Las senadoras del PRD Angélica de la Peña Gómez y Dolores Padierna Luna coincidieron en que la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República debilita a las Fiscalías Anticorrupción y en particular a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Informaron que sin argumentación alguna de un día para otro se decidió modificar el sentido del dictamen y no dotar a la FEPADE de los instrumentos necesarios para cumplir su función al no otorgarle independencia técnica y operativa para investigar y conocer de los delitos en materia electoral.
Al posicionar en contra del dictamen, la senadora Angélica de la Peña lamentó que no se dote a la FEPADE de un marco rector ni la posibilidad de contar con estructura regional para el seguimiento de las investigaciones.
Asimismo, dijo no se prevé que cuente con una estructura funcional de recursos humanos suficiente para el debido cumplimiento de sus funciones, ni con los recursos presupuestales necesarios.
Respecto a la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Peña Gómez, reconoció que es un avance importante en esta materia; sin embargo resaltó que el dictamen queda incompleto en tanto no se cuente con una Fiscalía General de la República dotada de autonomía y con mejores parámetros del Ministerio Público.
Señaló que dicha fiscalía contará con autonomía y capacidad técnica y operativa para cumplir con sus funciones y el personal tendrá los conocimientos necesarios para realizar sus funciones, además de que dispondrá de servicios periciales y de la policía federal ministerial.
Además de que tendrá la capacidad de generar herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socio-económicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de anticorrupción.
Sin embargo, expuso la preocupación del grupo parlamentario del PRD pues si bien se regulan los alcances de la fiscalía especializada, también mutila los acuerdos en lo relativo a la FEPADE, la cual literalmente desapareció.
“Es lamentable que la mayoría de las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras haya renunciado a dotar a la FEPADE de un marco rector para que en el ámbito de sus atribuciones pueda contar con los instrumentos necesarios para el desarrollo de sus funciones”, mencionó.
Al expresar su voto en contra del dictamen, la senadora Dolores Padierna Luna destacó que la Fiscalía Anticorrupción es clave en el esquema del combate a la corrupción pues será una herramienta legal para construir la investigación y para la obtención de indicios y de pruebas vinculadas a este delito.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD afirmó que la reforma a la Ley Orgánica de la PGR resulta necesaria en estos momentos ya que es complementaria de otras iniciativas constitucionales aprobadas con el propósito de sancionar y prevenir la corrupción.
Con esta ley, reconoció la senadora, la Fiscalía Anticorrupción podrá celebrar convenios con las entidades para tener acceso a todos los registros públicos de la propiedad, así como de las unidades de inteligencia patrimonial de los estados.
Además, podrá ejercer la facultad e atracción de los delitos el orden común así como dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que probablemente constituyan delitos del orden federal.
Sin embargo, lamentó que el proyecto de dictamen modificado a última hora se eliminaran las obligaciones de rendición de cuentas y los informes a la ciudadanía y al Senado de la República y en su lugar la Fiscalía tendrá que presentar únicamente un informe al titular de la PGR contradiciendo el principio de autonomía.
Además, se elimina la integración y reconocimiento de la FEPADE como una instancia a nivel de ley orgánica y se mantiene sólo como una instancia creada mediante un acuerdo del titular de la PGR.
“Sus atribuciones son eliminadas en este dictamen, lo que prácticamente deja sin sustancia de operación en la ley orgánica y la remite de nueva cuenta al contenido del decreto de su creación”, apuntó.
Padierna Luna sostuvo que es necesario integrar también a la FEPADE como instancia especializada reconocida en esta disposición normativa y asegurar operatividad y existencia legal más allá del decreto de su creación ya una parte principal del financiamiento de las campañas electorales proviene de hechos de corrupción.
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