Luis Sánchez Jiménez (LSJ). Señoras y Señores Senadores.
La discusión que hoy reinicia el Congreso de la Unión sobre las leyes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, es en realidad la discusión sobre el proceso, sobre los ritmos de extinción de la empresa pública en México, según la propuesta que ha presentado a esta Soberanía el presidente Enrique Peña Nieto.
Con esa decisión, históricamente el titular del Ejecutivo ha pretendido abordar el porvenir del país poniendo por delante el negocio privado, la predominancia del mercado por encima de la organización de un proyecto nacional anclado en el uso estratégico de la riqueza energética del país para el beneficio de todos los mexicanos.
El Partido de la Revolución Democrática ha insistido en distintas ocasiones en advertir que la opción adoptada por el presidente Peña Nieto, junto a los legisladores del PRI y del PAN, es un salto hacia la polarización social y hacia la inestabilidad estructural de la economía. Pues el acuerdo voluntarista que ha formado mayoría panista y priista va en contrasentido no sólo de la historia política y social que dan cuerpo a nuestras instituciones, sino de las tendencias del actual mundo globalizado.
La empresa pública en todo el mundo es un instrumento que el Estado asume para impulsar el desarrollo, ante la ausencia o ineficiencia de actores capaces de asumir el progreso social y desarrollo nacional como tareas fundamentales.
Así ocurrió en México, en el periodo cardenista de los años treinta, con la electricidad y el petróleo pero también, en la misma década, en Estados Unidos, donde Franklin Delano Roosevelt pondría en pie la Ley de Empresas de Servicios Públicos (PUHCA), que lograrían llevar la electricidad al medio rural e impulsar el consumo urbano con tarifas hasta un 30 % más bajas que las empresas privadas, rompiendo el control que había frenando la electrificación y la expansión de la demanda de electricidad en esa nación. Esto en EU señoras y señores senadores.
En Europa, Canadá, América Latina o Asia la empresa pública es una realidad vigente, como instrumento del Estado para garantizar que los servicios públicos esenciales mantengan su acceso universal y no dependan de tendencias del lucro particular o de vaivenes de la bolsa de valores; para asegurar el control y aprovechamiento pleno de recursos estratégicos, o incluso para lograr posiciones ventajosas en el desarrollo científico- tecnológico dentro de la economía global.
Quizá el caso paradigmático de lo que aquí se describe es Noruega. Antes de los sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera. Cuando en 1969 se descubrió EKOFISK, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente captó el mensaje de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte, Statoil, que con su propia tecnología fuera capaz no sólo de desarrollar sus campos, sino competir en la industria internacional.
Ante la falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia tecnológica. Por cada ingeniero de las trasnacionales, debía haber por lo menos dos de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. Ahora, pueden negociar términos más ventajosos con las petroleras internacionales, pues si éstas exageran sus pretensiones siempre pueden acudir a Statoil para desarrollar sus yacimientos. Nada similar se encuentran en las Iniciativas presentadas y eso que el caso noruego fue una bandera discursiva para comparar con México. Creo, más bien, que tomaron el caso noruego para hacer todo lo contrario.
A contra corriente, la propuesta del Titular del Ejecutivo que hoy discutimos y los más de 100 cambios que el PRI y el PAN han incorporado al dictamen, radicalizan la orientación para neutralizar, desmembrar y hacer inviables a dos instituciones que durante los últimos 75 años han sido fundamentales para garantizar la soberanía energética de la nación, la viabilidad económica del Estado y confort de las familias mexicanas.
Por todo esto es que a nombre de mi fracción parlamentaria expongo a la Nación las siguientes consideraciones:
1. El primer objetivo de la propuesta del presidente Peña Nieto es reducir la misión y el objetivo de ambas empresas, al circunscribirlas a una función estrictamente económica: obtener la mayor rentabilidad para el Estado (Art. 4 de ambos proyectos de ley). En el caso de CFE, además, se le impone propósitos que corresponden al regulador: “garantizar el acceso abierto a las redes de transmisión-distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia”.
En nuestra opinión, Pemex y CFE tienen objetivos de mayor trascendencia: como pudiera ser contribuir prioritariamente para garantizar la seguridad energética de la Nación y asegurar un abasto suficiente y a precios accesibles de combustibles, insumos y electricidad para el confort de las familias mexicanas, los servicios y la industria.
Para lograr los objetivos anteriores se requiere que Pemex y CFE modernicen y perfeccionen la actual estructura industrial que poseen, no que la desaparezcan.
2. Sin embargo, el segundo propósito del proyecto que presenta el dictamen es romper la integración industrial de Pemex y CFE. Separar sus actividades como negocios independientes a través de una estructura corporativa donde las subsidiarias se encargarán de las actividades que el Artículo 28 Constitucional identifica como estratégicas y el resto, es decir la refinación, la petroquímica, el transporte, la comercialización; la generación de electricidad, su transformación y el suministro minorista, se operarán a través de empresas filiales.
