VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA SOBRE EL TEMA DE AYOTZINAPA
Sen. Dolores Padierna Luna: “Yo lo que puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga la fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz. Lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradeceré a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar, hasta encontrarlos”, palabras de un familiar de los jóvenes desaparecidos.
La información proporcionada por un grupo de expertos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resultó ser demoledora, ya que el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República omitió procesar información valiosa para la investigación, torturó personas para obligar a que confesaran, manipuló peritajes, todo ello para “fabricar una verdad histórica” que no se sustenta con pruebas científicas, esto lo dice los expertos.
Pena Nieto debe una explicación a la nación y a la opinión pública nacional e internacional, sobre las mentiras que inventó su gobierno. La farsa de la verdad histórica no puede quedar impune, en cualquier nación democrática, la mentira institucionalizada ya habría costado la caída del gobierno.
A unos días de cumplirse un año de la tragedia que ha marcado la historia de este país, las voces de los familiares hablan del dolor ante la desesperación de no conocer el paradero de los jóvenes y la esperanza que tienen de encontrarlos, pero también, sus voces hablan de enojo ante la pérdida de confianza por la intervención de las fuerzas de seguridad de los tres órganos de gobierno en los hechos y por el actuar doloso de la PGR al ocultar información y pretender una verdad que no sostiene.
Según la PGR fue Abraca y su esposa que además están en la cárcel por el asesinato de nuestro compañero Arturo Hernández Carmona y las pruebas se las llevamos nosotros, no está encerrado Abarca y su esposa por otra razón, esto lo quieren minimizar a que la culpa la tuvo un alcalducho de mala muerte.
El informe de los expertos habla de 19 alcaldes y no sabemos dónde están esos otros alcaldes, pero sinteticemos para referir lo que decía mi compañero Armando Ríos Pitter: la responsabilidad es del Estado.
Ahorita, la investigación está radicada en la responsabilidad de los servidores públicos que actuaron de manera dolosa para no investigar el caso.
Hoy tenemos la oportunidad para asumir ese compromiso como Estado, como nación de cara a la comunidad, buscando a los normalistas, encontrando la verdad, respetando los derechos humanos de las víctimas y en un acceso verdadero a la justicia.
Aquí pueden señalar al que quieran, pero no pierdan de vista que el verdadero objetivo de esta discusión es eliminar obstáculos estructurales, mover voluntades y transitar de las palabras a los hechos.
En primer término, debe dejarse claro que no pueden ser los mismos servidores públicos que contaminaron la evidencia, que torturaron, que omitieron procesar información, que manipularon datos pruebas, que pretendieron engañar a las familias de los normalistas y a la sociedad, quienes continúen investigando los hechos.
Más aún, aquellos que ya dejaron sus funciones, como el ex procurador Murillo Karam tienen que ser investigados y sancionados, a estas alturas la visitaduría de la propia PGR tendría ya que habernos informado sobre el inicio de diversos procedimientos de investigación sobre la actuación de todos los funcionarios que a la luz de las nuevas pruebas científicas, construyeron una verdad insostenible, para que todos ellos, en su momento sean debidamente sancionados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con este informe del Grupo de Expertos, debería iniciar ya, sendos procesos de investigación y eventual sanción contra los servidores públicos que por acción o por omisión han impedido el efectivo acceso a la justicia.
Para avanzar en este sentido y para evitar que sean los mismos funcionarios quienes sigan contaminando la investigación necesitamos que se haga caso a la propuesta de los familiares de las víctimas.
Las familias de los normalistas han propuesto la creación de dos unidades especiales: una que se encargue de implementar un nuevo plan de esquema de búsqueda, actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala, redirigir las investigaciones y la otra especial que se encargue precisamente de la investigación de las responsabilidades y las denuncias presentadas por torturas por algunos de los detenidos.
Se puede hacer la fiscalía especial que propone el PRD y en esa fiscalía especial abrir estas dos unidades especiales que solicitan los familiares de los normalistas. La responsabilidad repito es del Estado y ahí saldrá la verdad, la responsabilidad de quienes la tengan.
Dejemos que se diseñe con especialistas y con los familiares un nuevo plan de búsqueda de los 43 estudiantes, ante la posibilidad de que algunos de ellos puedan encontrarse aún con vida, o incluso pudieren haber sido asesinados, pero en lugares distintos a los que hoy está revisado la PGR.
Además de que encausen las investigaciones a partir de la información proporcionada por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se realice una investigación exhaustiva y eficaz en donde radica verdaderamente la discusión.
Senadoras y senadores es en la forma de operación de esta fiscalía con sus unidades que estén al margen, más bien que tengan respeto, que tengan autonomía operacional y, desde luego, cuidar el perfil de sus titulares.
Termino diciendo, la PGR ya vivía una crisis de credibilidad y desconfianza por parte de los familiares de las personas desaparecidas, con el Informe de los expertos la confianza en las instituciones terminó por perderse.
Por ello, resulta indispensable que para encabezar estas instancias se pueda contar directamente con especialistas, organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas.
Justo ahí radica el reto de transitar del debate a los hechos.
Nosotros no somos Ministerio Público, ni Poder Judicial, como legisladoras y legisladores es como podemos iniciar un proceso de seguimiento y de revisión a la investigación que tendrá que desarrollar la PGR en su interior y deslindar responsabilidades en el tratamiento de este caso.
Pues no podemos quedarnos simplemente mirando sin actuar ante las serias violaciones al debido proceso y a la violación sistemática de derechos humanos que está completamente documentada.
Aquí, en esta discusión compañeras y compañeros, no perdamos la mira, no perdamos el objetivo real de esta discusión: no a la impunidad, sí al acceso a la justicia, sí a la reparación del daño, sí a la implementación de medidas reales para su no repetición.
Gracias.
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