- Propone adecuar las legislaciones para establecer un régimen de sanciones.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso medidas para erradicar la violencia obstétrica que llega a presentarse en los servicios de salud, tanto en el sector público y privado, estableciendo mecanismos que permitan sancionar a aquellos que incurren en este tipo de acciones.
Con el fin de combatir esta infracción, la integrante del Grupo Parlamentario del PRD propuso establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera puntual, los aspectos mínimos por los que deba actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia ginecobstétrica en los servicios de salud del país.
Al exponer su propuesta, Cuéllar Cisneros detalló que se debe evitar omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas; obligar a la madre a parir en una posición incómoda y obstaculizar el apego inmediato del menor con su madre.
Además, inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de la mujer, y que se le niegue la libertad elegir entre un parto natural o una cesárea.
“Las legislaturas de los Estado llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no sólo a hombres sino también a mujeres en ejercicio de sus funciones en el área de la salud”, señaló.
Advirtió que a pesar de que existe normatividad orientada a reducir este tipo de violencia como la Norma Oficial 007, pocas veces se monitorea esta práctica o se aplican sanciones ante la falta de denuncias por parte de las víctimas, ya que en muchas ocasiones las mujeres guardan en silencio todo el tipo de abusos que han sufrido.
La senadora por el estado de Tlaxcala argumentó que con su iniciativa se busca complementar el esfuerzo del concepto de erradicación de violencia obstétrica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al establecer las pautas de conducta sobre las que debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia ginecobstétrica, ya que este problema que persiste en la sociedad.
“Datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, calculan que al menos 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de este tipo de violencia y enfatiza que alrededor del 46 por ciento de nacimientos durante el 2014 fueron cesáreas, lo que permite concluir que esta práctica se está generalizando a pesar de que debe ser considerada solo en algunos casos”, explicó.
Por ello, sostuvo que es un problema que limita también la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre sus derechos reproductivos y conlleva una serie de elementos que incluyen tratos inhumanos y crueles, discriminación, exclusión, y condicionamientos sobre medicalización, entre otras conductas nocivas.
“Estas características impiden un sano ejercicio de servicios de salud en México, donde además, si consideramos que cuentan con capacidad operativa rebasada tanto en infraestructura como en personal, vemos impedida la atención adecuada hacia las mujeres que atraviesen por episodios obstétricos de salud”, dijo.
Finalmente, Cuéllar Cisneros recordó los señalamientos que organizaciones especializadas en la materia han manifestado por la carencia de políticas públicas que eliminen las acciones o descuidos de parte del personal del servicio de salud que causen daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o postparto.
“El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, suscrito por la Secretaría de Salud, señala la necesidad de implementar políticas públicas con visión de futuro, donde la meta sea garantizar excelentes servicios y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres”, refirió.
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