Intervención del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con un proyecto de decreto que adiciona el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Luis Humberto Fernández Fuentes, (LHFF): Buenas tardes. Con su venia, señora Presidenta.
Es imperativo que sigamos luchando contra la corrupción, en particular contra las redes, y hoy quiero abordar con ustedes el tema de la cadena de mando, que es una parte fundamental en la ingeniería y la arquitectura de la corrupción en México.
Hasta ahora, el principio básico y generalizado se ha enfocado en los primeros niveles de la cadena de mando sin que éste llegue a los mandos superiores, ya que estos actos no son firmados por ellos sólo los ordenan, dirían, son corruptos, no tontos, instruyen, pero no dejan ninguna documentación para una persecución posterior.
Y, por el otro lado, muy eventualmente y en muy pocos casos, se ha atacado a las cabezas, pero sin que se ataquen las estructuras que están debajo de ellos.
Hay muchas formas de explicar la corrupción: los bajos sueldos, la ambición de los funcionarios; pero también hay que considerar que hay casos, que hay corruptos por instrucción, por órdenes, por tratar de conservar el empleo, por evitar el hostigamiento, o simplemente por seguir las instrucciones de un superior jerárquico.
En este sentido, la sumisión y el temor reverencial, que podemos decir que si bien no exime al servidor público que comete estos actos, sí puede ser una condición atenuante.
Los delitos a los que nos referimos en materia en particular son los que ya están considerados en el artículo del 214 al 224 del Código Penal Federal, como lo son: el uso indebido del servicio público, el aviso de autoridad, desaparición forzosa de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, facultades, intimidación, tráfico de influencia, cohecho, peculado, por mencionar algunos.
El común denominador de todos estos delitos es que generan beneficios y que prácticamente en la totalidad no generan este beneficio exclusivamente para el que lo comete, también se comparte un porcentaje importante con el superior jerárquico o con los compañeros de trabajo, mientras que los ejecutores del acto acaban pagando pocas, pero algunas veces; los superiores, pues prácticamente nunca.
El punto es cómo evitar a estos llamados “fusibles”, es decir, aquellos que acaban pagando una culpa y evitan que la investigación llegue a los superiores. La propuesta es atacar las redes de corrupción generando incentivos para generar testimonios e información y evidencia contra todos los participantes.
La presente iniciativa tiene como objetivo incentivar la denuncia de la cadena jerárquica de corrupción, dando al servidor público que esté bajo proceso y que aporte información, testimonio y evidencia sobre la participación de sus superiores, compañeros o subalternos, y dependiendo de la utilidad de la misma y a criterio del juzgador, un beneficio de reducción de su pena entre el 20 y el 70 por ciento.
En países como Brasil y Guatemala, mediante mecanismos legales de esta naturaleza, se han podido escalar las investigaciones en casos de corrupción para llegar a los niveles más altos de gobierno, combatiéndola con eficacia de abajo hacia arriba, llegando al nivel presidencial, cosa que en México hasta hoy es impensable.
Brasil sentó su primer precedente con el escándalo llamado “Mensalão”, un esquema de corrupción donde se usaban fondos públicos para pagar sobornos al Congreso con la aprobación de propuestas cruciales para el gobierno.
La investigación duró del 2005 al 2012 y resaltó en sentencia condenatoria de políticos, banqueros y empresarios, entre ellos el jefe del gabinete de Lula, un ex jefe del Partido de los Trabajadores, líderes sindicales y el ex director del Banco de Brasil.
Otra operación llamada “Lava Jato”, involucró a 150 miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno Brasileño que enfrentan graves cargos frente al Tribunal Supremo de Brasil, por soborno, corrupción y lavado de dinero por un monto de cuatro mil millones de dólares.
En el proceso de investigación se descubrió que un grupo directivo de grandes empresas repartió un porcentaje de cada obra para Petrobras a cambio de sobornos para políticos y funcionarios de alto rango, además de que contribuyeron a financiar campañas y otros gastos políticos.
La clave de esta investigación ha sido precisamente que los indiciados aceptaron colaborar con información de otros involucrados a través de beneficios en su sentencia.
Otro caso destacado es el llamado “La Línea” en Guatemala, en mayo del 2014, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad de aquel país, comenzó una investigación después de recibir reportes de que un grupo de importadores con ayuda de oficiales aduaneros, falsificaron documentos para pagar sólo el 40 por ciento de impuestos, destinando un 30 por ciento a sobornos y el restante a la evasión fiscal.
Los ejemplos de lo ocurrido en estos dos países nos muestran la importancia y la urgencia de que nuestra legislación cuente con una herramienta para que las investigaciones puedan verse complementadas de manera adecuada y precisa, sin que la responsabilidad quede en un mando inferior.
En tanto no contemos con estructuras de investigación con esta clase de fortaleza, muchos casos como los que todos conocemos, seguirán quedando impunes o permanecerán en la duda absoluta sobre la legalidad de sus actos.
La propuesta de iniciativa que presento ha denominado el primer acuerdo en relación a la voluntad de un funcionario de confesar para llegar a un acuerdo con la autoridad judicial y reducir su pena por los delitos cometidos.
Esta iniciativa adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal, y el artículo 207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales.
En el artículo 213 Ter que se adiciona, se establece que el primer acuerdo es el beneficio que pueda obtener un servidor público indiciado cuando aporte información, testimonio o evidencia sobre la participación de sus subalternos, superior o compañeros en los delitos vinculados a corrupción.
Hay otra alternativa que es que, antes de iniciado el procedimiento administrativo o penal en su contra, pueda confesar y también recibir este beneficio.
De aprobarse estas sanciones y de aprobarse estas reformas, no sólo será posible sancionar a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de los delitos.
Esta es una de las prácticas más exitosas a nivel internacional para combatir a las redes de corrupción.
Con esta propuesta reforzaremos el Estado de derecho y podremos facilitar una sanción adecuada a los funcionarios que cometan o se vean implicados en actos de corrupción, sin importar su nivel jerárquico, a motivar la denuncia de los más altos jerarcas, donde se generan estos delitos.
Por esto solicito que esta iniciativa se incorpore al paquete de medidas contra la corrupción, y estoy seguro de contar con su apoyo porque es lo correcto, es útil y es armónico con nuestro marco jurídico.
Es cuanto, señora Presidenta.
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