Intervención del Senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, en la reunión de Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para presentar reservas al proyecto de Dictamen de la «Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Adán Augusto López Hernández (AALH). Con permiso de la Presidencia.
Ahora resulta que nuestros compañeros senadores del PRI y del PAN ya están como la Puerta de Alcalá, nada más viendo pasar el tiempo en esto que es como se ha dicho en reiteradas ocasiones, un debate sin debate.
El común de los dos dictámenes que se están revisando sigue siendo el prolijear la corrupción existente en PEMEX y en la Comisión Federal de Electricidad; y pensar ya desde ahora en los negocios que se van a hacer al amparo de la nueva legislación en la materia.
En términos esenciales, las modificaciones que se hacen al marco jurídico de Petróleos Mexicanos y de la CFE, consisten en convertir estas empresas paraestatales en empresas con una ambigua naturaleza jurídica. Se supone que continuarán perteneciendo a la esfera pública, pero se regirán por el derecho privado.
Cabe advertir que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
Por su parte, Petróleos Mexicanos tiene como finalidad procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. Lo cual claramente no es atribución de PEMEX, toda vez que el mejoramiento de la producción para maximizar la renta petrolera es obligación del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Lo mismo ocurre en el caso de la Comisión Federal de Electricidad en donde se le asigna como fin minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello del desarrollo nacional, así como garantizar el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia, lo que corresponde tanto al CENACE como a la Comisión Reguladora de Energía.
Podríamos estar de acuerdo con el que el objeto de CFE y PEMEX si se les dotara de las condiciones necesarias para que operaran en condiciones óptimas, que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad generara la energía eléctrica a bajo costo y ofrecer bajas tarifas, pero todos sabemos que no será así. Basta observar el ejemplo de California donde se dijo que se suponía que con la desregulación del mercado habría una electricidad más barata por el incremento de la competencia, permitiendo al mercado fijar los precios. En vez de eso, el costo de la electricidad para los residentes y para los negocios en California se incrementó en 11 billones de dólares en un año; billones de dólares que se trasladaron del bolsillo de contribuyentes y negocios a las compañías e intermediarios de la energía eléctrica.
¿O qué acaso no están enterados de que ahora en España se descubrió –también con su dosis de corrupción– que les habían cobrado de más a los consumidores españoles y están ahora en el debate si el Estado tendrá la obligación de reponerles en los recibos al usuario lo que los privados ganaron arbitrariamente?
Y son las empresas a las que les han abierto las puertas en los últimos años: Es IBERTROLA, es Fenosa, es Energía Eólica de Galicia; son esas empresas las que cobraron a sobrecosto la electricidad en España.
En este sentido, claramente se debiera eliminar de la naturaleza jurídica y organizacional las referencias y atribuciones propias de los órganos reguladores coordinados en materia de energía y concederles una visión más social. Pero, claro, no les interesa revisar ni la corrupción existente en Petróleos Mexicanos ni la corrupción existente en la Comisión Federal de Electricidad.
Ya están a punto de levantarle hasta un monumento al señor que descubrieron con el caso de los Ferraris y de las colegiaturas en Estados Unidos de sus hijos, que ya fue exonerado por la actual Procuraduría General de la República.
Ni hablemos ya del caso Oceanografía que ya ahora quieren que quede sepultado ahí para que los mexicanos no sepamos en esta época de debate energético cómo se hacen los negocios ahí en Petróleos Mexicanos.
Yo les volvería a preguntar, ¿y para qué quiere Petróleos Mexicanos y la CFE, porque en la Ley del CFE en el artículo 80 claramente lo señala y en la Ley de Petróleos Mexicanos creo que es en el 78, tienen facultades de comprar de manera directa obras de arte?
Ahora resulta que ya Petróleos Mexicanos le va a ir a hacer la competencia en esta privatización que ustedes están a punto de aprobar, ya ahora Petróleos Mexicanos va a tener una filial que le va a competir a Sotheby’s o a las casas de subasta internacional.
Hay una serie de vicios en estos dictámenes, como es el caso del nombramiento de los consejeros. Se vienen a lavar la cara diciendo que ahora sí se van a nombrar a los consejeros y que van a pasar por el Senado; bueno, “pasarán por el Senado” es un decir, porque a lo mejor y les mandan la fotografía, pero además el titular del Ejecutivo al día siguiente puede remover a ese consejero y le ponen unos requisitos que ya sabemos que no están acostumbrados a cumplir.
