EI senador Luis Humberto Fernández Fuentes un marco regulatorio que reclasifique las figuras penales, incremente la punibilidad y sanción administrativa en materia de portación y posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso y destino, de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, sin licencia y sin manifestación a la autoridad competente.
A través de una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales en materia de posesión y portación de armas de fuego, el senador del PRD destacó que la legislación en esta materia es laxa y limitada.
“EI modelo actual permite en la práctica portar armas de hasta 9mm sin mayor problema y, aún con armas de mayor peligrosidad, la sanción es una multa, sin pena corporal; únicamente tiene consecuencias como agravante, no como delito por sí mismo”, apuntó.
Para ilustrar el tamaño del problema, advirtió Fernández Fuentes, las multas por la violación del reglamento de tránsito federal son equivalentes a la de la portación sin permiso de un arma; la sanción económica por exceder los límites de velocidad permitidos es de $5,112.8 a $7,304 pesos; mientras que por posesión ilegal de armas es de 1,460.8 a 7,304.00.
“Tenemos delincuentes que portan, poseen, trafican, transportan, venden, compran armas de fuego, explosivos y accesorios, con sujeción a proceso y bajo el beneficio de la libertad bajo caución, derivado de la falta de sanción”, destacó.
En los hechos, consideró, el criterio actual es totalmente flexible y permisivo para la configuración de conductas delictivas y para el incremento del número de homicidios, así como de delitos relacionados y conexos relacionados a armas de fuego, tráfico de armas, cartuchos y explosivos.
El senador enfatizó que la falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país, crea un clima propicio para que las familias mexicanas sean víctimas de delitos, la gran mayoría relacionados con el uso de armas de fuego enajenadas o adquiridas ilícitamente.
“Esta falta de sanción merma la capacidad del Estado de perseguir delitos y castigar criminales, haciendo aún más rentable para el crimen organizado y para la corrupción este negocio ilícito”, apuntó.
Además, la legislación con criterios discrecionales en su aplicación permite el incremento de dotación de armamento al crimen organizado, sofisticando las redes de corrupción y la economía del crimen.
En ese sentido, la iniciativa del también secretario de la Mesa Directiva del Senado busca “disminuir la opacidad y transparentar la aplicación de los criterios, en el otorgamiento de las licencias y permisos para la posesión y portación de armas de fuego, explosivos y accesorios”.
“Lo que se está proponiendo a través de esta iniciativa no es limitar el derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera efectiva su portación ilegal; no se proponen nuevos delitos, únicamente darle eficacia a la sanción de los que ya existen”, enfatizó.
La iniciativa plantea que en el caso de portación, fabricación, importación o acopio de armas sin un fin lícito que puedan ser utilizadas para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se incremente de siete a quince años la pena, y de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de la mismas.
“Además la propuesta contiene criterios más específicos para el otorgamiento de los permisos que en la actualidad son ambiguos e insuficientes”, apuntó.
La propuesta amplía los requisitos que solicitará la Secretaría de la Defensa Nacional para la portación legal de armas y endurece las sanciones para la portación, posesión y tráfico ilegal.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
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