Intervención en tribuna del senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Ley de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.
Luis Sánchez Jiménez, (LSJ): Gracias presidente. Para hacer una correcta evaluación del impacto real de la Ley de Ingresos de la Federación, base del presupuesto de egresos, antes hay que dejar claro que el crecimiento promedio del PIB en el bienio 2013-2014, ha sido menor al 2.4 por ciento promedio anual de las últimas tres décadas.
También es importante señalar que se calcula una baja de los ingresos petroleros y agregar que dado los desafíos del entorno global y las severas debilidades macroeconómicas y financieras del país, es casi seguro que otra vez la proyección del 3.7 por ciento del PIB para el 2015 sea irreal. Esto es, sea una fantasía.
Es decir, aún con las reformas Hacendaria y Fiscal, lo cierto es que los ingresos del gobierno federal continúan estando muy por debajo de las expectativas prometidas. Y ya no se diga de las necesidades nacionales.
Para 2015 los ingresos totales rondan 22 por ciento del PIB, de los cuales los ingresos tributarios, esto es, los no petroleros, se ubican en alrededor del 11 por ciento que se estima como cifra histórica. Aunque debe aclararse que en 1980 era de 11.1 por ciento.
Los impuestos no tributarios, estos son los petroleros, rondan el 7 por ciento con una tendencia a la baja. Se estima que se trata de cifras históricas debido a la Reforma Fiscal que como se sabe estuvo preferentemente dirigida vía ISR a los contribuyentes cautivos, denominados personas físicas, así como a los pequeños contribuyentes y al sector informal de la economía.
La informalidad laboral representa al 57.8 por ciento de la población económicamente activa. Es decir, alrededor de 29 millones de mexicanas y mexicanos no declaran sus ingresos ni sus gastos y, por tanto, no pagan impuestos.
Para que se integren al nuevo régimen de incorporación fiscal que sustituya a los REPECOS, se les pretende seducir con el acceso a servicios médicos y sociales del Seguro Social y una pensión para su retiro, el acceso a créditos bancarios y para vivienda del INFONAVIT.
El objetivo es recaudar alrededor de 14 mil millones de peso al año vía Impuestos Sobre la Renta de estos contribuyentes.
Quienes ganen menos de cien mil pesos al año no pagarán durante diez años el IVA, así como impuestos especiales a productos como refrescos, cigarros y comida rápida.
Quienes ganen entre cien mil y dos millones de pesos al año, estarán exentos de IVA y del segundo impuesto en su primer año de incorporación. Además se les otorgarán descuentos durante los siguientes nueve años.
Estos descuentos no son válidos para los contribuyentes cautivos.
Hasta ahora de ese total de casi 29 millones de informales, sólo 4 millones se han adherido a régimen y únicamente 1 millón 243 mil prestan declaración y emiten facturas cada dos meses, según nos lo dice el SAT.
Ahora bien, de acuerdo con estadísticas y análisis de instituciones y especialistas, la evasión y alusión fiscal de las grandes empresas multinacionales alcanzan los 485 mil millones de pesos, 37 mil millones de dólares alrededor del 3.1 por ciento del PIB. Y este es el gran reto que queda pendiente, esto es lo que no ha querido hacer ni el año pasado no lo aceptó el PRI, pero tampoco lo hizo el PAN.
Para el gobierno es mejor grabar a los pequeños, a los cautivos, a los pobres, a aquellos mejor a éstos que a los grandes corporativos que gozan de privilegios.
A nuestro juicio, es hora de tomar en serio esta aberración fiscal. Por ejemplo, por qué CEMEX no paga impuestos, por qué se le sigue tolerando.
Como claramente se aprecia, la evasión y alusión fiscal de las grandes empresas priva al gobierno de miles de millones de pesos propiciando un aumento de la desigualdad.
Dicho de otra manera, las disfunciones de la regulación permiten a muchas empresas multinacionales pagar cuotas tributarias mínimas en relación a sus beneficios reales y evitar el pago de los impuestos que les corresponden.
No hay duda de que las tasas de rentabilidad de dichas empresas han aumentado, pero no se ha traducido en beneficios para el conjunto de la economía. El incremento de sus beneficios no se refleja en el incremento de los ingresos fiscales, ello es así porque transfieren sus beneficios o realizan operaciones transfronterizas para eludir sus obligaciones fiscales y, además, el gobierno les ofrece incentivos fiscales con el objetivo de atraer inversión extranjera, sobre todo financiera especulativa.
Es inadmisible la desmedida influencia que los intereses empresariales tienen sobre la elaboración de las políticas públicas, porque transgrede a la democracia representativa y consolida e incrementa la desigualdad.
Es injusto permitir que estos intereses particulares prevalezcan sobre el interés general.
La desigualdad económica alcanza niveles extremos y crece, sino se toman medida sal respecto la desigualdad prevalecerá y las políticas para erradicar la pobreza seguirán sin ofrecer resultados.
Un régimen fiscal justo es indispensable para financiar al gobierno y así cumplir con su obligación de garantizar los derechos sociales de las y los ciudadanos.
Nuestro partido ha defendido, defiende y defenderá firmemente las políticas fiscales redistributivas para reducir o contrarrestar los efectos del aumento de la desigualdad.
Convoco a todos los partidos políticos para convenir de inmediato una estrategia y un plan para impulsar una política fiscal y de gasto más progresiva para reducir la desigualdad, gravar a las empresas y, especialmente, a las multinacionales, es uno de los instrumentos tributarios más progresivos, deben pagar los impuestos que les corresponden y no eludir sus obligaciones con la sociedad donde generan sus beneficios.
Compañeras y compañeros, por supuesto que no es dable un voto a favor cuando hablamos del gasolinazo, cuando hablamos, por ejemplo, en el artículo 22 que habla del cobro por las radiofrecuencias y después esto es en consonancia con lo que establece la última Reforma de Telecomunicaciones, pero después en el transitorio primero les otorgan a ellos un año de gracia, o sea, que el próximo año no cobrarán los impuestos derivados del uso de radiofrecuencias, esto no es tolerable. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
