Intervención de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC). Gracias, señora presidenta.
Celebro la presencia del doctor Raúl Plascencia, sea usted bienvenido. Y de la misma manera la compañía de mis compañeras senadoras y senadores; así como también de los colaboradores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sean bienvenidos, y de las organizaciones que vienen representando distintas organizaciones.
Me parece que al día de hoy tenemos una agenda de trabajo muy amplia, por la relevancia que los temas que en materia de derechos humanos nos competen el día de hoy, y que han impactado fuertemente en la opinión pública en nuestro país durante los últimos meses. Y esto me parece lógico, puesto que la Reforma Constitucional del 2011, revalorizó el contenido de los tratados internacionales dentro del Marco Jurídico Mexicano.
Con esto, a la par que se establecen derechos, también se hacen obligaciones particulares y generales, a la luz de las cuales deben ser y han sido leídos los derechos. Me remito, particularmente, al párrafo tercero del artículo 1º de nuestra Carta Magna, donde se establece que “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Estos principios son los mismos que se observan en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y traen consecuencias no sólo para los integrantes del Poder Judicial; sino para el Poder Ejecutivo y Legislativo también, ya sea a nivel federal, estatal, municipal.
Es por ello que me parece se suscitan varios cuestionamientos hacia el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; porque no podemos permitir que la defensa de los derechos humanos caiga en la simulación o como paliativo de las acciones institucionales de las autoridades o gobiernos.
Si bien es cierto que en nuestro país tenemos problemas para que los ciudadanos conozcan sus derechos, también lo es que muchas autoridades se vean omisas en respetarlos.
En Tlaxcala, yo vengo de Tlaxcala, como ustedes saben, represento a mi estado y tenemos muchos casos. Usted lo sabe, doctor Plascencia, he acudido de manera personal con varios asuntos; muchos de estos casos en donde los litigantes defensores o juzgadores no han cumplido con sus obligaciones.
Quiero comentar que hay un caso ahora en la cabecera municipal de Totolac, durante las fiestas patronales hubo un problema de una explosión de un cohete, y de manera violenta fueron golpeadas varias personas y de manera impune varias de ellas fueron remitidas al reclusorio sin ninguna explicación y hasta el momento siguen detenidas.
Así como ese caso, usted conoce muchos de ellos. El caso de Tocatlán, que es un caso perverso, en donde 10 personas, 10 familiares se encuentran recluidos sin haber causado ningún delito, solamente por una situación política de un presidente municipal, de una Cabecera, y que hasta la fecha, aunque yo lo expuse en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no ha habido todavía respuesta, a cuatro meses de que estas personas hayan sido detenidas.
Casos en donde las autoridades rompen los amparos, por ejemplo, en mi Estado, y no hay quien pueda hacer nada para poder de alguna manera apoyar a las personas que se sienten agraviadas por estos delitos de las autoridades.
Y sobre todo el caso de trata de personas que en mi Estado es un atentado terrible hacia nuestras jóvenes y es un problema latente y desgraciadamente que está muchas veces en complacencia de las autoridades.
Yo sí quisiera comentar que recibimos también varias denuncias de organizaciones, de las asociaciones civiles; también el caso de Irma, de la mujer indígena de Oaxaca, que también ya mencionó la senadora Lucero.
Tenemos también el caso irregular de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, durante el 2010, donde se ha denunciado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación emitida sobre el caso, no buscó documento ni escuchó a las familias de las 72 personas asesinadas, ni tampoco estableció en dicha recomendación medidas de reparación integral del daño.
Considero que debemos hacer a un lado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo sirve para emitir recomendaciones. Hay muchas atribuciones más que puede hacer la Comisión. Ahorita a mí me espantó el dato de que de 348 mil casos sólo haya habido 86 recomendaciones. Yo creo que tenemos mucho que hacer.
Yo concluyo con una reflexión: Me parece que desde el Poder Legislativo podemos plantear una agenda para revisar tanto la Constitución como la Ley respectiva en la materia de Derechos Humanos.
Sin embargo, por mucho que avancemos la actitud, sobre todo de las autoridades, en poner orden y solución a los problemas es determinante. Es todo.
También lo felicito por algunos temas que sí se han tocado, como lo comentaban hace un momento, sobre todo de la difusión, pero sí hay que tocar muchos temas relevantes que nos están afectando y que son de gran importancia para el país. Es cuánto.
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