Senadores del PRD coinciden en que se está avanzando en la creación de un sistema judicial que garantice los derechos humanos otorgados en la Constitución a los adolescentes.
En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera y Segunda, Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez afirmaron que se están llenando vacíos en la legislación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, sostuvo que con las reformas a los artículos 18 y 73 constitucionales se da cumplimiento a la Convención sobre Derechos de la Niñez y además se llena un vacío sobre las sanciones que recibirían los menores de entre 12 y 18 años.
“Cuando se ven involucrados en casos de violación a los ordenamientos de tipo penal, no van a su casa, sino tienen que someterse a un tratamiento que les permita garantizar que haya una responsabilidad de sus actos”, dijo.
Angélica de la Peña afirmó que con estas adecuaciones se armonizarán las legislaciones federal y locales para la sanción privativa de libertad, pues se define con puntualidad cuál es la prescripción de la acción penal por el mismo tipo de delito.
También señaló que falta trabajar en la legislación secundaria para definir el catálogo de medidas y sanciones que deberán ponerse.
“Las mediadas alternativas a la privación de libertad que mandata la Constitución también deben ser tomadas en consideración para siempre buscar que los adolescentes que infringen las leyes penales puedan tener une reinserción social y por supuesto garantizar el ejercicio irrestricto de sus derechos, que no sigan cometiendo delitos y puedan tener un camino distinto”, añadió.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas sostuvo que las reformas a los artículos 18 y 73 constitucionales retoman los cambios hechos por la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para transitar de un régimen proteccionista a uno garantista que reconoce a los adolescentes como titulares plenos de derechos.
“Este sistema garantizará los derechos fundamentales que reconoce la Constitución a los adolescentes a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señala como delito y solo podrían ser sujetos de asistencia social”, apuntó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda aseveró que estas modificaciones cierran un círculo virtuoso en torno a la discusión que tuvieron en cuanto a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en particular al tratamiento de adolescentes que cometan algún tipo de delito.
“Esta propuesta busca salir al paso a la tentación de disminuir la edad penal para los adolescentes y crear un sistema garantista que proteja sus derechos de los y que sean sujetos a un sistema de justicia que vigile en torno a sus derechos”, concluyó. Sonsacar.
