Los jóvenes son la esperanza de la patria y este país desperdicia su enorme potencial, porque carece de un proyecto que los incluya: Raúl Morón


Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las y los Jóvenes.

 

Raúl Morón Orozco, (RMO): Con su permiso, señor Presidente.

 

Compañeras senadoras, compañeros senadores.

Ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan,  saludo con aprecio y respeto a las jóvenes y los jóvenes de México, las y los jóvenes son el sector con mayor energía y potencial creativo, con mayor capacidad  de imaginación.

 

Son personas  con sueños, con anhelos y esperanzas, son el sector más importante para el devenir de la sociedad, pero también juegan un papel crucial en el presente, tienen identidad propia, tienen derechos, tienen dignidad.

Cuando  las y los jóvenes se proponen luchar por ideales nada ni nadie los puede detener.

 

Así está registrado en la historia de México, en el movimiento del 68 con movimientos estudiantiles históricos en varios estados de la República. Ellas y ellos han sido actores fundamentales del cambio social y político.

 

Estamos convencidos que los jóvenes son la esperanza de la patria, no obstante este país está desperdiciando su enorme potencial, porque carece de un proyecto que los incluya, que los reconozca en su dignidad y sus derechos, México carece de un proyecto que los escuche, que tome en cuenta sus opiniones, sus necesidades, sus aspiraciones, sus derechos.

 

Las y los jóvenes son las víctimas principales del declive y el desastre del sistema educativo nacional.

 

La educación debería ser el pilar más importante en la construcción de un país moderno, con oportunidades de progreso y vida digna para todos.

 

Pero en este país para la gran mayoría es prácticamente imposible continuar los estudios en el nivel medio superior y superior.

 

El Estado Mexicano en vez de ampliar la oferta educativa endurece más y más los requisitos hasta volver prácticamente inaccesibles las universidades públicas.

 

Vivimos en un país que se ha vuelto irresponsable con el derecho a la educación, porque no cuenta con una estrategia nacional consistente, sistemática y efectiva para abatir la deserción  y el abandono escolar para enfrentar la insuficiente oferta educativa.

 

Es una desgracia que nuestros jóvenes se vean obligar a emigrar al extranjero ante la falta de opciones para salir adelante en las zonas rurales y en las comunidades indígenas.

 

Pero también en las grandes ciudades de nuestro país, al ser marginados  del sistema educativo se vuelven vulnerables ante el desempleo, la pobreza, la exclusión social  y ante el crimen organizado.

 

México, se volvió una nación de proyectos de vida truncados, de aspiraciones  y sueños cancelados.

 

Por otro lado vivimos en un modelo socioeconómico que cierra las puertas del mercado laboral a los jóvenes, que castiga su inexperiencia y se ensaña con las mujeres que son las más discriminadas.

 

Poco importa a las empresas el entusiasmo, la energía, la vitalidad, las capacidades, las ganas de trabajar, los pocos que logran ingresar trabajan sin prestaciones, con salarios  ínfimos y muchas veces son víctimas de explotación laboral.

 

Hay que reconocer que el malestar social  que inunda México tiene que ver con el drama que viven a diario miles de jóvenes que buscan trabajo y no lo consiguen.

Tiene que ver con la frustración y la desesperanza de muchas y muchos e incluso quienes han logrado terminar sus estudios con mucho sacrificio terminan  engrosando las filas del desempleo.

 

Una situación cruel que debe avergonzarnos como país, que es insostenible  y que no puede ser ocultada por cifras alegres o por discursos optimistas.

 

Las y los jóvenes no pueden confiar en un gobierno ni en una clase política que traiciona su confianza todos los días, porque o se ha entendido que ya no están dispuestas y dispuestos a esperar más.

 

Con esta propuesta, desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos enviar un mensaje claro y contundente, es la falta de opciones, de estudio y de trabajo los que originan tanta desilusión, tanta apatía y tanto rechazo al sistema político, que representa muchos intereses menos los de las y los jóvenes.

Ahí están las verdaderas causas de una rebeldía que se expresa en todas sus formas, que no podrá acallarse por más que se intente.

Hay que decirlo con todas sus letras, en nuestro país se discrimina, se estigmatiza a las y los jóvenes y se les criminaliza por el simple hecho de protestar.

 

En México se ha llegado al límite de la indiferencia, del abandono, la irresponsabilidad y la violencia.

 

Ahí está el caso de Ayotzinapan como el ejemplo más palpable de la existencia de un estado que vulnera sistemáticamente por acción o por omisión los derechos humanos de las y los jóvenes.

 

Los hechos de Iguala hoy lastiman la dignidad de todo el pueblo de México y ofenden al mundo entero.

 

Es una muestra clara de que en pleno siglo XXI  aquí se violan impunemente los derechos más elementales  como la vida, la libertad, la integridad física,  la seguridad.

 

Se violan también todos los días el derecho a una existencia digna, Ayotzinapa desnudó la enorme corrupción política que aún existe en todos los niveles de gobierno.

 

Evidenció también a un poder público envilecido, viciado, marcado por el autoritarismo.

Por estas y otras consideraciones  la propuesta que hoy sometemos a la consideración del Senado de la República contiene elementos que nos parece  de enorme relevancia para empezar a construir un horizonte más promisorio, más seguro y más decoroso para las y los jóvenes mexicanos.

 

Hemos retomado la Convención iberoamericana de los derechos de los jóvenes así como diversos instrumentos internacionales que señalan obligaciones concretas   al Estado Mexicano.

 

Está en total sintonía con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por este Senado de la República.

 

Pero buscamos ir mucho más allá, buscamos que en México se expida una Ley que contenga la carta de derechos más extensa y ambiciosa  de toda América Latina.

 

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, civiles, políticos, el derecho a las identidades juveniles, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a la privacidad, a contar  con opciones reales  para permanecer en la educación y para acceder al primer empleo en condiciones dignas, para acceder a la cultura, al deporte, a la investigación y las artes, a la protección real del estado contra cualquier forma de abuso, de maltrato, de explotación sexual o laboral.

 

Se garantiza a las y los jóvenes el derecho a participar  activamente en todas las decisiones públicas que les atañen, el derecho a proponer y a oponerse con libertad, a no ser criminalizados por las autoridades, los derechos serán la columna vertebral de la política nacional hacia la juventud, con obligaciones claras y tangibles  a cargo de las autoridades.

 

Se crea el Sistema Nacional de indicadores del ejercicio de derechos de las y los jóvenes para que podamos constatar los avances en la realidad, para que haya constancia de los enormes desafíos que tenemos en la materia, un sistema que nos permita rectificar el camino, avanzar y nunca más retroceder.

 

Amigas, senadoras;

Amigos, senadores:

 

Vivimos momentos de definiciones donde la demagogia, el cálculo político y la simulación deben hacerse a un lado para dar paso a las acciones concretas.

 

México no quiere, no requiere de nuevos policías, no requiere paliativos ni medidas superficiales, ni asistencialismo, requiere mayores oportunidades de estudio, de trabajo, de realización personal y de progreso para las y los jóvenes.

 

Necesitamos rescatar su confianza, y para ello se requiere cambios radicales.

 

Necesitamos un país que reconozca su dignidad.

 

Por su atención, muchas gracias