- Busca alcanzar a los mandos superiores en las cadenas de corrupción incentivando la denuncia
El senador Luis Humberto Fernández propuso atender la voluntad del funcionario público a confesar y aportar evidencias para llegar a un acuerdo con la autoridad judicial y reducir entre 20 y 70 por ciento su pena por los delitos cometidos, ello como parte de la imperiosa necesidad de atacar las redes de corrupción en México de manera integral.
El objetivo es incentivar la denuncia de la cadena de mando en casos de corrupción, al brindar al servidor público indiciado, la opción de aportar evidencias sobre la participación de sus superiores, compañeros o subalternos a cambio de obtener una reducción de entre 40 y 70 por ciento de la pena; en el caso de encontrarse bajo proceso, se le podrá reducir entre 20 y 50 por ciento, apuntó.
Hasta ahora, dijo, el combate a la corrupción en México se ha enfocado a castigar a los responsables de mandos medios que integran la cadena de corrupción, sin que las investigaciones lleguen a los mandos superiores, “son corruptos no tontos, instruyen pero no dejan ninguna documentación para una persecución posterior”, explicó.
La propuesta,abundó el Senador, se fundamenta en la modificación al Artículo 123 del Código Penal Federal y al Artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Federales, a fin de reforzar al Estado de Derecho, para sancionar de manera adecuada a los funcionarios públicos que cometan o se vean implicados en actos de corrupción, sin importar su nivel jerárquico y motivar a la denuncia de los altos mandos, que es donde se gestan los delitos.
Al fundamentar en tribuna, el legislador recordó prácticas internacionales exitosas de combate a las redes de corrupción, que en países como Brasil y Guatemala, mediante mecanismos legales de esta naturaleza, ha sido posible escalar las investigaciones sobre casos de corrupción, para llegar a los más altos niveles de gobierno y combatir de manera eficaz la corrupción, algo impensable en México.
Destacó el caso de Brasil, que sentó su primer precedente con el escándalo denominado “Mensalão”, esquema de corrupción donde se usaron fondos públicos para pagar sobornos al Congreso por la aprobación de propuestas cruciales para el gobierno.La investigación duró de 2005 a 2012 y resultó en la sentencia condenatoria para algunos políticos, banqueros y empresarios.
Otro caso destacado, precisó Fernández Fuentes, es el denominado “La Línea”, en Guatemala; en mayo de 2014 la Comisión Internacional contra la Impunidad de aquel país comenzó unainvestigación, después de recibir reportes de que un grupo de importadores, con ayuda de oficiales aduaneros, falsificaron documentos para pagar sólo 40% delos impuestos, destinando un 30% a sobornos y el restante 30% a la evasión fiscal.
La pieza clave de la investigación, ha sido precisamente que los indiciados aceptaron colaborar con información de otros involucrados a cambio de beneficios para su sentencia, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios legislativos para su análisis y posterior dictamen.
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