· Presentará voto particular en contra de dictamen de Ley de Víctimas
El Senador Armando Ríos Piter anunció que votará en contra de la Ley de Víctimas, porque no incluye el diálogo que han mantenido con un importante conglomerado de organizaciones, como es el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad.
Recordó que desde hace cinco años el movimiento encabezado por Javier Sicilia, ha enarbolado este tema, y que «después de una amplia caminata alrededor del país, con el dolor de miles de personas, demandaron una ley para atención a las víctimas de la violencia, y quienes consideran que se lesiona la autonomía de la misma, con el quinto transitorio» y por ese motivo presentará voto particular en contra.
El senador Ríos Piter, reconoció que hay avances en esta ley, sobre todo en materia de que fluyan los recursos, en garantizar mejor atención a las víctimas, así como nuevos nombramientos, condiciones que mejorarán el funcionamiento de esta instancia para quienes son afectados por la violencia. Especialmente resaltó el trabajo que ha desarrollado la senadora Angélica de la Peña, al frente dela Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Sin embargo, el legislador por Guerrero, criticó que no existe razón para justificar el Transitorio Quinto, porque lo único que queda en sospecha, es que se quiere tener por parte del Ejecutivo, un dominio que conduzca una correa de transmisión en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no pueden aceptar, porque indigna, molesta y preocupa a las organizaciones de víctimas.
Añadió que en todo momento las organizaciones han planteado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se convierta en una entidad burocrática, donde domine el poder público; por el contrario, que estén a cargo de esta comisión, quienes cuenten con la confianza de los ciudadanos que han sufrido de violencia.
El Secretario de la Comisión de Gobernación, expuso que esta ley, por este planteamiento de autonomía, fue incluso motivo de veto presidencial por parte de Felipe Calderón, mismo veto que fue quitado por Enrique Peña Nieto, y cuando se destrabó, esa institución funcionaba con 7 comisionados confirmados por el propio Senado: “hoy se reedita esta discusión al poner en el dictamen una Junta de Gobierno, en la cual hay presencia de autoridades, y eso provoca desconfianza en las organizaciones”.
Dijo que no es aceptable que el nombramiento del Comisionado se haga por parte del presidente de la República, aún cuando la ley garantice que es por única ocasión y que será bajo la amplia auscultación de las organizaciones de la sociedad civil: “estamos en contra de ese transitorio quinto”.
Los elementos centrales del voto particular son:
a) La Comisión Ejecutiva debe precisarse que sea un organismo descentralizado.
b) El nombramiento de Comisionado Ejecutivo debe ser exclusivo del Senado de la República previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.
c) Eliminar el Quinto Transitorio que establece “QUINTO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado ejecutivo, de acuerdo al proceso establecido en el artículo 85 de esta Ley. Los Comisionados nombrados por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del año 2013, que rindieron protesta el día 10 del mismo mes y año, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 8 de octubre del año 2013. En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, el Asesor Jurídico Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas serán emitidas de manera conjunta entre el Asesor Jurídico Federal y el servidor público responsable del Fondo.
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