La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Iris Vianey Mendoza Mendoza; presentó un Punto de Acuerdo en el Senado de la República en el que «solicita a la SEGOB el estatus del proceso de elección de los comisionados/as a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, derivado de la convocatoria publicada por dicha secretaría el 28 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y se dé seguimiento a los trámites y el proceso legal establecido por la Ley General de Víctimas para integrar conforme lo establece la Ley General de Víctimas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.»
«La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y vigente desde el 8 de febrero del mismo año, significó el esfuerzo legislativo hasta ahora más importante en el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de delitos», expuso IVMM.
Asimismo, destacó a la Ley General de Víctimas por su sentido garantista sustentado en los más altos estándares internacionales de recomendaciones, sentencias y jurisprudencia de atención y reparación integral a víctimas, así como su fundamento constitucional.
Al momento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cumple con el mandato establecido en el artículo antes citado porque no se han electo dos de las comisionadas y un comisionado que completan el pleno de dicha comisión.
Desde el 10 de octubre de 2014, por así estar definido como temporalidad en los transitorios de la propia ley y por haber sido así aprobado por el Pleno del Senado, las comisionadas Olga Noriega Sáenz y Ma. Del Rosario Torres Mata, cumplieron el año de su mandato como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que sus espacios en el pleno están vacantes.
Así también, el 30 de enero de 2015, el comisionado Carlos Ríos Espinosa presentó su renuncia como comisionado.
Actualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se conforma tan sólo por cuatro de los siete comisionados que debieran estar en funciones, a saber, la comisionada Susana Pedroza de la Llave y los comisionados Jaime Rochín del Rincón quien funge como presidente y Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros.
Sin valorar, por ahora, los méritos del cumplimiento de todos los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito que establece la ley por parte de la y los comisionados obligados a cumplirla, sólo quisiera señalar que además de no cumplirse con una cuota de género en el Pleno de la Comisión Ejecutiva, lo que es preocupante porque la ley establece como un principio transversal el enfoque de género, tampoco se cuenta con la integralidad de integrantes que puedan dar atención digna y respetuosa a los cientos, cuando no miles de familiares y víctimas para las cuales la ley fue creada.
«Sin embargo, a más de un año de la publicación de dicha convocatoria y con tres comisionados/as faltantes en el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no se tiene noticia de qué sucedió en el proceso convocado; lo que es de sobra conocido es que no está debidamente integrado el pleno de conformidad con lo que establece la ley respectiva y esto vulnera el ejercicio de los derechos que tienen las víctimas a que se les repare integralmente en los términos de la propia Ley General de Víctimas», solicitó Iris Vianey Mendoza.
