Senadores del PRD pidieron rechazar la minuta de revisión enviada por la Cámara de Diputados sobre el Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos pues ha revertido los avances que se habían alcanzado en el Senado.
En reunión de trabajo de las comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Dolores Padierna aseguró que en el dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos se realizaron grandes avances en el Senado, mismos que se eliminaron al llegar a la Cámara de Diputados.
Destacó que la colegisladora integró nuevamente al dictamen la criminalización de la protesta social como delito de sabotaje y la criminalización de los consumidores que compraran hidrocarburos de origen ilícito, pero eliminó la imposición de una sanción a las gasolineras que vendieran kilos de gas incompletos
Apuntó que la propuesta del Senado establecía un tipo penal para sancionar severamente los daños ambientales y para los asignatarios, contratistas y permisionarios que reporten una producción de hidrocarburos menor a la que realmente producen, sin embargo los diputados eliminaron estos asuntos.
Padierna añadió que otra propuesta eliminada fue el establecimiento de responsabilidad penal para la red de particulares y funcionarios públicos que participaran en el robo de hidrocarburos.
Consideró que con esta propuesta se legaliza el robo a los consumidores, debido a que los comercializadores de gasolina, diesel y gas ya no podrán estar obligados a modernizar sus sistemas de medición.
“Estamos en forma muy enfática oponiéndonos terminantemente a que se legalicen estos robos de gasolina y demás combustibles, porque eso atenta contra la economía de los consumidores y porque se trata de un robo al consumidor de combustible, que somos todos”, apuntó Padierna Luna.
Además, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD advirtió que al relacionar toda la información de la industria energética como temas de seguridad nacional, ésta será información reservada.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña destacó el trabajo de dictamen que realizaron las comisiones del Senado de la República para poder enviar una propuesta consensuada y que incluyera las modificaciones que el PRD presentó.
Sin embargo, consideró inadmisible que en su dictamen de revisión, la Cámara de Diputados reintegró todo lo que se había logrado quitar con consenso de los senadores.
Apuntó que las pérdidas diarias que sufre Pemex son una realidad que afecta las finanzas públicas y, al no haber una persecución del delito, se fomenta la impunidad, por lo que es necesaria una ley que permita a las autoridades aplicar la justicia.
No obstante, la propuesta de la Cámara de Diputados es inadmisible porque elimina el tipo penal para quien realice actividades sin las medidas de seguridad respectiva cambiando con ello afectaciones al medio ambiente y el dirigido a asignatarios y contratistas que provoquen daño a las finanzas públicas.
“No podemos aceptar que nos incluyan un artículo que tenga que ver con información que se considera de seguridad nacional, algo que ya habíamos resuelto y que ahora simplemente lo incluyan en esta ley”, dijo.
A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que la minuta enviada por la Cámara de Diputados representa una verdadera afrenta al Senado y un agravio a los consumidores de hidrocarburos, por el conjunto de modificaciones que revierten en consenso que se había alcanzado previamente y que ponen en riesgo derechos y garantías de los ciudadanos.
Destacó varios problemas fundamentales, sobre la forma, porque no existe congruencia con la desindexación del salario mínimo; sobre el interés de la industria, particularmente de los gasolineros, se elimina la posibilidad de que la venta inferior por litro o kilo de los derivados de hidrocarburos pueda perseguirse por oficio.
“Ahora tendrá que ser por querella del ciudadano, lo cual deja una gran laxitud o limita la protección que el Estado debería garantizar a los consumidores, porque es una responsabilidad del Estado al otorgar concesiones, velar porque se cumplan los términos establecidos en la concesión”, señaló
Encinas Rodríguez hizo énfasis sobre el aumento en el porcentaje de tolerancia en la merma del 0.5 a 1.5 por ciento que se establece en el dictamen, pues dijo, esto implicará el aumento en la pérdida de más 18 mil millones de pesos en agravio del consumidor.
Finalmente resaltó que esta ley se hace una clasificación de información de Seguridad Nacional lo cual contraviene con la Ley de Seguridad Nacional y aseveró, ésta no es una ley para regular la seguridad nacional y de aprobarse, adelantó, que la van a controvertir.
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