoy viven con enormes carencias económicas mientras algunos se enriquecen ilegalmente con dinero de la nación. Combatir sin tregua a la corrupción debe ser un compromiso de todos, sigamos poniendo de nuestra parte para erradicar este mal.