Este es un cambio que el día de ayer se introdujo con una claridad que no tenía las iniciativas originales de Peña Nieto.
Es un esquema corporativo donde las empresas filiales o serán consideradas no paraestatales y, en consecuencia, para estos negocios Pemex y CFE podrán entrar en asociación incluso minoritaria con particulares.
Siendo claros, el diseño propuesto no proviene de una necesidad tangible dada por la debilidad de Pemex o CFE. Es, por el contrario, una decisión ideológica de disminuir la magnitud de nuestras empresas estatales para abrir espacio a inversionistas privados.
Esta intención manifiesta de romper la integralidad industrial de Pemex y CFE no sólo fragmentará sus cadenas de valor y las hará perder competitividad, el país también perderá, pues en el caso de Pemex, se transformará paulatinamente en una entidad extractiva, administradora de contratos, y dejará las actividades de transformación industrial a que otros las realicen; cancelando el anhelo que un día hubo en México por lograr un desarrollo tecnológico auto-sostenido; que se pudiera irradiar hacia un número cada vez mayor de empresas mexicanas que produjeran insumos, bienes de capital y tecnología.
Es muy probable que el modelo implícito en el dictamen sea asociar la petroquímica y la refinación con empresas extranjeras, Dejando el abasto nacional de combustibles e insumos industriales a cargo de entidades que tendrían como interés principal la obtención de rentabilidad antes que ofrecer precios accesibles para los consumidores mexicanos, o impulsar la industrialización del país.
3. La exposición de motivos de las iniciativas plantean que el gobierno busca pasar de administrador de las empresas del Estado a propietario, otorgando autonomía y flexibilidad de su estructura interna. Sin embargo, poco más de un tercio de ambas iniciativas se refieren a procesos de administración donde los actores predominantes son funcionarios públicos.
Podría decirse que, contrario de lo que anuncia el discurso gubernamental, su iniciativa y las correcciones del dictamen acentúan la injerencia administrativa del gobierno y hace, de Pemex y CFE, más que empresas productivas del Estado, empresas del presidente Peña Nieto.
Como lo muestra con toda claridad: la organización de los consejos de administración, la definición del plan de negocios y la determinación del presupuesto, que en conjunto constituyen el núcleo administrativo del proyecto.
El Consejo de Administración está compuesto por diez personas elegidas únicamente por el Presidente Peña: cinco de ellos funcionarios de su gabinete, designados por él y cinco especialistas escogidos por él. El dictamen llega al extremo de plantear que el Senado ratifique a los cinco consejeros profesionales en ausencia o, en su defecto, por afirmativa ficta. Seguramente con la intención de diluir cualquier signo de coparticipación del Poder Legislativo. A eso están renunciando senadores del PRI y del PAN.
Este esquema anula el objetivo de otorgar autonomía a Pemex y CFE, debido que su principal órgano de gobierno estará copado por el gabinete del Presidente de la República y por individuos designados también por el presidente. Se llega al absurdo (Art.17 de Pemex y 16 de CFE) de postular que el conflicto de intereses que aparecerá entre los funcionarios públicos que serán al mismo tiempo conductores de la política energética y operadores se puede dirimir en un acto de conciencia individual.
Los artículos antes mencionados ordenan, a los funcionarios públicos que participen en los consejos de las empresas estatales, que “separen en todo momento” los intereses de la Secretaría donde trabajan, de los intereses de Pemex o CFE.
Como si fuera la voluntad de la persona la receta mágica para evitar el conflicto de intereses. Esto, señoras y señores, es más que ridículo.
Por lo tanto no habrá neutralidad ni profesionalización en la conducción de Pemex y CFE. Continuará la entrada y salida de funcionarios públicos al frente de Pemex. Sólo basta notar que en el año y medio que lleva la administración de Peña Nieto ya ha habido distintos cambios entre los Subsecretarios de Energía que tendrían como responsabilidad los Consejos de CFE y Pemex. Podría decirse que hay un claro retroceso, en términos de estabilidad, respecto al modelo anterior.
Pero lo más grave es que esa forma de funcionamiento lo que si va a privilegiar es el medio para el florecimiento de los negocios personales a costa de las empresas públicas. La concentración del poder es el elemento clave para detonar los procesos de corrupción tan añejos en la administración pública en México.
Por otra parte, no queda claro por qué en el caso de CFE participará un trabajador en el Consejo de Administración y no en el caso de Pemex.
