La corrupción es un cáncer que destruye la confianza en las instituciones, mina la ya de por sí deteriorada democracia mexicana y fortalece la cultura del engaño e impunidad. Conocer por medio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que un esquema de desvíos de dinero público podría ascender a 6,789 millones de pesos, todo ello en el periodo de la actual administración federal, no hace más que confirmar el sentir ciudadano: el regreso del PRI al poder agravó la corrupción y extendió el manto de la impunidad.
El Informe General de la Cuenta Pública 2016 presentado por la ASF señala que ha sido una práctica reiterada celebrar contratos con dependencias que, a su vez, subcontratan servicios con empresas fantasma o que no realizan los servicios para los que fueron contratados, de esta manera se evade la responsabilidad de realizar licitaciones públicas que contienen candados mínimos para evitar los riesgos de fraudes y corrupción.
La ASF ha interpuesto, hasta el 31 de enero de 2018, un total de 912 denuncias penales donde se señala la probable comisión de delitos en contra de la Hacienda Pública, así como los presuntos responsables de cometerlos. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene la obligación de investigar los hechos y perseguir los delitos, sin embargo, hasta noviembre del 2017, la PGR solo había logrado que una decena de esos casos lleguen a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia todavía. A pesar de que la ASF ha identificado irregularidades y desvíos de recursos federales, la Procuraduría no ha sido capaz de hacer valer la ley mediante investigaciones serias, dando paso a la absoluta impunidad.
Conocer del mega desvío de recursos públicos de dos secretarías, la Sedesol y la Sedatu, durante las gestiones de Rosario Robles, por un monto de dos mil 130.9 millones de pesos en los años 2104, 2015 y 2016, es un caso de escándalo que por provenir del máximo organismo auditor del país, debería provocar la separación de la funcionaria del servicio público hasta desahogar las investigaciones penales y el deslinde de responsabilidad. En lugar de ello, la impunidad priista le permite plantar cara frente a las puertas de la PGR y decir “vengan, denúncienme, no podrán probar nada”.
Este modelo de evasión de la licitación pública, que es ya un modus operandi para la defraudación y el desvío de recursos, había sido detectado en los gobiernos del Estado de México y más recientemente en la investigación conocida como “La estafa maestra”, que involucró a 11 dependencias federales en colusión con ocho universidades públicas, el monto defraudado en ese esquema ascendió a tres mil 433 millones de pesos.
En su momento, noviembre de 2017, el PRD presentó un punto de acuerdo en el Senado para constituir una Comisión Especial que investigara el entramado y las complicidades expuestas por el reportaje “La estafa maestra” y se señalaba como objetivo adicional las ramificaciones que pudieron tener durante el periodo 2012-2017, todo ello bajo el amparo del artículo 93 de nuestra Constitución que permite investigar el funcionamiento de dependencias y organismos descentralizados.
Los genios de la corrupción son el PRI, el equipo político que arribó al poder proveniente del grupo Atlacomulco y todos sus aliados y secuaces. En ningún momento de la historia reciente en México, el gobierno de un Presidente había tenido un rechazo a su desempeño de la magnitud actual: ocho de cada diez reprueban a Peña Nieto, a su gobierno y al PRI. Las razones, sin duda, incluyen la voraz corrupción que se conoce, a pesar de los esfuerzos por ocultarla, tanto en el nivel federal como en las entidades donde gobiernan o gobernaron. Los genios de la corrupción dejarán el gobierno en diciembre próximo pero eso no debe permitirles impunidad.
Luis Sánchez Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado
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