El ingrediente principal de la violencia son las armas y hoy la legislación vigente sobre su portación es laxa y limita su control


  • México es hoy un país armado, se estima se encuentran circulando ilegalmente cerca de 20 millones de armas de fuego
  • La falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país

 

Intervención en tribuna del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

 

Luis Humberto Fernández Fuentes (LHFF). Quiero iniciar felicitando a las mujeres en este su día internacional. Festejando a la mujer, festejamos a la humanidad misma.

 

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las activistas que han hecho posible los avances en la revolución más importante y en especial, a nuestras compañeras Senadoras que han sido motor fundamental en esta lucha.

 

Pero entrando en la propuesta, a nombre de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes y Zoé Robledo, con quienes comparto una preocupación y ocupación por la pacificación del país y para generar mejores herramientas para combatir la delincuencia, pongo a su consideración una iniciativa sobre un problema mayor que es el número de armas ilegales en el país y los mecanismos que tiene el Estado para controlarlas.

 

El ingrediente principal de la violencia y la actividad delictiva son las armas y sin embargo, hoy la legislación vigente sobre su portación es laxa y limita su control.

 

El modelo actual permite en la práctica portar armas como 9mm sin mayor problema y aún con armas de mayor peligrosidad la sanción es únicamente una multa, sin pena corporal, únicamente tiene consecuencias como agravante, no como delito por sí mismo.

 

Esto constituye una limitación a las fuerzas del orden y es un pilar de la operación de los grupos criminales.

 

Para ilustrar el tamaño del problema, baste decir que son equivalentes las multas por la violación del reglamento de tránsito federal a la de la portación de una arma sin permiso.

 

Por ejemplo, la sanción económica por exceder los límites de velocidad permitidos en el Reglamento de Tránsito Federal es entre 5 mil 112 pesos a 7 mil 304 pesos; de acuerdo al Artículo 136 del Reglamento de Tránsito Federal.

 

Mientras que la sanción por poseer, sin permiso, un arma de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea, con base en el Artículo 83, Fracción II, estamos hablando de un revolver calibre .357 o superiores a.38, la Ley Federal de Armas de Fuego contempla penas de una multa de 1,46 a 7,304 pesos.

 

En consecuencia tenemos delincuentes que portan, poseen, trafican, venden y compran armas de fuego, explosivos y accesorios, con el beneficio salir bajo caución, derivado de la falta de sanción.

 

Coincidirán sus señorías en que en un país ensangrentado, marcado por la violencia y el crimen son un despropósito estas sanciones.

 

La falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país, crea un clima propicio para que las familias mexicanas sean víctimas de delitos, la gran mayoría de ellos relacionados con el uso de armas de fuego enajenadas o adquiridas ilícitamente.

 

La falta de sanción merma la capacidad del Estado de perseguir delitos y castigar criminales, haciendo aún más rentable para el crimen organizado y para la corrupción este negocio ilícito.

 

México es hoy un país armado, se estima se encuentran circulando ilegalmente cerca de 20 millones de armas de fuego, lo que nos hace el sexto país con más armas en manos de civiles.

 

De acuerdo con estudios, el 65% de estas armas ilegales está en manos del crimen organizado. Frente a este basto universo de armas, en el 2015, entre enero y septiembre, únicamente hubo 180 casos registrados del delito de portación.

 

Lo que se está proponiendo a través de esta iniciativa no es limitar el derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera efectiva su portación ilegal. Esto es, no se están proponiendo nuevos delitos, únicamente darle eficacia a la sanción de los que ya existen.

 

La presente propuesta busca un control más efectivo de las armas.

 

Por ejemplo: a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, actualmente tiene la sanción de prisión de tres meses a tres años, y una multa de 180 a 360 días multa y decomiso.

 

Se debe incrementar a siete a quince años, además de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso.

 

En el caso de quien fabrique, venda o trafique, porte las armas señaladas sin permiso la sanción actual es de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso. La propuesta es que se apliquen de siete a quince años de prisión y de quinientas a setecientas Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso.

 

Además esta propuesta contiene criterios más específicos para el otorgamiento de los permisos que en la actualidad son ambiguos e insuficientes.

 

La propuesta que ponemos a su consideración es pertinente y conveniente y armónica con el marco jurídico nacional.

 

Senadoras y senadores,  con su apoyo, podemos dar un paso importante para la pacificación del país.

 

En cuanto.