Ante la pérdida de credibilidad de las instituciones que llevaron a cabo las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, la senadora Dolores Padierna sostuvo que es preciso eliminar obstáculos y transitar de las palabras a los hechos.
Al participar en el debate sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la vicecoordinadora del PRD aseguró que la información proporcionada por el grupo de expertos del CIDH reveló que la PGR omitió información valiosa para la investigación, torturó personas para obligarlas a confesar y manipuló peritajes.
“Todo ello para fabricar una verdad histórica que no se sustenta con pruebas científicas”, dijo.
En ese sentido, para avanzar y evitar que sean los mismos funcionarios los que sigan contaminando la investigación, es necesario atender la propuesta de los familiares de los normalistas desaparecidos para crear dos unidades especiales: una que implemente un nuevo esquema de búsqueda, actualice el mapa de fosas clandestinas y redirijas las investigaciones.
Y otra que investigue las responsabilidades y las denuncias de tortura presentadas por algunos de los detenidos; “se puede hacer la fiscalía especial que propone el PRD y en esa fiscalía abrir estas dos unidades especiales que solicitan los familiares de los normalistas”, agregó.
“Peña Nieto debe una explicación a la nación y a la opinión pública nacional e internacional sobre las mentiras que inventó su gobierno; la farsa de la verdad histórica no puede quedar impune”, expresó.
Por ello Dolores Padierna reiteró que Jesús Murillo Karam y todos los funcionarios implicados en la investigación deberían tener un proceso en su contra y ser sancionados.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos debería iniciar ya sendos procesos de investigación y eventual sanción contra los servidores públicos que por acción o por omisión han impedido el efectivo acceso a la justicia”, añadió.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que lo sucedido en Iguala hace un año trasciende el ámbito local y da cuenta de la mayor crisis de violación de derechos humanos en el país, así como del nivel de descomposición, corrupción e impunidad que permea en todos los niveles de gobierno.
“Iguala es sólo el reflejo de un gravísimo problema de desapariciones forzadas, donde en los últimos años, y lo reconoce la propia Secretaría de Gobernación, en nuestro país se han registrado 25 mil 700 personas desaparecidas; esa es la dimensión de la crisis en que se encuentra el Estado mexicano”, apuntó.
Respecto a las conclusiones presentadas por el GIEI, el legislador por el Estado de México coincidió en que éstas demolieron la poca credibilidad con la que contaban las instituciones impartición de justicia, pues acreditan que las autoridades mintieron.
“Nos mintieron a todos los mexicanos. Mintieron en su verdad histórica y en su verdad jurídica, mintieron, manipularon e hicieron todo lo posible por borrar toda huella y todo rastro de los hechos ocurridos en Iguala y en Cocula”, enfatizó.
Encinas Rodríguez se pronunció contra la impunidad y a favor de que se castigue a los autores intelectuales, “sean dirigentes del partido que sea, sean representantes populares, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, o las autoridades de las corporaciones de policía o de cualquier gobierno involucrado”.
Y pidió respuesta a 7 hechos concretos que constan en la investigación, como la participación de la Policía Federal de Caminos y de policía ministerial en la detención de uno de los camiones y el esclarecimiento del asesinato y desollamiento del estudiante Julio César Mondragón.
Finalmente, dijo que lo ocurrido en Iguala no fue un hecho fortuito o de un error, sino de una emboscada debido a que participaron todas las corporaciones policíacas del gobierno municipal.
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