En el Senado estamos trabajando en la construcción de consensos que den paso a un instrumento jurídico, a una ley federal, que responda de manera puntual a las demandas que durante muchísimos años han expresado las familias de personas desaparecidas en nuestro país, pero también atendemos el planteamiento de organizaciones de la sociedad civil para que sea un ordenamiento único aplicado en los ámbitos local y federal, señaló la senadora Angélica de la Peña.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió un pliego petitorio firmado por: Javier Sicilia (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad); Alejandro Solalinde ( Hermanos en el Camino); Sergio Aguayo; Lorenzo Meyer; Alberto Athié Gallo ( Fundación For y Canto A.C.); Mario Santiago Juárez (IDHEAS Litigio Estratégico); Juan Carlos Gutiérrez (Académico); Héctor Antonio Becerra (Abogados Solidarios); Claudia Cruz (Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.)
Entre las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y personas que se adhieren a las mismas, están: la creación en el Senado de una Comisión Especial para Desaparecidos; la construcción de una Fiscalía Especial; la implementación de un Mecanismo de Búsqueda Trasnacional de Personas Desaparecidas; la aprobación y publicación urgentes de una Ley General e Integral de Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
La legisladora del PRD apuntó que la discusión de una ley en materia de desaparición forzada abarca diversos aspectos, uno de ellos es que el Estado mexicano -como parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas- reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, para lo cual presentará este día un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a concretar este reconocimiento.
«Hoy abrimos las puertas del Senado para recibir a los representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas con muchos años de trabajo, otras formadas después de sufrir en carne propia desapariciones de sus seres queridos, y que se han convertido en ministerios públicos, en policías investigadoras, en todo lo que el Estado les ha negado para, incluso, integrar sendos expedientes de lo pudo haber ocurrido con sus familiares desaparecidos.»
De la Peña Gómez resaltó que en el Senado de la República se trabajará de manera acelerada para que en el periodo de sesiones se defina una legislación que prevenga, sancione y erradique la desaparición forzada o involuntaria de personas, «pero debe ser un precepto legal que ampare la lucha y establezca los caminos jurídicos para materializar la justicia que tanto reclaman miles de familias».
