Con el fin de fortalecer las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y el Desarrollo Social, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso que éste adopte un enfoque dederechos humanos, incluyendo las observaciones, recomendaciones y resolutivos que sean dirigidas o aplicables al Estado mexicano.
Al fundamentar una iniciativa que modifica el artículo 26 de la Constitución, la legisladora por Tlaxcala explicó que su propuesta considera de enorme relevancia hacer explícita la obligación del Coneval de cumplir sus funciones con pleno apego al enfoque de derechos.
“Lo cual, no puede quedar al arbitrio de los integrantes en turno de dicho organismo”, enfatizó.
Además, dijo, es indispensable que el Coneval tome en cuenta los documentos que generen los organismos internacionales de derechos humanos, que sean aplicables a nuestro país, de manera particular, para determinar el contenido esencial o básico de los derechos y las responsabilidades del Estado.
Recordó que el Coneval es responsable de la metodología y la medición de la pobreza desde una perspectiva multidimensional que tome en cuenta los derechos sociales y no sólo el ingreso de las personas.
La senadora señaló que es necesario un marco normativo con consecuencias prácticas para la definición de las responsabilidades sociales y para las políticas públicas de superación de la pobreza.
“En ese sentido, ha ido ganando terreno el enfoque que considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas”, afirmó.
Cuéllar Cisneros destacó que la ley vigente no obliga a tomar en cuenta el marco internacional de los derechos humanos en la elaboración de la metodología.
Por ello, agregó, es necesario hacer explícita la obligación del Coneval de cumplir sus funciones con pleno apego al enfoque de derechos humanos e incluyendo las observaciones, recomendaciones y resolutivos que sean dirigidas o aplicables al Estado mexicano.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.
