Intervención en tribuna del senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa para crear la Secretaría de la Economía Social.
Luis Sánchez Jiménez, (LSJ): Es un tema que para las y los legisladores de derecha y de extrema derecha les parece un tema olvidado, está rebasado, sin embargo voy a demostrarles que no es así y que incluso países netamente capitalistas, tienen a esta economía social y solidaria como un pilar de su economía.
En México, el sector social de la economía se reconoce formalmente desde 1983, cuando se reforma al artículo 25 constitucional. Ahí y en su Ley Reglamentaria, la Ley de la Economía Social y Solidaria, se establecen como Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) a los Ejidos; las Comunidades; las Organizaciones de trabajadores; las Sociedades Cooperativas; y a las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; así como en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución; y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
El concepto general de la economía social involucra diversos principios tales como la primacía de las personas y los trabajadores sobre los intereses del capital; el beneficio colectivo de sus miembros y de su comunidad; la adhesión voluntaria y la autonomía de gestión; así como la deliberación y toma de acuerdos a través de procesos democráticos. Se trata, pues, de relaciones de cooperación, solidaridad y reciprocidad en el marco de actividades económicas productivas.
Desde el año 2012, con la publicación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, se creó el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), responsable de instrumentar las políticas públicas de fomento al sector social de la economía como uno de los pilares del desarrollo económico del país. Ese era su objetivo.
Sin embargo, quienes desde hace más de tres décadas orientaron y sometieron el desarrollo nacional y la rectoría del Estado en favor de los intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores, a través del Consenso de Washington, sabían que dicha estrategia concentraría la riqueza y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas, tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial supuestamente para combatir la pobreza, pero en realidad para evitar que la inconformidad social se desbordara.
Más aún, en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, pronto se reveló que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales, además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción. Es decir, la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y, luego, los retribuye con limosnas, mediante un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades.
En el año 2014, tanto el CONEVAL como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y los miles y miles de millones de pesos que se han “invertido” para “combatirla y superarla”. En la Iniciativa que presenté el 23 de abril de 2015, para garantizar constitucionalmente el Ingreso Básico Ciudadano (IBAC), se incluye un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas.
El fracaso de tal estrategia y el descontento social son tan evidentes, que el 17 de febrero de este año, el titular del Ejecutivo Federal convocó de manera urgente a los titulares de la secretarías del Gabinete que integran el capítulo denominado «México Incluyente», para que, de una vez por todas y para siempre, se ponga fin a las políticas asistencialistas y se impulse la productividad social.
Peña Nieto dándoles instrucciones para que se impulse la productividad social.
Desde hace décadas, la izquierda mexicana ha propuesto innovar políticas públicas para revertir esta situación, con el objetivo de cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: El Estatismo y el Neoliberalismo.
Nuestra propuesta ha sido la de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social, colaborativa e idónea para generar empleos formales y dignos, de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa, que ha seguido nuestro país desde 1989.
Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado.
Es importante recordar que la Economía Social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico, al servicio de su bienestar.
Veamos como en otros países capitalistas se ha dado otro resultado aplicando la economía social solidaria.
La Unidad Europea da empleo a 14 millones de personas lo que representa el 6.5 % de la población ocupada.
En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos , las personas empleadas en el Sector Social de la Economía representan entre el 9% y el 11.5 % de la población ocupada.
En países como Kenia la Economía Social representa el 45% del Producto Interno Bruto y en Nueva Zelanda representa el 22 %.
Hay que recordar que dentro de la Economía Social se ubican las sociedades cooperativas.
Tenemos ejemplos a nivel mundial.
La producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y Estados Unidos proporcionan entre el 80 y el 90 por ciento de la producción.
La actividad pesquera en Corea es de cooperativas –mayoritariamente– representa el 71 %.
El 40 por ciento de la agricultura en Brasil lo genera la Economía Social.
El 24 por ciento del sector Salud en Colombia está en manos de este segmento de la economía.
En cuanto a los socios comerciales de México, citaremos el caso Canadiense ahí el 7.8 % del Producto Interno Bruto lo generan cooperativas. Emplea al 11 % de la Población Económicamente Activa.
El banco cooperativo más grande de Canadá facturó casi 13 mil millones de dólares. Cooperativo, reitero.
En los Estados Unidos las cooperativas facturaron 662 mil 23 millones de dólares, algo así como 3.9 % del Producto Interno Bruto.
Así tenemos que en el sector salud las cooperativas –líderes– facturaron 7.35 mil millones de dólares y la cooperativa de seguros más fuerte reportó más de 57 mil millones de dólares. Esto en el vecino país del norte.
En Brasil el cooperativismo representa el 6 % del PIB.
En contraste, en México de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados la inversión real del gasto total federal no llega ni al uno por ciento.
En México nos hemos empeñando en debilitar a la Economía Social.
Primero la Reforma a los artículos 28 y 123 en 1990 para acabar con la banca pública y debilitar la banca social.
A esto sumamos la Reforma Agraria del Salinato que debilitó al Ejido y a la economía campesina sustentada en la propiedad ejidal y comunal.
A ésta hay que añadir la Reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas de 1994 que afectó a este tipo de organización.
Es decir, mientras en todo el mundo la economía social es una importante herramienta de las principales economías del mundo, en México vamos en sentido opuesto.
Para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla al tú por tú con los sectores público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema público, tanto al nivel federal como en los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, fortalecido además, por una sólida banca social y popular.
Para lograr tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada exprofeso a tal cometido, la creación de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.
El financiamiento de la nueva Secretaría no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución.
De esta forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.
Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales para avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social, regida por un Estado Social, Democrático y de Derecho.
De acuerdo con lo anterior, pongo a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, PARA CREAR LA SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
Muchas gracias.
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