La detención de Humberto Moreira en Madrid fue inesperada, pero a nadie sorprende por los antecedentes de los procesos seguidos a sus cómplices en Estados Unidos y la amplia cobertura que ha tenido en los medios.
El imputado o el investigado Moreira —como en lo sucesivo nos referiremos a él para evitar adjetivos que prejuzguen sobre su calidad jurídica o personal— fue detenido por el gobierno español por blanqueo de capitales, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho, que se suman a los investigados en Estados Unidos por una red de desfalco de fondos públicos y también por lavado de dinero que supuestamente operó en el estado de Coahuila.
A nadie puede sorprenderle que en 2013 Forbes posicionó a Moreira en el número siete de las personas más corruptas de México. A decir del diario El País, el gobierno del hoy imputado Moreira “pasó del populismo a la cleptocracia”.
Tampoco es de sorprender que nuevamente las acciones contra la corrupción y el delito en México vienen del exterior. Todo el mundo lo sabe, primeras planas de periódicos nacionales, consignados y procesos en Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas son ciegas, cómplices o incapaces.
La gran paradoja: el mundo lo denuncia, lo señala y actúa, y para las autoridades mexicanas es invisible, sólo omisión por incapacidad o complicidad. Es vergonzoso que en el mundo se combata más la corrupción en México que en México. En México no pasa nada.
El caso del imputado Moreira es la prueba de la incapacidad del Estado mexicano de combatir la corrupción. Pero no es un caso aislado, hay un problema de corrupción y complicidades en los gobiernos estatales. No voy a generalizar. Hay exgobernadores que hoy tienen actividad pública o privada intensa, que viven en la serenidad de la paz de la conciencia.
Pero también hay gobernadores bribones, cuyas fechorías son de todos conocidas, sin que haya una acción del Estado. De 2000 a 2013 fueron exhibidos 71 casos de corrupción de 41 gobernadores, pero de éstos, sólo cuatro fueron castigados; los niveles actuales de corrupción e impunidad que enfrenta el país lo han afectado en su economía y nuevas inversiones, según revelaron los reportes del IMCO y el CIDE.
Cuando menos cuatro exgobernadores son investigados o procesados actualmente por autoridades estadounidenses. Y otros cuatro han sido procesados penalmente en México en los últimos años. Un elemento fundamental de la corrupción nacional es la impunidad de los gobernadores.
Debemos guardar cuidado del mensaje que se le manda a una sociedad con una fe en las instituciones menguante. ¿Qué se les va a decir? ¿Que seamos pacientes? ¿Acaso una apología de su “buen gobierno” son “sus logros”? Macarela de argumentos frente al tiburón de la realidad.
¿Qué se siembra con un silencio cómplice? Siendo pragmáticos, ¿qué sentido tiene la apuesta de tamizar, mirar a un lado o esperar la explicación convincente que se sabe que no va a llegar? ¿Esperar a que pase? Falta todavía lo que el gobierno norteamericano arroje sobre el caso del imputado Moreira. ¿Qué se avanza en una solidaridad que toca las mismas notas que la complicidad?
La esencia de estos males está en la incapacidad de reconocer la maldad en el compañero, creer, tener fe, adoptar como principio que la militancia redime y es el bálsamo que alivia y atenúa los delitos.
Es de destacar la presencia de voces sensatas y brillantes como la de doña Beatriz Pagés, quien señaló: “Primero, la definición debe estar del lado de la ley. La única respuesta a la ciudadanía hoy es la acción para la justicia. No se trata de buscar sangre o revancha, es simple y llanamente no ser omisos frente a una realidad que el mundo nos muestra. Lo único que queda es una investigación objetiva y responsable en México”.
No hacerlo no sólo sería una vergüenza. Por todo lo anterior es fundamental que la PGR, la PGJ Coahuila y la Secretaría de la Función Pública investiguen los hechos constituyentes de delito que están bajo investigación de las autoridades españolas.
Pero también es de capital importancia que se investiguen las omisiones o complicidades que pudieron haberse realizado, ya que estos hechos siendo públicos y conocidos no fueron investigados ni atendidos, y establezcan responsabilidades y acciones legales contra quienes resulten responsables por la omisión de la investigación.
En estos momentos se debe ser claro de quién tiene un compromiso de combatir la corrupción, el endeudamiento irracional y el lavado de dinero, y quién estará del lado del silencio y la complicidad.
@LuisHFernandez
Integrante del grupo
parlamentario del PRD
