Señala Dolores Padierna probable conflicto de interés con la ratificación de Guillermo Valls


VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA REFERIRSE A LA RATIFICACIÓN DE GUILLERMO VALLS, ASPIRANTE A MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Sen. Dolores Padierna Luna: El Ejecutivo envió a este Senado de la República la propuesta de nombramiento del ciudadano Guillermo Valls Esponda como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La propuesta tiene como objetivo suplir el sitio que dejó vacante el exmagistrado Javier Laynez Potisek, quien el pasado 10 de diciembre fue ratificado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como sabemos, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción elevó a rango constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativo, como un órgano con plena autonomía encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales

 

Según el diseño institucional, la Sala Superior de este Tribunal será integrada por  16 magistrados y podrá actuar en Pleno o en Secciones. Una de estas secciones ha de encargarse de lo relativo a responsabilidades administrativas. La Constitución no precisa si quienes actualmente forman parte del Tribunal podrán formar parte de esta Tercera Sección y hay un candado que ha sido propuesto por el PAN y el PRD para que esto no ocurra así.

 

El ciudadano Guillermo Valls Esponda, propuesto por el Ejecutivo, cumple, en efecto, con los requisitos formales para ocupar el cargo, así como con la formación y la experiencia requeridas, como constatamos en su hoja de vida, donde consta que de enero de 2013 a la fecha  se desempeña como Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria y antes fuera coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la Procuraduría General de la República, así como Agregado Legal en Europa, con sede en Madrid.

 

Aunque no están contenidos en su hoja de vida oficial, algunos datos de la trayectoria y relaciones del señor Valls Esponda merecen nuestra atención y nos llevan a preguntarnos si no estamos frente a la posibilidad de que se configure un conflicto de intereses.

 

En México el Estado de derecho es débil. Resulta ampliamente aceptado que el respeto a la ley brilla muchas veces por su ausencia y que el acceso a la justicia es desigual.

Debe reconocerse que el principio de división de poderes ha tenido algunos avances, como el hecho mismo de que la designación de ministros de la SCJN y de otros órganos se dé a propuesta de una terna enviada por el Presidente de la República o bien deba ser ratificado por este Senado.

 

Sin embargo, los análisis de los expertos y un buen número de trabajos académicos nos dan cuenta de las dificultades que aún entrañan formas de nombramiento y promoción que tienden a coartar la autonomía de los jueces,  debido a que acceder y ascender depende de la buena voluntad del Presidente, los legisladores y, en su ámbito de acción, de los gobernadores, lo cual acarrea que intervengan criterios e intereses políticos y que incluso se llegue a la designación por la vía de cuotas partidistas.

 

 

Como agregado de la PGR en Europa, el ciudadano propuesto tuvo a su cargo indagar las propiedades del exgobernador del estado de México, Arturo Montiel, en Francia, tema que como todos sabemos quedo en total impunidad.

 

Maricarmen Valls, otra de las hermanas del propuesto, aparece como suplente, en 2009, del entonces diputado del PAN Roberto Gil Zuarth.

 

La señora Valls, hermana del propuesto, está casada, a su vez, con el secretario técnico de la Mesa Directiva de este Senado de la República, Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, cuyo nombre aparece también en los activos de FGZ Estrategias, una consultoría que compartió o comparte domicilio con otra empresa de la que fuera socio el hoy presidente del Senado.

 

Sabemos que además del parentesco político, el ciudadano propuesto guarda una relación de compadrazgo con el secretario técnico de esta Mesa Directiva del Senado,  Lezama Fernández del Campo.

 

En las decisiones de los órganos legislativos no debe imperar el cálculo político ni éste sobreponerse al interés de la nación.

 

Tener jueces o magistrados cuyas expectativas sean verse favorecidos por otros poderes del Estado en el desarrollo de sus carreras propicia comportamientos que vulneran la integridad e independencia que la Constitución demanda de órganos como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

En un Estado de derecho sólido, el Poder Judicial es la última garantía de resolución de conflictos convertidos en contiendas jurídicas, en decisiones sobre la aplicación de normas.

 

No es mediante la negociación, el compadrazgo, el amiguismo, ni alentando o cerrando los ojos frente a los evidentes conflictos de interés como lograremos que México consolide un sistema de justicia realmente independiente, eficaz, confiable, ágil y accesible.

 

Por estas razones y otras es que el PRD votará en su conjunto en contra de este nombramiento.

 

Es cuanto.

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