Intervención en tribuna del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona el artículo 221 Bis al Código Penal Federal.
Luis Humberto Fernández Fuentes, (LHFF): Con su venia sus señorías.
Quiero poner a su consideración un grave tema en la cultura política mexicana, que es “el charoleo”
.
El Estado Mexicano no había tenido como prioridad el combate a la corrupción, la cooptación y el privilegio se convirtieron en la piedra fundamental del Sistema Político, lo que se ha traducido en una cultura de prepotencia y excepción.
Entre la fauna nociva de personajes que han hecho del privilegio y el abuso de lo público, una forma de vida, como prevaricadores, traficantes de influencias, gestores del bien público para beneficio propio, por mencionar algunos, hay unos que por lo práctico y cotidiano se destacan.
Que es el uso de «el charoleo».
El término «la charola», como aquella credencial o placa que identifica a un funcionario público, la cual suele dársele el uso equívoco de infundir respeto y temor, un despliegue de poder, atribuible únicamente al estatus que otorga el ser empleado gubernamental.
Quien «charolea» es aquel que por ejercer una función pública, presume que tiene una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, por lo que merece un trato privilegiado, según él.
Y es que es bien conocida la famosa leyenda: «Agradecemos a todas las
autoridades públicas y militares, las facilidades que otorguen para la realización de
las actividades del servidor público, portador de esta credencial»; asimismo, como las frases de «solicitar la atención», «¿no sabe quién soy?», «sólo por esta vez», «reciba un saludo del jefe», sean de la práctica de la cotidianeidad de nuestra sociedad.
“El charoleo” constituye un picaporte para lograr beneficios fuera de la ley, ética, pero también fuera de toda estética.
El periódico El Universal, la define la práctica como el acto de usar una placa con logotipos oficiales -legal o falsa- para ostentarse como servidor público y obtener beneficios o protección.
Desafortunadamente señala el mismo trabajo periodístico, que la práctica del «charoleo», surge en los años sesenta, cuando los Diputados comenzaron a pedir identificaciones para sus colaboradores más cercanos, convirtiéndolos en un sinónimo de personas conectadas, y esto se ha venido extrapolando para todas las áreas del Estado y del servicio público.
Hasta hoy, esta práctica no cuenta con ninguna sanción. Con esta iniciativa se pretende desincentivar la cultura de «el charolazo» que tanto ha dañado ha causado a nuestras instituciones, en manos de funcionarios públicos irresponsables.
La propuesta es que a quienes hagan uso de su nombramiento en cualquier institución de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, solicitando atención especial o trato diferenciado del común de la sociedad, fuera del ámbito estricto de
sus funciones, se haga acreedor a una sanción. Que podrá ir desde una amonestación hasta una sanción económica.
Con esto se podrá inhibir la prepotencia y valentía que les otorga un cargo público.
En concreto se trata de añadir a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 47, una Fracción XXIV que diga: Abstenerse de ostentar su cargo, presumir o acreditarse frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener un beneficio a cargo de la ostentación de su cargo.
Y también en específico, en el Código Penal añadir, en la parte del delito de tráfico de influencias, un artículo 221 Bis, que diga: Se impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, a todos los servidores públicos que, ostenten de su cargo, presuman o se acrediten frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, obtener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo.
Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento que se pueda iniciar, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Solicito que esta iniciativa se incluya en el marco de los textos que actualmente se están trabajando en la nueva legislación anticorrupción.
Estoy seguro que será de gran utilidad y beneficio, y que abonaremos a la cultura de la igualdad, los privilegios y las diferencias son odiosos, generan desprestigio yanimadversión.
Una democracia no puede funcionar sobre la base de una sociedad diferenciada, el servicio público obliga, no libera de responsabilidad.
Independientemente de la dictaminación de esta propuesta, as la cual no veo objeción para aprobarla, el elemento más importante es la cultura, que aprendamos a rechazarlo y denunciarlo.
Por lo que convoco al ciudadano, medios de comunicación y en particular y de manera muy en especial a los usuarios de redes sociales para que denuncien y documenten este tipo de prácticas.
Quien piense en alardear de su cargo obteniendo un beneficio, que lo piense dos veces, que no se suponga que habrá impunidad, porque no la habrá, la sociedad estará vigilando.
Propongo que todos subamos fotografías, videos y evidencias que tengamos a la mano, bajo el Hastag: #NoAlCharoleo. Estoy seguro que abonando a esta cultura y una nueva cultura administrativa le daremos un gran servicio a nuestra nación”.
Es cuanto, seño presidente.
