Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso c, fracción I del artículo 5; la fracción III del artículo 9; y la fracción VII del artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
Nuestra sociedad está viviendo un importante cambio demográfico en su estructura poblacional, factores como los avances en la medicina han reducido los niveles de mortalidad y aumentado la esperanza de vida, lo que ha traído un decremento en la tasa de natalidad y contribuido al engrosamiento del número de personas que alcanzan una edad avanzada y en consecuencia una sociedad de mayor edad.
En nuestro país, estos cambios evidentemente necesitan de adecuaciones y tratamientos especiales por parte de las leyes, instituciones, programas y actores políticos involucrados que permitan enfrentar adecuadamente los retos venideros, y la improrrogable transformación que se avecina en materia demográfica.
Con un número más alto de adultos mayores el Estado tendrá que solventar necesidades especiales, por lo que será necesario contar con el marco jurídico que garantice el goce de una vejez plena, digna e integral.
Para muchas familias de nuestro país, los adultos mayores son parte de su formación e identidad, pues su conocimiento perpetúa nuestras tradiciones y elementos básicos de la cultura a través del tiempo.
Es innegable que, al ser la vejez un proceso natural propio del desarrollo humano, todos, sin excepción, llegaremos a ese punto en nuestras vidas, por lo que gran parte de los avances que se consigan ahora son en beneficio directo de todos.
De acuerdo con el INEGI, en nuestro país, en 2014, el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa casi el 10 por ciento de la población total.
De 1990 a la fecha, el proceso de envejecimiento se ha visto acelerado a partir de la última década del siglo pasado, haciendo que la pirámide poblacional se haya ido invirtiendo, pasando de ser más ancha en el número de adultos mayores y más angosta en cuanto a niñas y niños.
La participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7 por ciento y se espera que en 2050 se incremente a 21.5 por ciento.
Nuestros adultos mayores han sido víctima de múltiples abusos y violaciones hacia sus derechos humanos desde hace ya muchas décadas. Si bien nuestro país ha trabajado en la materia, aún se encuentran en riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyos efectos van del desempleo, al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el 16 por ciento de los adultos mayores en el país sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes.
Este tipo de situaciones no solo son realizadas por terceros, sino que en repetidas ocasiones son sus propios familiares o gente allegada quien comete las acciones en contra de todos los adultos mayores, siendo los primeros que deberían velar por su bienestar.
La Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010, señala que 3 de cada 10 adultos mayores ha sentido alguna vez que su edad ha sido factor para que sus derechos, incluso los laborales, no sean respetados; y 4 de cada 10 describe como sus problemas principales los económicos, y de acceso a la salud.
La presente iniciativa nace del supuesto de que, además del maltrato social e institucional que, a pesar de los avances en nuestra legislación, todavía reciben nuestros adultos mayores, se da el caso en que muchos de ellos terminan en situación calle, al ser abandonados por sus familiares, o bien como resultado de salir de su hogar por ser violentados por las personas que son sus cuidadores o tutores tanto en su casa como en los asilos.
Esto los hace quedar en vulnerabilidad económica y de medios de supervivencia, sumando que por presentar alguna enfermedad o bien, por el simple hecho de su edad ya no son capaces de encontrar un trabajo o de valerse por sus propios medios.
Hay casos en los que los familiares más cercanos los afectan diariamente, como en los que a cambio de proporcionar alimento y un espacio donde vivir abusan de ellos, les quitan sus bienes o los torturan de manera física o psicológica, demostrando un desprecio continuo hacia su persona.
Con la propuesta, pongo a su consideración, se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Penal Federal, para incidir sobre la figura del supuesto abandono.
Hoy se considera delito el abandonar a un menor de edad o a una persona enferma, mas no a una persona de la tercera edad, esto sin duda hace que la conducta del abandono quede impune cuando llega a presentarse contra alguien de este sector de edad; al igual que un menor, o una persona enferma, las personas adultas mayores requieren de cuidados especiales, atención personal, o bien, ya no es capaz de valerse por sí mismo, y evidentemente, el abandono constituiría un agravante para su estado de salud y reduciría notablemente las oportunidades de disfrutar de una vejez en condiciones favorables.
En el contexto de una política democrática e incluyente del Estado mexicano, la igualdad debe ocupar un lugar central, y a pesar de su edad, las personas que se encuentran en su vejez, deben tener acceso a la justicia y el Estado debe velar por conservar su integridad.
El llamado bono demográfico marca un conjunto de retos a nivel institucional, comunitario, familiar e individual, mismos que son claramente identificables, y que deben y pueden tener soluciones, como el enriquecer la descripción de una conducta penal que atenta contra este sector de la población.
Como ustedes saben, cuando un niño es abandonado tiene muchas posibilidades de ser asistido por el Estado. En cambio para un adulto mayor, estas posibilidades disminuyen notablemente.
Es triste la realidad, pero un adulto mayor abandonado poco le importa a nuestra sociedad y el Estado no hace el esfuerzo suficiente para buscarlos, atenderlos y proveer algún tipo de bienestar.
Es cuanto señor presidente.
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