Es claro que el objetivo de la Constitución, las leyes, los reglamentos y de todos los ordenamientos jurídicos, es atemperar conductas para garantizar la sana convivencia de los ciudadanos en una comunidad. La eficacia demostrada del programa del alcoholímetro, polémico en su nacimiento, es un indicador de que es posible revertir el fenómeno de la impunidad que sin duda hoy, es el principal estimulador de la corrupción y es una condición que fomenta la corrupción.
El Alcoholímetro nació como un programa blindado a practicas como las mordidas y el tráfico de influencias, entre otras, de tal forma que desde el inicio artistas, políticos y en general ciudadanos de todos los estratos sociales y económicos, fueron remitidos por igual al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito.
Vimos caer a todos, de tal forma que el mensaje es muy claro: en la aplicación de este programa todos somos iguales ante la ley. Vino entonces ese reconocimiento que nos permitió atemperar conductas.
Cambió el comportamiento de los capitalinos con respecto a conducir en estado de ebriedad.
Hoy es común escuchar en las conversaciones de jóvenes y adultos; «Quién va a manejar, quién no va a beber, llamamos a un taxi seguro». Antes de ser sorprendido y, en consecuencia, sancionado por la aplicación del programa se busca alguna alternativa para no conducir.
¿Se imaginan si ese blindaje para ser iguales ante la ley fuera generalizado en todo nuestro marco jurídico, en todo nuestro país como en estricto rigor se establece en la Constitución? Sin duda, podríamos revertir el fenómeno de la impunidad. Está demostrado que sólo cuando no se permite la más mínima excepción en la aplicación de la ley no hay cabida para la corrupción. Con programas como éste se confirma que sí es posible el cambio para que en este país un día todos seamos iguales ante la ley.
