Ciudad de México, jueves 12 de abril, 2018
INTERVENCIÓN EN TRIBUNA
Que ningún hombre o mujer pueda aspirar a cargo de elección popular si está en el padrón de deudores morosos de pensión alimenticia, propone Iris Vianey Mendoza
Intervención en tribuna de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Civil Federal y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Iris Vianey Mendoza Mendoza (IVMM): Quiero tocar un tema. Quiero pedir un minuto de silencio en memoria de Maribel Barajas quien fuera candidata por el Partido Verde Ecologista de México a diputada local por el distrito de Mújica.
Y hacer un recuento, según datos de la Consultora Ethel, hasta el día de hoy, desde el día 8 de septiembre al 8 de abril, tenemos en resumen 173 agresiones dirigidas a candidatos.
Nunca en la historia de nuestro país habíamos diputado tantos espacios públicos, alrededor de 3 mil, entre gobernadores, diputados locales, diputados federales, alcaldes, síndicos y regidores.
Hoy tenemos 78 candidatos asesinado, con Maribel se suma uno más y tenemos 79.
Les pido, por favor, guardar un minuto de silencio para exigir justicia por este crimen de odio y crimen contra los políticos, que hace alrededor de 4 años yo les comentaba que han convertido a la política una actividad de alto riesgo.
Intervención del Presidente de la Mesa.
IVMM: Hoy vengo ante ustedes para presentar una iniciativa en la que trabajamos diversas senadoras y senadores de distintos partidos políticos. Hoy la signas 48 senadores.
Me gustaría que después de escuchar nuestro planteamiento, algunos más se sumaran a esta iniciativa muy noble, que tiene por objeto que quienes aspiremos, seamos hombre o mujeres, a ocupar cargos de elección popular, no debamos pensión alimenticia con orden judicial.
Esto nos obligaría a crear un padrón único de deudores.
En ese sentido les puedo comentar que a nivel internacional el Estado Mexicano ha adquirido una serie de compromisos en lo referente a los derechos de la niñez. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 25 y 11.
Por su parte la Convención de los Derechos del Niño es enfática en establecer que respeten estos derechos; así mismo y con mayor precisión, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, de la cual México es Estado parte, esta misma que señala que toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación.
Como consecuencia, la firma de esos tratados internacionales conlleva a que los niños y los jóvenes tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y la obligación a que todas las medidas sean adoptadas por el Estado para atender el interés superior.
Asimismo, la obligación del Estado Mexicano de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de la niñez. Lo anterior, lo encontramos plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que a la letra señala:
«(…) en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez».
Les voy a dar un poco de estadísticas del INEGI, en las que hoy nos encontramos que en México el 67.5% de madres solteras no reciben pensión alimenticia; es decir, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia; en el 91% de los casos los acreedores son hijos; mientras que en 8.1% son esposa e hijos y esto ocurre en ocasiones por que la parte obligada, miente en cuanto a su percepción de ingreso con tal de no cumplir o cambia de empleo y no da aviso o se coloca en estado de insolvencia de forma intencional.
A estos datos quiero agregar algunos sobre los divorcios que hay en México, han ido en considerable incremento, hoy podemos decir que los divorcios son mayores que los matrimonios, entre el 2000 y el 2015 el número de divorcios aumentó 136.4%, mientras que el de matrimonios se redujo en 21.4 por ciento.4
Situación que deriva en muchos de los casos en que a raíz de la separación se genere el inicio de un proceso de pensión alimenticia en un juzgado familiar. En aumento la pensión alimenticia tanto hombres como para mujeres.
Por lo tanto, hoy proponemos esta reforma a tres distintos ordenamientos, que no es Reforma Constitucional, pero que tiene un espíritu muy noble.
Resulta trascendental crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a nivel federal, esto como un mecanismo que ya se encuentra en la legislación local como lo es el caso de la Ciudad de México y que sirve como un medio de protección ante el incumplimiento de la obligación alimenticia con orden judicial.
Por este motivo se propone reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal.
Por otro lado, a la luz de la profunda crisis de valores que existe en la sociedad y en el sistema político del país y en vísperas de la coyuntura electoral y a posterior otros eventos de elecciones políticas, elección de autoridades y distintos cargos, es que venimos a proponerles esta reforma para que ningún hombre o mujer mexicano pueda ser electo a ningún cargo de elección popular si está en el padrón de deudores morosos.
Porque esto nos habla de que tendríamos servidores, funcionarios públicos, legisladores que no cumplen con la obligación básica mínima que es sustentar a los hijos que engendraron voluntaria o involuntariamente.
Entonces, lo dejo a su consideración y muchas gracias.
