La Ley General contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes es un avance claro en la ruta correcta para erradicar este tipo de delitos que generan más y nuevas víctimas e impiden el acceso a la verdad y a la justicia, sostuvo la senadora Angélica de la Peña Gómez.
La senadora del PRD destacó que en esta ley recientemente aprobada por el Senado de la República, tiene como objetivo fundamental establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos apuntó que esta ley cumple con las obligaciones contraídas con tratados internacionales así como con las recomendaciones de la Relatoría contra Tortura de Naciones Unidas.
“Tomamos en cuenta también las distintas jurisprudencias y tesis que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación han estado decidiendo desde el Poder Judicial para establecer los criterios fundamentales que deriven en cómo abordar, cómo sancionar, y cómo determinar la importancia, y sobre todo, la gravedad, porque se trata de una violación a los derechos humanos de este delito”, agregó.
En esta ley, agregó la senadora, se establece el tipo penal de tortura y de tratos crueles y sus sanciones, así como las reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la comisión de otros delitos vinculados.
De la Peña Gómez enfatizó que se establecen medidas específicas de atención, ayuda, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de delitos de tortura.
La legisladora subrayó que esta ley también es fundamental en la lucha contra la impunidad de los superiores jerárquicos que toleran que sus subordinados cometan delitos, que no toman las medidas necesarias para prevenir o hacer cesar la comisión de estos delitos.
Mencionó que esta ley es generosa al crear una tutela de las poblaciones que están más expuestas, en situación de vulnerabilidad o riesgo, como son niñas, niños, adultos mayores, personas indígenas, migrantes y personas defensoras de derechos humanos.
Además la pena aumentará hasta en una mitad, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente; una mujer gestante; una persona con discapacidad; un adulto mayor; o que l víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual.
Una de las partes más sustanciales de este proyecto, establece que serán excluidas y declaradas nulas por carecer de valor probatorio todas las declaraciones obtenidas a través de la tortura y de cualquier otra violación de derechos humanos o fundamentales.
El proyecto también contempla la creación del mecanismo nacional para la prevención de la tortura, el cual es un órgano de coordinación y vigilancia integrado por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un Comité Técnico integrado por cinco personas expertas e independientes.
“Esta ley que deja muy claro que tortura es un delito y una violación grave a los derechos humanos que debemos desterrar, que demos erradicar”, concluyó.
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