Intervención en tribuna del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para posicionar acerca del proyecto de dictamen por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada y tortura.
Benjamín Robles Montoya, (BRM): Muchísimas gracias, Senador Presidente.
Señor Presidente de la Junta de Coordinación Política, es un honor tenerlo aquí tan cerca, más cerca que otros de sus propios compañeros de bancada.
Muchísimas gracias.
Compañeras y compañeros Senadores:
Como ustedes recordarán, en el pasado mes de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, dio a conocer sus observaciones finales sobre el informe presentado por el Estado mexicano, relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Sus conclusiones fueron contundentes. El comité consideró que la información aportada por México, y lo pongo entre comillas: “Ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del estado, muchas de las cuales podrían calificarse, así se definió, como desapariciones forzadas”.
Y esto me parece a mí, compañeras y compañeros, que no debiese sorprendernos, pues según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen 23 mil 689 personas no localizadas desde el año 2007; de las cuales, 9 mil 672 casos han tenido lugar durante el actual sexenio.
Sin embargo, no existe en la actualidad un registro que indique de manera fidedigna, cuántos de esos casos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización.
Apenas unas pocas semanas después, en marzo, el Relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, también presentó un informe sobre su visita a nuestro país el año pasado, en la que señaló en México, así lo puntualizó: “La tortura es generalizada”; señaló que ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, y que es utilizada para fines de investigación.
Y debo decir, con mucho respeto, pero debo decirlo, que me preocupó mucho la reacción del gobierno mexicano ante los señalamientos de ambas instancias, porque pareciese que las asumió como golpeteo, como un golpeteo político en su contra.
Y en el caso de las observaciones sobre la implementación de la Convención contra Personas Desaparecidas, el gobierno trató inmediatamente de desvirtuarlas.
En el caso, y lo quiero citar también, en el caso del informe sobre la tortura, la respuesta fue a través de la cancillería, y derivó, desde mi punto de vista, en un innecesario conflicto con el Relator.
Pero las recomendaciones del comité, compañeras y compañeros, contra la desaparición forzada y del Relator sobre la tortura, no debiesen ser percibidas, lo digo con mucho respeto, no debiesen ser percibidas como una acusación de inacción del Estado mexicano, sino más bien como una llamada de atención sobre la necesidad de hacer mejor las cosas, porque de no entenderlo así, estaríamos condenados, compañeras y compañeros, a seguir contabilizando casos de desapariciones y de tortura, por miles y miles, durante muchos años más, y es que 23 mil 689 personas no localizadas, pues no es un cifra menor, y son un argumento sólido, por el contrario, de lo que hasta ahora se ha hecho para combatir el problema, y es evidente, el planteamiento que debemos entender es que ha sido insuficiente y que se requiere redoblar esfuerzos, es decir, cambiar estrategias.
Por eso celebro, y lo hago en nombre de mi grupo parlamentario, la reforma que estamos por aprobar, no sólo porque abre la puerta, compañeras y compañeros, para la expedición de leyes generales en las materias, sino también porque nos obliga a la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que permita homologar procedimientos y acciones, como se dijo en comisiones y en este mismo Pleno, para la búsqueda y para la localización de las personas desaparecidas.
Y como coautor, junto con el Senador Zoé Robledo, de una de las iniciativas que se han dictaminado, me preocupa, sí, también lo digo, que con esta reforma se acote el tema de las desapariciones constriñéndolas únicamente a las forzadas, es decir, aquellas que son cometidas por el Estado, y dejemos fuera a todas las demás.
Sin embargo, y en abono al voto a favor que habremos de darle a esta proyecto, la redacción del dictamen me lleva en lo personal a interpretar que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas abarcará todas las desapariciones, sean o no forzadas.
Y aun así, me atrevo a hacer un llamado respetuoso para que en la legislación secundaria, compañeras y compañeros, garanticemos que ningún caso de desaparición involuntaria se quede sin ser investigado.
Y también conmino, respetuosamente, a mis compañeras y compañeros Senadores, a que impulsemos la armonización de la legislación en las entidades de nuestro país para garantizar un eficaz combate a la tortura y a las desapariciones, a fin de lo que hoy emprendemos con esta reforma no se quede, Senador Presidente, como una mera aspiración, sino que se convierta en una realidad.
Enhorabuena, pues, por esta reforma, y retiro el voto a favor de quienes formamos parte del grupo parlamentario del PRD.
Es cuanto.
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