Intervención del senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del Sistema Nacional Anticorrupción.
Fernando Mayans Canabal (FMC): Compañeras y compañeros Senadores.
Pueblo de México, buenas noches.
Llegamos a este período extraordinario para dar cumplimiento a nuestra obligación de legislar e instrumentar legalmente el cambio constitucional más trascendente para la vida nacional, como lo es la reforma que dio vida al sistema nacional anticorrupción.
Se dice en el dictamen a nuestra consideración: “la corrupción es un fenómeno complejo cuyo origen tiene distintas causas y provoca diversos efectos; que va desde el pago ilícito a un policía hasta el deficiente funcionamiento de un sistema político; por lo que la problemática de la corrupción no sólo es considerada como un problema estructural, sino también como una cuestión moral y cultural de un país.”
El dicho popular: El que no transa no avanza.
Si esto es así, surge la pregunta: ¿Por qué no se toma la decisión política fundamental para acompañar estos cambios, con una reforma constitucional que sujete de una vez por todas al Presidente de la República, a este nuevo marco jurídico?
Y no por ser quien está ahora en la presidencia, quien fuese.
¿Acaso el titular del Poder Ejecutivo Federal no forma parte de nuestro sistema político?, repito, ¿Acaso el titular del Poder Ejecutivo Federal no forma parte de nuestro sistema político?, porque eso es lo que ustedes están considerando.
Retomando las consideraciones del dictamen, en el sentido de que la corrupción es un fenómeno que ha existido desde siempre, ya que se encuentra presente de forma ininterrumpida en cualquier sistema político y cualquier intervalo del tiempo en el que nos encontremos.
Hay que recordar algunos de los escándalos de corrupción que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal han surgido y que han sido del conocimiento de la opinión pública, los cuales no se han esclarecido en agravio a la sociedad y pueblo de México.
En el presente sexenio, el caso de la Casa Blanca propiedad, supuesta, de la esposa del Presidente valuada en 7 millones de dólares, de la cual se señaló es de dudosa procedencia; además de que era propiedad de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, que a su vez forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal de la Presidencia de la República
El caso de la Estela de Luz en la administración del expresidente Felipe Calderón, en el que una edificación luminosa del Gobierno Federal dejó un rastro de presuntos actos ilícitos.
Las sospechas de un fraude millonario llegaron hasta la PGR, que hasta el momento no ha fincado responsabilidades a ningún servidor público por la obra que fue presupuestada en 400 millones de pesos y terminó en mil 35 millones.
No se nos olvida a los mexicanos que también en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, se cometieron gastos irregulares, al comprar con los recursos públicos toallas de baño de aproximadamente $402 dólares la pieza, trinchadores de $3,800 dólares cada uno, percheros de $1,200 dólares cada uno, cortinas a control remoto de $17,383 dólares. Y por si fuera poco, la remodelación de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato, de ese tamaño.
Y ya no hablemos de la época del Negro Durazo o de Echeverría, cuando decía el dicho popular: Todos sube y nada baja y el pelón viaja que viaja. Acuérdense de estas etapas de nuestro querido México.
Lamentables, por supuesto, de la historia gris de nuestro país y la colina del perro de José López Portillo y en fin, etcétera, y etcétera y no terminaría yo hoy.
Reparando en estos hechos, es claro que esta nueva legislación contenida en este primer dictamen, junto con los demás que se pondrán a nuestra consideración, presenta lamentablemente para los mexicanos, un enorme vacío al no haber voluntad política de la mayoría de las senadoras y de los senadores para que el primer mandatario de la Nación, deje de ser intocable.
Aquí en este salón están los responsables, somos responsables de esa actitud, porque hay que ser parejo, de arriba abajo.
A esa mayoría bien vale advertirles que un sistema como el que hoy se pretende establecer, debe poner en el centro como sujeto al titular del Poder Ejecutivo, ya que la corrupción se previene, combate y sanciona de arriba hacia abajo.
El dictamen que hoy ponen a consideración las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, llega en momentos en los que la República sigue viviendo lamentables hechos que perturban y obstaculizan la convivencia armónica y pacífica entre los mexicanos.
Ejemplos sobran: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones por doquier, principalmente en estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, que entre muchos otros, son en parte producto de corruptelas y comportamientos perversos de servidores públicos.
Los desvíos y manejos indebidos de los recursos públicos por parte de servidores públicos, que año con año son identificados por la Auditoría Superior de la Federación.
La compra y manipulación del sufragio de la ciudadanía, todos somos testigos aquí de ese tema, del sufragio de la ciudadanía, aprovechándose de los estómagos vacios y de la ignorancia que le dan para pan un día y tendrán hambre para el resto de su vida. Y que los procesos y jornadas electorales se siguen presentando, constituyen otro tipo de corrupción.
Ni que decir del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia de los ciudadanos, que se hace nugatorio en los hechos y la práctica por las fallas y la corrupción que se vive en las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.
En todos y cada uno de estos ámbitos, hay un cierto grado de corrupción política y administrativa, que debe ser severamente sancionada.
Por ello, estamos firmemente convencidos que no sólo basta prever un catálogo de faltas administrativas en el que sólo se definan y sancionen como tales, las conductas que actualizan y configuran delitos cometidos por los servidores públicos tipificados en la legislación penal, sino también ampliar o tipificar conductas que también constituyen actos de corrupción, como lo es el tráfico de influencias; además de suprimir beneficios para quienes tienen conferida la confianza del servicio público e incurren en alguno o algunos de ellos.
Pero ese será el tema que ya nos ocupará el dictamen correspondiente que se pondrá también en este período extraordinario a nuestra consideración.
Compañeras y compañeros Senadores:
Seguiremos en lo que resta de esta legislatura insistiendo en impulsar los cambios constitucionales y legales que complementen y permitan alcanzar sin resistencias el objetivo principal: prevenir, combatir y sancionar la corrupción.
Hasta no ver que los niveles de este cáncer disminuyan y se inhiban, la deuda con la República en esta materia seguirá vigente.
Por su desatención, muchas gracias.
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