El senador Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que las asociaciones público-privadas se ha distorsionado y ha incurrido en el abuso en demérito del patrimonio de los bienes y el erario público de nuestro país.
Al presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, el legislador destacó también la gran opacidad en que se desarrollan estos instrumentos de inversión.
“Este tipo de asociaciones ha representado hasta ahora una subordinación del interés público al interés privado y al mismo tiempo se mantiene una enorme opacidad en el desarrollo de este tipo de contratos”, afirmó.
El mexiquense aseveró que quienes instrumentan este tipo de asociaciones no lo conciben como un instrumento para fortalecer los bienes públicos sino como continuidad del proceso de privatización.
“Y de esta forma de han venido delegando al sector privado funciones sustantivas que corresponden al ámbito de gobierno en materia de educación, de salud, de seguridad pública entre otros factores, a lo que se adiciona, lamentablemente, la existencia de intermediarios financieros que han incrementado de manera significativa el costo del desarrollo de infraestructura”, advirtió.
Alejandro Encinas añadió que si bien se han generado carreteras, escuelas, hospitales, prisiones y construcciones de gobierno, lamentablemente hay evidencias sumamente negativas de opacidad e incrementos en los costos, como ejemplo mencionó al Hospital de Especialidades de Zumpango y el Circuito Exterior Mexiquense.
“Uno de los temas fundamentales es garantizar la transparencia en el establecimiento de estos convenios que no pueden ser en agravio de los bienes y el erario público, deben fortalecer la infraestructura, el equipamiento y todo lo que es el desarrollo de nuestro país”, añadió.
El senador del GPPRD puntualizó que con el artículo 24 de esta ley se elude la responsabilidad para que se presente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por parte del Ejecutivo, los contratos de asociación público-privada que se van a desarrollar.
“No se van a presentar ni van a ser aprobados por la Cámara de Diputados, lo que conculca la capacidad de fiscalización, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Auditoría Superior de la Federación, dejando en manos de la Secretaría de Hacienda un gran paquete discrecional y de opacidad en el tema”, condenó.
Además, el artículo 12 incorpora dentro de las dependencias que pueden establecer contratos de asociación público-privada a los órganos reguladores coordinados en materia energética.
“El problema es que el margen que abre esta reforma a que los órganos reguladores puedan establecer contratos de asociación en las materias en las cuales sólo pueden regular, ellos mismos otorguen concesiones y otorguen contratos”, subrayó.
Encinas Rodríguez aseguró que este tema será cuestionado ante la Corte.
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