Intervención en tribuna del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar voto particular sobre el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.
Mario Delgado Carrillo (MDC). O no esta de acuerdo con la ley que promueva la disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, pero me parece que la idea general de lo que se está planteando, lo dijimos desde la reforma constitucional, es equivocada.
¿Por qué estamos aquí? ¿por qué tenemos que hacer una ley? Por el desorden que hay en estados y municipios y sobre todo por el abuso que ha habido de la deuda pública, tenemos casos de escándalos en estados y en municipios de todos los partidos políticos por casos de abuso en el endeudamiento público.
Vamos a ver qué soluciones estamos planteando, ¿cuándo empieza a incrementarse de manera exagerada el endeudamiento de estados y municipios? A partir del 2008, cuando en la crisis, aquél famoso catarrito, se convirtió en una pulmonía donde los estados y municipios quedaron expuestos a una gran vulnerabilidad de esta insuficiencia que se ha venido agravando de recursos públicos, de ingresos para sostener sus gastos.
En aquella ocasión se abrió la puerta al endeudamiento, en lugar de enfrentar esta situación de falta de recursos, de claros desequilibrios financieros en estados y municipios, donde hay gastos muy por encima de los ingresos que reciben, de una gran dependencia de estados y municipios por parte de las transferencias de la Federación, se optó por el endeudamiento.
Y empieza a crecer la deuda de estados y municipios que no ha parado hasta nuestros días, y es una salida falsa que tienen los estados ante esta insuficiencia de recursos.
¿De dónde viene los abusos? Los abusos vienen fundamentalmente de la falta de transparencia, los contratos de deuda pública no son públicos, no se puede saber por qué se contrata la deuda con un banco y no con otro, por qué se negocia una tasa de interés y no otra, qué comisiones se cobran por la contratación de ese crédito o qué condiciones están pactando para el mismo, o si se están comprometiendo, por ejemplo, participaciones federales o recursos que se tendrán en el futuro, se están comprometiendo en un crédito.
Entonces, la solución que se debió de haber planteado desde la reforma constitucional era que hubiera una mayor transparencia y acotar aquellos espacios de discrecionalidad.
La estrategia que se siguió fue la contraria, fue flexibilizar el concepto de deuda, el artículo 73 constitucional siempre fue una camisa de fuerza para evitar el abuso por parte del gobierno de la deuda; sin embargo, la nueva redacción de la Constitución, el 73, permite que se puedan hacer refinanciamientos, permite documentar deuda de fideicomisos y en el 117 constitucional, donde se regulan estados y municipios, todavía es peor, porque se legaliza, se lleva a la Constitución el mayor instrumento de abuso que han tenido los estados, que es el famoso endeudamiento de corto plazo, que hasta la aprobación de la reforma constitucional era ilegal, claramente ilegal y era la estrategia que seguían los estados, de simulación, para endeudarse en el corto plazo y después pedir como refinanciamiento que se transformará esa deuda, se regularizará esa deuda y en ella, pues, había una gran cantidad de abusos.
Por eso, esta ley va a ser insuficiente para poder detener los excesos que se están cometiendo con la deuda.
Se optó mejor por control político, estamos con esta reforma generando la Secretaría de Hacienda más poderosa de toda la historia, porque los gobernadores su principal interés no va a ser generar mayores ingresos y ser más transparentes y eficaces en el gasto público y elaborar proyectos de inversión, de infraestructura que puedan ser financiados con deuda.
La tarea más importante que van a tener es tener una buena relación con el secretario de Hacienda, porque él es quien les va a autorizar las garantías del gobierno federal en la contratación de su financiamiento, son incentivos perversos y para muestra basta el botón de la Ciudad de México, es el modelo que se sigue, un modelo basado en el control del político para la autorización de deuda que ahora se va a replicar en todo el país.
¿Qué estamos proponiendo en esta ley? Cambiar algunos conceptos fundamentales que podrían acotar este modelo, que desde la Constitución me parece que es equivocada.
Por ejemplo, la deuda de corto plazo, la deuda de corto plazo debemos acotar aún más el uso que puede tener, acotar el uso que puede tener, acotar la definición de inversión pública productiva que no quede tan flexible como se tiene hasta la fecha, increíblemente no se toca esa definición, que se ha interpretado en cada estado como ellos quieran, para lo que mejor les cuadre y les sirve, para que no se pueda destinar al gasto corriente, que no se pueda utilizar esta farsa del corto plazo para financiar insuficiencias en el gasto corriente que luego se pasa a ser deuda de largo plazo.