4. Respecto a los procesos de programación o planeación económico-industrial de las dos empresas, no hay mecanismos que aseguren una orientación precisa. Por ejemplo, no se sabe si Pemex habrá de orientarse prioritariamente a lograr una determinada reposición de las reservas de petróleo crudo o gas que fije la SENER. O si se buscará la autosuficiencia en gasolinas, gas LP, ó gas natural. O si la operación de Pemex sólo se orientará de acuerdo a las señales del mercado. Si esto último fuera el caso, entonces ¿para qué requiere el país una empresa estatal?
Otra innovación que se presenta es que la evaluación anual que realizará el propietario de la empresa (Presidente de la República) será llevada a cabo por un Comisario (Art. 108 de Pemex y Art. 110 de CFE) que será propuesto por una institución de especialistas en finanzas.
Es evidente que la evaluación de la operación de las empresas estatales no tienen que ver sólo con su rentabilidad. El Congreso, aparte de conocer los resultados financieros, tendría que hacer una evaluación global y aportar consideraciones sobre los objetivos y las metas de ambas empresas, sin embargo ninguna disposición en ese sentido considera el dictamen.
5. Respecto a la autonomía presupuestal que se presume es necesario advertir que: el Art. 1o de ambas iniciativas sostiene que sólo estarán sujetas al balance financiero y al techo de servicios personales, se pudiera pensar que finalmente Pemex y CFE lograron escapar del control directo de la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo prevalecen, en lo fundamental, los mismos vínculos de control que ha tenido la Secretaría de Hacienda en todo el proceso de planeación y autorización de inversiones.
La Ley Federal de Presupuesto señala claramente, en su Art. 32, que los proyectos de infraestructura de largo plazo a cargo de las empresas productivas del Estado deberán cubrir los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda.
El Art. 50 de la misma Ley de Presupuesto sigue instruyendo que los contratos plurianuales se realizarán siempre que no afecten negativamente la competencia económica en el sector de que se trate y requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
El Artículo 22 Bis de la Ley General de Deuda consigna que las obligaciones constitutivas de deuda pública de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado Mexicano. Lo que seguramente aumentará el costo del dinero para CFE y Pemex.
Además la Secretaría de Hacienda y la empresa productiva acordarán la calendarización de las operaciones de financiamiento, cuidando que no se incremente el costo de financiamiento del resto del sector público, o se reduzcan las fuentes de financiamiento del mismo. ¿Mayor injerencia?
Lo que en otras palabras implica que Pemex y CFE seguirán dependiendo de la política de estabilización macroeconómica que en la coyuntura determine la Secretaría de Hacienda.
¿Cuál autonomía? ¿Cuál separación de PEMEX por parte de la SHCP? Sólo discursos… mentiras.
Finalmente, la ley de ingresos de cada año se integrará con el dividendo estatal que entreguen las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias. Con ese fin la Secretaría de Hacienda intervendrá desde las fases iniciales de estimación para que este dividendo responda a los escenarios que proyecte la Secretaria y no a las posibilidades o necesidades de expansión que requieran las actividades sustantivas de Pemex y CFE.
De este modo, por su magnitud, el dividendo estatal que pagará Pemex y CFE, seguirá siendo la llave que cuadre el equilibrio anual de las finanzas del Gobierno Federal. Tal y como ha ocurrido en el pasado.
Pemex y CFE están en la peor perspectiva imaginable: desintegradas, reducidas en su tamaño, sujetas a una fuerte competencia con grandes empresas internacionales y; además, controladas en sus ingresos y sus inversiones, por un gobierno incapaz para impulsar el crecimiento de la economía nacional y sediento de ingresos para paliar los conflictos sociales derivados del desempleo y la carencia de oportunidades de la mayoría de la población.
Finalmente, es indispensable señalar que el esquema corporativo propuesto en el dictamen, según el cual las filiales de Pemex y CFE al asociarse con particulares, cederán en la propiedad y el control de las entidades públicas. Lo que tratándose de actividades consideradas como estratégicas serán violatorias de los artículos 25 y 28 constitucionales.
La reforma de Pemex y CFE, paradójicamente, se da en un momento en que más allá de deficiencias superables, ambas instituciones atraviesan una situación positiva y una gran potencialidad: Pemex contribuye, como nunca en su historia, en su aporte al ingreso del Estado.
Comisión Federal de Electricidad mantiene una margen de reserva operativo superior al 40% de las necesidades de electricidad del país y, si le reducen los precios indebidos del combustóleo podría bajar de manera sensible las tarifas que ofrece al país.
Por todo lo señalado sólo queda afirmar que el motor que mueve estos cambios están muy lejanos de velar por el bien de la Nación.
El motor que mueve aniquilar a PEMEX y CFE es la corrupción. La posibilidad de hacer negocio, de crear más adelante sus propias empresas o asociarse con las empresas que vendrán a competir con las nuestras. Es hacerse indebidamente de la riqueza energética de todas y todos los mexicanos.
Corrupción que les ha movido en el sector energético desde siempre y que ahora acarician como una realidad.
Muchas gracias.
