Intervención en tribuna de la senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar posicionamiento sobre el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide el Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Verónica González Rodríguez, (VGR): Compañeros y compañeras.
El dictamen que se presenta a nuestra consideración es resultado del trabajo de muchas personas que durante muchos meses estuvieron dando forma a esta Ley logrando integrar una perspectiva de derechos humanos y de justicia restaurativa.
Estos dos enfoques representan un importante avance en la construcción de legislaciones y políticas públicas para las y los adolescentes que incurran en la comisión de algún delito.
En este sentido, mi voto es a favor del presente dictamen por las siguientes razones:
En primer lugar porque integra la visión de la justicia restaurativa y esto representa una forma de entender y afrontar los conflictos, la violencia y los delitos, que busca atender principalmente sus consecuencias procurando la reparación emocional, material, simbólica del daño y el restablecimiento de la relaciones humanas y sociales afectadas.
La justicia restaurativa promueve la responsabilidad y participación activa de todos los involucrados y afectados de algún modo: la persona infractora, la víctima, sus familias, funcionarios públicos y miembros de la comunidad.
En un sentido más estricto, la justicia restaurativa para adolescentes es una manera de tratar con niños y adolescentes en conflicto con la ley, con la finalidad de reparar el daño individual y social causado por el delito cometido.
Para ello se requiere la participación activa del adolescente, la víctima y, de ser el caso, otros individuos y miembros de la comunidad.
Las prácticas restaurativas como la mediación, las conferencias, los círculos, etc., que están contenidos en este Dictamen, representan la concreción de esta visión armónica con los Derechos Humanos, visión que debe adaptarse a los contextos culturales, jurídicos e institucionales de cada lugar.
Se puede utilizar en forma preventiva en la escuela o comunidad, evitando que los conflictos deriven en violencia o en delitos, y también cuando éstos sucedan.
La justicia restaurativa para adolescentes trabaja sobre la responsabilidad del infractor tomando en cuenta la necesidad de atender las consecuencias de su comportamiento, realizando actos reparadores en favor de la víctima y la comunidad, a comprender las causas y efectos de ese comportamiento en los demás, a disculparse con la víctima y ofrecer acciones de reparación, y a comprometerse con un programa que ayude a reintegrarse en la comunidad y evitar futuras infracciones.
Buscar que el infractor se haga responsable de las consecuencias de su acto, procurando que en el encuentro con la víctima haya una reconciliación basada en la restitución del daño y el perdón; y busca también que se restituya el vínculo social, procurando la reintegración del infractor en la comunidad, fortaleciendo así el sentimiento de seguridad quebrantado.
De acuerdo a cifras de instancias internacionales como la OCDE y de instancias nacionales como el INEGI, el 23 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años no tienen acceso a los servicios educativos, mientras que un 35 por ciento de jóvenes cuyas edades van de los 17 a los 24 años no alcanzan a obtener un empleo que les reditúe más de dos salarios mínimos al mes.
Y dadas las condiciones de violencia social, de captación de las y los jóvenes por parte de los grupos de la delincuencia organizada y de marginación que viven los jóvenes en nuestro país, el Estado Mexicano tiene la obligación de establecer un sistema de atención integral para las y los jóvenes que por cualquier circunstancia se encuentren en la comisión de algún ilícito o algún delito y que adicionalmente se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad.
El problema en nuestro país es que cada vez más y más jóvenes optan por inclinarse a llevar a cabo actividades ilícitas.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en nuestro país el 60.5 por ciento de los delitos son cometidos por jóvenes; además de que el homicidio se convirtió en su principal causa de muerte.
Por ello, resulta fundamental que esta nueva legislación mantenga esa visión restaurativa y de promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las y los jóvenes de nuestro país, pues mantener la visión de castigo y olvido que hasta hoy se mantiene en muchos esquemas de atención para los infractores juveniles sólo ha producido un aumento exponencial en la comisión de delitos juveniles.
La procuración e impartición de justicia en nuestro país, tiene que cambiar y pronto, y este dictamen representa una buena medida inicial para lograr rediseñar todo el esquema notamente punitivo que se mantiene hasta nuestros días.
Muchas Gracias.
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