Intervención en tribuna del Senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reserva del artículo Décimo Primero del proyecto decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Zoé Robledo A., (ZRA): Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores.
Esta es la última reserva que yo he presentado, y busca incorporar y adicionar al Transitorio Décimo Primero de la legislación secundaria, pues otro tema que sigue estando ausente, estuvo ausente la Ley de Transparencia, y al parecer va a estar ausente también aquí.
Ya no vamos a tener, desde la lógica de la transparencia y la presentación de declaraciones patrimoniales y de declaraciones de interés, pero su publicidad pues ya no será la vía para acercarnos a los ciudadanos con un acto político y un gesto de que los estamos escuchando, tampoco va a ser por la vía de la desaparición del fuero.
Bueno, yo estoy siempre, soy un creyente optimista que los vacíos de la Ley pues muchas veces los ocupa de manera virtuosa la ciudadanía o de manera perversa a veces la delincuencia, y de eso se trata esto que les quiero plantear hoy aquí, y tiene que ver con establecer causas y establecer condiciones para ofrecer protección a los informantes, a lo que se conoce como whistleblower, ya sea que es un tema que ha sido machacón, que ha sido insistente, pero también, ojala esta tribuna y ojala la difusión de estos debates, sirva para dar a conocer estas figuras que sí existen, aunque lo quieran decir de una manera distinta, y plantear así, sí existen en otras legislaciones, sí existen en las recomendaciones de las Naciones Unidas, sí existen en otros ordenamientos, menos en México, porque siempre somos la excepción.
Para los que no han tenido oportunidad de revisar el tema de whistleblowers o informantes, son todos aquellos servidores públicos, miembros de fideicomisos, miembros de fondos públicos, de partidos políticos, de sindicatos o personas físicas o morales responsables que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o indebida.
Cuando hablaba de los vacíos que deja la ley y que ocupa la ciudadanía, tenemos uno muy reciente y muy conocido, lo que originó el problema de Aristegui como MVS, fue justamente la participación del equipo de investigación de Carmen Aristegui, en la plataforma de MéxicoLeaks, o sea, que tampoco deben estar muy preocupados los ciudadanos, porque saben que si les fallamos acá, hay una plataforma que sí les asegura anonimato, para que de manera valiente, puedan revelar esa información que tuvieron acceso a ella y que se reservó de manera indebida.
Es decir, afuera, este tipo de plataformas sí incentiva a los whistleblowers, la redacción de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, no.
Entonces, la propuesta debería de ser nuestra, no de los ciudadanos, a quienes por lo menos, yo imagino a un funcionario, a un miembro de un partido político, al miembro de un sindicato que se da cuenta que se está reservando información para ocultar un acto de corrupción, y que tiene el valor, y que tiene la necesidad moral de darla a conocer, pues no la va a encontrar en las leyes que la estamos aprobando, la va a encontrar justamente en estas otras plataformas.
Yo les pregunto, compañeras y compañeros, y no debería de ser responsabilidad de la autoridad y no de particulares ofrecer estas garantías, sino deberíamos nosotros de incentivar este ejercicio de transparencia de diferente manera, yo creo que sí, y creo que sí, porque estas personas sí deberían de tener garantías para no ser sancionados o perseguidos.
El Sistema Nacional anticorrupción no se las está ofreciendo.
No se trata de una insensatez.
Miren, los whistleblowers tienen que cumplir dos condiciones: primero demostrar que están actuando de buena fe, y segundo, que la información que revelan sea sobre violaciones del ordenamiento jurídico, que sea sobre casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, repito, casos graves de corrupción.
¿Por qué es importante esto? Otra vez, yo sería demasiado optimista para pedirles a todos ustedes que me crean a mí, un Senador por Chiapas, a las 11:34 de la noche, a estas horas aquí, yo sé que reina la desconfianza.
Pero créanle a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hace una semana le envió una carta al Senado de la República, y que todos ustedes seguramente ya revisaron, porque llegó a todas sus oficinas, en donde alerta sobre dos temas, en la ley que les preocupan, uno de ellos es la protección a quienes denuncian acciones indebidas, y en esa carta, se menciona que de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, es en la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información es donde debe contemplarse una cláusula relativa a la protección de quienes denuncian acciones indebidas.
Estamos a cuatro sesiones de concluir el periodo y a cuatro sesiones de hacer como que la ONU nos habla.
En ese sentido, la Relatoría Especial de la ONU para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, estableció que debe ser en leyes nacionales sobre derecho a información y sobre combate a la corrupción, donde se exima de responsabilidades a funcionarios que de buena fe divulguen información de acuerdo con la legislación relativa al acceso a la información.
Bueno, incluso, en la ley modelo interamericana sobre acceso a la información propuesta por la OEA, propone que los whistleblowers no deben ser objeto de acción civil o penal, ni de perjuicio laboral.
Ya tuvimos una primera oportunidad, la desperdiciamos; viene otra, y estamos a nada de desperdiciarla.
Los legisladores, que gracias a 2 votos, hace unos minutos, seguimos teniendo fuero, a un voto, debemos de entender que justamente el espíritu del fuero es proteger la libertad de expresión contra posibles abusos de autoridad, bueno, es una suerte de fuero ciudadana, a quienes sí deberían de tenerlo, a esos ciudadanos funcionarios públicos, integrantes de partidos políticos, de sindicatos, que de manera valiente quiere la protección mínima para revelar información reservada que no debió haber sido así, y que muchas veces esconde actos de corrupción.
Si no se incluye en la ley, se producirá el efecto contrario, un efecto de silencio que disminuirá el acceso a la información, y en general, el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público.
No van a desaparecer, eso se los aseguro, para que no estén tan tranquilos. Lo que harán otras plataformas que sí ofrecen anonimato, es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo.
Nosotros deberíamos de ser los primeros en preocuparnos por proteger a los informantes, por no criminalizar a quienes ejercen y facilitan la transparencia, y por ende, combaten de manera mucho más afectiva actos de corrupción desde el gobierno, que de otra manera pudieran quedar impunes.
Por eso, nuevamente los invito a sumarse a esta reserva para proteger a aquellos ciudadanos que ven en la denuncia pública el acto moral por excelencia. Son Belisarios Domínguez en potencia todos ellos, que a través de la denuncia pública sacrifican su seguridad laboral, personal por hacer lo que consideran correcto: informar a la ciudadanía lo que esconde el gobierno.
Muchas gracias, Senador Presidente.
Es cuanto.
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