Aquí, esta Comisión y el Senado aprobaron el nombramiento o la ratificación de un señor que creo que se llama Juan Carlos Zepeda, que es el que nombraron de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando esta misma cámara, este mismo Congreso de la Unión había demostrado dos años antes que no reunía los requisitos de ley para ser designado consejero.
Bueno, pues aquí lo nombró la mayoría del PRI y del PAN, lo ratificó por cinco años más, violando todo sin ningún rubor jurídico. Y ya ni hablemos del caso grave que va a ser el despido de los trabajadores, la liquidación o la terminación de la planta laboral mexicana que tanto orgullo ha dado a la industria petrolera.
Le pondría un ejemplo de lo que va a terminar sucediendo: Pajaritos, que llegó a ser un ejemplo de refinería a nivel mundial, acabaron vendiéndosela a una empresa que se llama Mexichem, que es ahora propiedad de una familia que son de los más ricos de México, de los más ricos del mundo, pero es una empresa que compraron a precio de barata.
Ahora ya establecieron una alianza estratégica, dos años después, entre Petróleos Mexicanos y Mexichem. Petróleos Mexicanos tiene el 44 por ciento y Mexichem tiene el 56 por ciento.
Pero no conformes con eso, crearon otra empresa que se llama Petroquímica Mexicana y Vinilo. ¿Saben con qué fin? Con el fin de liquidar y dejar sin empleo a los 2 mil 300 trabajadores mexicanos que ahí están.
De esos, acaban de hacer una cuerdo de que mil 400 trabajadores PEMEX los va a reubicar en otros estados y 700 trabajadores van a ser liquidados.
Firman un nuevo contrato estos 700 trabajadores, pero pierden su antigüedad con Petróleos Mexicanos, porque los hacen firmar un contrato con Petroquímica Mexicana de Vinilo y a estos que están firmándolo se les termina ya la prestación del servicio médico que proporciona Petróleos Mexicanos y los están yendo a inscribir al Seguro Social o al ISSSTE.
¿Qué es lo que quiero decir con esto?
Que hay evidentemente incluso delitos que están cometiendo con la documentación y con el manejo de toda la identidad de los trabajadores mexicanos y no hay, hasta ahorita, a defender a la planta laboral, pero esto es solamente el laboratorio de lo que seguramente se va a hacer en esta privatización.
Entonces dejo esta primera intervención, a reserva de más adelante detallar en el Pleno el contenido total de la reserva y quisiera terminar llamando la atención sobre un punto en específico.
Ha sido queja recurrente y ha sido gestión recurrente en los estados petroleros, en que si ahí se establecieron ya las oficinas principales de las subsidiarias y cito el caso de Villahermosa o el caso de Ciudad del Carmen, allí tienen las oficinas principales.
Allí se contrata al personal, allí se realiza la contratación de los bienes de servicios que esas subsidiarias que Petróleos Mexicanos tienen, por qué no, si ya están hablando de que quieren beneficiar a los mexicanos, bueno, pues por qué no se obliga a que estas subsidiarias establezcan su domicilio fiscal en los estados donde tienen asentadas sus oficinas principales.
Se da el caso de que PEMEX Exploración y Producción, aquí solamente tiene un piso de oficinas en la Torre de PEMEX, y todos los concursos, todas las adjudicaciones, todo lo que se consume, todo lo que se produce, lo tienen domiciliado en Tabasco o en parte de Campeche y ni siquiera son capaces de que se cause el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto al Valor Agregado por todos estos bienes y servicios.
Eso evidentemente beneficiaría a los estados productores petroleros, pero seguramente no van a querer hacerlo, porque van a hacer lo mismo que hace cuatro años que cambiaron la forma de asignación de la renta petrolera y los estados petroleros ahora resultan ser los perjudicados, perdiendo un promedio de dos mil millones de pesos al año.
Adivinen ¿cuál estado fue el beneficiario de esto? Pues el Estado de México.
Entonces ahí se los dejo y reservo para posteriores intervenciones.
