No lo quiero creer, pero una fuente bien informada del gobierno federal me cuenta que el mismísimo director del Cisen tenía en su oficina un par de pantallas en las que veía todo el tiempo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en su celda del penal del Altiplano.
Lo presumía a sus visitantes. “Vean a mi fiero león prisionero”, quizá pensaba mientras sonreía complacido.
La estampa no hace sino subrayar el patético comportamiento del gobierno alrededor de la fuga del peligroso delincuente, mismo que tras la filtración del video de la fuga, ahora con audio, ya no encuentra palabras para ser nombrado.
La filtración del video con audio, que confirma lo que todos los mexicanos sabemos sobre la complicidad de altos niveles de gobierno en la fuga de Guzmán Loera, no es, lamentablemente, una práctica inédita. Funcionarios de la PGR, la Policía Federal y otros actores han sido muy activos en la divulgación ilegal de pruebas, testimonios y trozos de importantes investigaciones, como lo hemos visto en los casos de Ayotzinapa o el multihomicidio de la colonia Narvarte.
La intención, generalmente, es manchar la honorabilidad de las víctimas para de ese modo “culparlas” de lo sucedido, o bien alimentar “verdades históricas” que culminan en legendarios ridículos.
En el caso de la evasión del reo más cuidado de México parece haber un ingrediente distinto: se trata, sugieren los analistas, de disputas internas del gobierno que se pretenden resolver por la vía de los golpes bajos.
El video con audio exhibido por los medios de comunicación confirma, además, que las autoridades mintieron y ocultaron información sobre los detalles de la fuga. Dijeron, por ejemplo, que los videos no tenían sonido, sin que sepamos qué buscaban esconder.
Más allá de ese presunto juego sucio dentro del gobierno, conviene recordar que en este caso estamos pagando las consecuencias del afán de reconcentración del poder de este gobierno.
De ese modo, resulta que aunque son muchas las dependencias involucradas en el escape, todas ellas están bajo el mando de la misma persona, el secretario de Gobernación, quien legalmente encabeza el Cisen, la Comisión Nacional de Seguridad y el Sistema Nacional Penitenciario. Estamos, pues, ante uno de las consecuencias de la recentralización del poder que caracteriza al actual equipo gobernante.
Pero ni la fuga ni ninguna de las verdaderas tragedias humanitarias que ha vivido nuestro país en lo que va del sexenio está provocando un cambio de rumbo. La elite del poder sigue empeñada en su ruta de fracaso, al punto de que Los Pinos emite un spot para decir a la ciudadanía lo único que su corto horizonte le sugiere: ya no te quejes, ya chole con tus reclamos.
Las deficiencias de las instituciones republicanas quisieron ser resueltas mediante la suplantación y el otorgamiento de poderes excepcionales al Ejecutivo federal –ahí está, por ejemplo, el empecinamiento en el Mando Único en los estados–, quizá con la idea de que así se enfrentaría adecuadamente la crisis de seguridad. Pero, como la realidad está demostrando, podrán resolverse asuntos coyunturales, pero a la larga la intención de acabar con el federalismo se está convirtiendo en un tremendo obstáculo para la consolidación de la democracia.
Estamos viviendo una regresión autoritaria. El grupo en el gobierno ha recentralizado y reconcentrado el poder, y ese diseño va de la mano de abusos sistemáticos en contra de los opositores y de un afán de minimizar y utilizar de manera facciosa a los otros poderes del Estado.
El gobierno de la restauración priista está construyendo un tremendo agujero en la credibilidad y la salud de las instituciones, un hoyo enorme de corrupción e ineficiencia que nos costará caro.
El escándalo de la fuga terminará en anécdota, pero el daño que se está haciendo a las instituciones del país prevalecerá por mucho tiempo.
Twitter:@Dolores_PL
