Intervención de la Senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, en la discusión del dictamen de ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG).- Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores senadoras, senadores.
Limitar el poder es una de las características fundamentales de toda democracia; no sólo el poder que emana de la esfera pública sino también de la esfera privada, como lo señala Luigi Ferrajoli, se trata de establecer un sistema de límites a dos absolutismos, el de la política y el del mercado.
La reforma constitucional que hoy se pretende reglamentar, y que efectivamente -senador Fayad- nos unió, hoy, debo destacarlo porque puso de gran relevancia ejes fundamentales inscritos en limitar y regular a los denominados poderes fácticos y monopólicos de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, pero hoy mucho me temo que no es así.
Asumí, permítanme decirlo con mucho respeto sin que pueda exagerar en que ustedes me pueda escuchar, asumí la responsabilidad modesta, sencilla de llevar al texto del dictamen original, aquel que se pretendió discutir en abril pasado, disposiciones relacionadas con los derechos las y los usuarios; a favor de los derechos de la niñez; de la igualdad sustantiva; por las personas con diversas discapacidad y la no discriminación, inscrito en términos del primero constitucional.
Hay logros en esa modesta encomienda, efectivamente hay logros, que tiene este dictamen comparado con el de abril pasado, sin embargo, lo que hoy se tiene en lo general, es un texto que sigue contradictorio con la propia Constitución porque no pone fin y no limita a los monopolios, por el contrario, su falta de claridad termina por fortalecerlos.
La falta de voluntad para que el IFETEL determine la existencia de agentes preponderantes por servicios de manera clara y precisa y no por sector, abre el camino para que la plena preponderancia se determine finalmente por la vía judicial y no en el texto de esta ley, como era el mandato constitucional, sobre todo inscrito en la exposición de motivos que venía de la Cámara de Diputados, y por supuesto era el sentido del Pacto por México.
En el dictamen es evidente la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad, diversidad de medios, siguen faltando criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios.
Una ley de estas características debe tomar en cuenta en todo momento la protección más amplia de las y los ciudadanos, como lo dispone el artículo 1º de la Constitución, es decir, proteger los derechos de usuarios, audiencias, consumidores, ¿quién sino la ciudadanía es y ha sido l principal afectada por los monopolios al pagar los cobros excesivos del internet, tv de paga, telefonía fija y telefonía celular?
En el dictamen seguimos encontrando ausencias, los derechos de las audiencias son limitados y no se regula el derecho de réplica; se deja al IFETEL la facultad de elaborar lineamientos para los códigos de ética de los medios de comunicación y no seguir insistiendo en la importancia que tiene que los medios de comunicación también asuman responsabilidades; la libertad de expresión; el acceso a la información; el debate abierto que genera la opinión pública, son tan sólo algunos de los derechos que han enunciado y que siguen estando pendientes en este dictamen.
Es necesario tomar, por cierto, en cuenta lo que han señalado algunos de los comisionados del IFETEL con respecto a achicar sus facultades constitucionales como organismo autónomo. Hay una carta que dirigieron expresamente a los presidentes y presidentas de las comisiones.
Los derechos y la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad son limitadas, al grado que siguen excluyendo de los servicios a las personas con discapacidad auditiva y las denominadas de talla pequeña o que se encuentran en sillas de rueda, cuando la constante evolución de la tecnología hace posible que se superen, incluso se eliminen, barreras diversas a las que se enfrentan personas con discapacidad y que la sociedad en su conjunto se beneficie de inclusión digital de todas y de todos sin ningún tipo de discriminación.
Si bien se incluye el Lenguaje de Señas Mexicano, sin embargo es necesario incluir el close caption; es necesario establecer los centros de relevo de comunicaciones; igual la instalación de casetas y cabinas de entre 90 y 120 centímetros del piso, que tenga control de volumen y sean compatibles con dispositivos de ayuda y teclados del sistema braille.
La producción independiente realizada por mujeres ha sido excluida del dictamen, a pesar de ser una de las demandas reiterada de las organizaciones de la sociedad civil.
La parte relativa de colaboración con la justicia, es invasiva y violatoria de los derechos humanos, ya que abre la posibilidad a los concesionarios y proveedores de servicios a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, para intervenir comunicaciones y a la localización de equipos, sin ningún tipo de control judicial.
Las radios comunitarias e indígenas son prácticamente excluidas, me preocupa que no fortalezcamos su trabajo, tomando en cuenta que puedan contratar publicada para lograr influir en la adecuación y eficiencia de la tecnología permanente de sus equipos y, por supuesto, que tenga acceso a salarios dignos y decentes de sus operadores y empleados, como lo señala el Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho y la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, o los señalamiento es este sentido, inscritos en la Convención Americana de los Derechos Humanos o en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Me preocupa que no quede claro la libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como el mecanismo para beneficiar al usuario con menores precios, mayor calidad y diversidad de servicios.
En mi encomienda, al llevar todas esta preocupaciones relacionadas con los derechos de las y los usuarios, debo decir desde esta tribuna, que he fracasado, por lo tanto, estoy obligada a votar en contra, reconociendo mi incapacidad en la encomienda que asumí.
Muchas gracias.
