Propone Zoé Robledo que ciudadanos puedan votar para la revocación de mandato de servidores públicos


  • Plantea sancionar a partidos políticos que postulen a un representante popular sentenciado por actos criminales

 

El senador del PRD, Zoé Robledo, propuso facultar a los ciudadanos para que  puedan votar en los procedimientos de revocación de mandato y esta herramienta se convierta en un instrumento de democracia política.

 

“Ningún pueblo debe ser obligado a mantener en el poder a gobernantes que no desea. Con la revocación de mandato, los gobernantes tendrán siempre presente que su elección no es una autorización para seis años, sino un compromiso con el pueblo que puede serle reclamado ante cualquier falta”, sostuvo el legislador por Chiapas.

 

A través de una iniciativa para modificar diversos artículos de la Constitución Política, Zoé Robledo señaló que los acontecimientos de violencia y la indignación generalizada que vive nuestro país revelan que es preciso facultar a los ciudadanos para deponer al gobierno que no cumpla su poder.

 

“Una democracia plena debe contar con los dos supuestos de la representación, es decir, la posibilidad de elegir a los gobernantes en las urnas y la facultad de retirarles por el mismo medio”, agregó.

 

La propuesta del legislador chiapaneco implica que la revocación de mandato se haga a través de una consulta iniciada por petición popular y será capaz de revocar el mandato del Presidente de la República, gobernadores de los estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presidentes municipales y titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

 

Dicha solicitud sólo podrá ser aplicada antes de la mitad del mandato y después de la tercera parte de éste, con el fin tener tiempo suficiente para evaluar de la mejor manera la gestión de los funcionarios.

 

Zoé Robledo también propuso modificar los artículos 232 y 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Penales para sancionar a los partidos políticos imposibilitándolos a participar en la siguiente elección en ese cargo, en caso de que postulen a un representante popular sentenciado por actos criminales durante su gestión.

 

Asimismo, propuso establecer protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos previos a los procesos electorales, ya que sostuvo, la función pública debe desempeñarse con toda responsabilidad, probidad, compromiso y lealtad a los representados.

 

Afirmó que estas propuestas las hace en un momento en el que nuestro país atraviesa una de sus crisis más profundas en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, en la seguridad y la eficacia de procuración de justicia y en la debilidad institucional.

 

“Los hechos de Iguala desnudan esta crisis que lleva instalándose en el país los últimos 18 años; las circunstancias por las que atraviesa el país exigen la apertura de nuestro sistema político para que el pueblo tome decisiones trascendentales más allá de los días electorales; estamos convencidos de que la revocación de mandato puede ofrecer también una salida democrática y legal a situaciones de crisis políticas”, concluyó.

 

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y discusión.