Intervención del senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la reunión de comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, para el análisis del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Zoé Robledo A (ZRA). Muchas gracias, senador Escudero.
No voy a dejar de sumarme al reconocimiento a este trabajo legislativo, particularmente en tres temas: el primero, al proceso abierto y plural que llevaron a cabo las comisiones y el reconocimiento a sus mesas directivas y a sus presidentes. Fue un proceso abierto y bastante plural.
Segundo, no voy a dejar de reconocer el producto legislativo que estamos discutiendo, el cual tiene bastantes avances, tiene temas muy relevantes y que, como decía Marcela, quizá incluso algunos pueden llegar a ser paradigmáticos.
Y tercero, tampoco voy a dejar de reconocer que en este proceso la política fue la que funcionó en el Senado, una política que buscó siempre convencer y no imponer. Ojalá se hiciera una práctica más común que así procesáramos absolutamente todos los temas.
Ahora, no creo que debamos nosotros cerrar al Senado a temas que le siguen preocupando a organizaciones, que le siguen preocupando a organismos internacionales, a medios de comunicación, simplemente hoy, bueno, desde ayer en la mañana hay una discusión en un medio de comunicación muy importante, con un tema que tiene que ver con algo que en las democracias está siendo práctica común y que nosotros seguimos cerrados a hacerlo.
Y esto tiene que ver particularmente con los Usell browers, informantes, nunca soplones, por cierto, ya hemos corregido el término, que curiosamente desaparecieron de nuestro dictamen.
Hay que recordar que la iniciativa original, en el artículo 214 establecía este derecho de protección a los servidores públicos, simplemente para cumplir con lo que la ley mandata, sin tener represalias por hacerlo. No tener represalias por parte de superiores jerárquicos o simplemente perder su empleo.
El tema de fondo se discutió bastante, era no solamente no sancionar a quien libere información que se había reservado de manera incorrecta, sino el tema de fondo es cómo proteger y que viniera en la ley, a aquellos servidores públicos que están en posibilidad de denunciar un acto irregular que va en contra de la República y que va en contra del interés público.
Me parece que el Dictamen carece de una justificación de por qué se limitó el 214.
Yo, desde la versión que se empezó a circular ayer y la versión que, y se hizo pública hoy en la mañana, no encuentro en ninguna parte y lo sigo buscando, cuál es la justificación para haber omitido un artículo completo de la Iniciativa original. No lo dice.
Entonces creo que es trabajo de las Comisiones y con gusto lo podemos ayudar, por lo menos dar una explicación. Es lo menos que merecen todas estas organizaciones, empezando entre otras, por el Artículo 19, Transparencia Mexicana, que cuando vinieron aquí, Eduardo Bojórquez hizo todo un planteamiento respecto a la importancia de que en la Iniciativa hubiéramos incorporado la protección a los informantes.
Sí quiero decir que en la discusión que se dio en los grupos de trabajo, en el grupo redactor, incluso en las comisiones a las cuales yo no formo parte de ninguna y que les agradezco me hayan invitado a algunas de sus reuniones, también habíamos establecido ya un criterio para ceder a las preocupaciones que pudiera haber e un mal uso de esta herramienta porque es una preocupación justa también.
Habíamos establecido una redacción incluso que iba un poco más allá de la original de la Iniciativa que decía que en caso de no comprobarse el cumplimiento de las causales referidas a ese Artículo, pues el servidor público que divulgara de manera indebida, ahí sí, información reservada, debería de sujetarse al régimen de responsabilidades aplicable. Sin embargo sigue ausente.
Quiero dejar en claro aquí que creo que cale la pena hacer un esfuerzo.
Tenemos ya una reserva lista para presentarse en estas comisiones y en el Pleno, de ser necesario, por una razón, que creo que hay que ser sensibles:
La desaparición del 214 y de la figura de garantías para los informantes que por interés público y de buena fe, revelan información que se reservó de manera incorrecta, no van a desaparecer.
No van a desaparecer porque desaparezcan de la ley. En el país seguirán habiendo servidores públicos nobles que sigan entendiendo su responsabilidad de alertar a la sociedad.
Y lo van a hacer porque ya hay otras herramientas desde los medios de comunicación, desde plataformas tecnológicas como “México Leaks”, que están ofreciendo esa seguridad y garantía de anonimato.
Yo creo que no deberían de ser ellos quienes la estuvieran garantizando sino nosotros y la propia ley.
Lo sigo creyendo y si bien reitero mi reconocimiento al producto legislativo, al proceso legislativo, al triunfo de verdad de la política en el tema de la transparencia en el Senado, no puedo dejar de mencionar que es, de verdad, que ahí sí no coincido con Marcela, y no me gusta no coincidir con ella, pero en esto no coincido con ella si hay un retroceso.
Y ese retroceso tiene que ver con la posibilidad de otorgarles garantías a quienes están dispuestos a defender la democracia desde sus posiciones cuando encuentran un tema indebido.
Casos en el mundo sobran para ver cómo esta protección ha servido para evitar torturas, para evitar malos argumentos para ir a la guerra en otras partes del mundo, bueno, hasta para derrocar regímenes antidemocráticos.
Entonces creo que vale la pena, en estos últimos momentos, a punto de alcanzar un producto final de verdad emblemático para el Senado, que hagamos un esfuerzo final en este tema en particular.
Muchas gracias y muchas felicidades nuevamente.