Que el financiamiento de largo plazo no pueda ser utilizado para un refinanciamiento o una reestructura, es una mala práctica recurrente, como ya lo hemos descrito aquí; y la otra es, no basta decir con que la deuda de corto plazo se pague tres meses antes o que no se pueda contratar antes del cambio de gobierno, porque los abusos no están ahí, están claramente en los años electorales.
Entonces, no debería permitirse que haya deuda de corto plazo en los años electorales, porque se inicia esta simulación y después se pasa al siguiente ejercicio y nada más se va al Congreso estatal a regularizarse.
Otra propuesta que estamos haciendo, no se puede seguir con esta dinámica de que los gobernadores vayan a sus congresos estatales a pedir la autorización de un monto, porque eso es falta de transparencia.
Tiene que ir, tienen que solicitar el financiamiento de proyectos, tiene que plantearles a sus congresos que quieren hacer un hospital, que quieren hacer un puente, quieren hacer una carretera y tienen su análisis costo- beneficio y para eso se pide el financiamiento, no ir a pedir mil, dos mil, tres mil millones de pesos que después quién sabe que destino tengan y además en la contratación de esos montos también se dan garantías que comprometen ingresos de los siguientes diez, quince, veinte años. Entonces hay que autorizar proyectos, no montos.
También estamos planteando algunos mecanismos para mejorar el ejercicio de la deuda; por ejemplo, se propone que quede prohibido crear fideicomisos para contratar deudas sin la respectiva autorización del congreso local, no se les puede a estos fideicomisos aplicar el crédito bancario, bursátil o cualquier otro permiso en la legislación mexicana.
¿Qué estamos haciendo en el 117 constitucional? Lo contrario. Se permite la autorización de deuda a través de fideicomisos, cuando es un mecanismo claramente utilizado para evadir la rendición de cuentas, pero además siempre es necesario un fideicomiso para comprometer las participaciones federales futuras o para comprometer ingresos locales futuros. Es una manera de darle la vuelta al Congreso y comprometer recursos de las futuras generaciones.
Entonces esto tendría que pasar también por lo congresos para obligar a una mayor transparencia y por supuesto, que estos fideicomisos no sean protegidos por el secreto bancario, por el secreto bursátil, se que son fideicomisos privados que no están sujetos al escrutinio público.
También estamos pidiendo, se incluye, vamos a presentar reservas además de este voto, incentivos para que los municipios no se endeuden irresponsablemente. La Secretaría de Hacienda debe crear y administrar un sistema de cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria de acuerdo con el grado de cumplimiento estados y municipios tendrán derecho a mejores condiciones para otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos por parte de la federación.
Es decir, ponerle reglas al secretario de Hacienda de cuándo va a autorizar la garantía federal para cierto estado y a cierto no, porque si no, si lo dejamos abierto el único criterio que va a establecerse es el criterio político, pues, pongamos algunas reglas que haya incentivos para que los estados y municipios quieran recaudar más, quieran gastar mejor, que el gasto público tenga mayor impacto, sea más transparente y que los proyectos que estén planteando para financiar con deuda tengan más sentido.
No que le digamos al secretario de Hacienda que autorice la garantía libremente como le dé la gana.
Entonces es acotarle, amarrarle un poco, ponerle reglas cuando menos al secretario de Hacienda en cómo va a dar estas garantías.
La otra, pues, darle a un municipio la posibilidad de terminar un convenio de esta disciplina fiscal, que aquí parece que seguimos con la ilusión de que el Congreso va a autorizar determinados proyectos para ser financiados, estos compendios de disciplina financiera a cambio de la garantía federal en la deuda, pues, aquí y en China significa o recortar gasto o aumentar impuestos.
Y eso es lo que se va a imponer con esos convenios a los estados y municipios, pues, imagínense ahora cómo hablamos del federalismo fiscal, se acabó el federalismo fiscal, estamos entregando a los presidentes municipales y a los gobernadores en su poder de actuación para que estén prácticamente sometidos por la voluntad de Hacienda.
En materia de transparencia, ver cuándo se contrata a un crédito nunca se dan explicaciones de por qué se contrata una tasa y no a otra.
Se está planteando que las ofertas sean públicas y que no, sobre todo aquellas que no resulten ganadoras, las reglas dicen: bueno sí que sea oferta pública que haya por lo menos tres, y que se escoja la mejor; bueno, pues, que sean públicas las que no se ganaron, nada más para tener la certeza que efectivamente se está eligiendo la mejor opción y tengamos una vigilancia más estrecha.
También se establece una deuda que está fuera del alcance del famosos registro público, que dará más transparencia, pues es la deuda de corto plazo, otra vez es lo mismo, se deja fuera del escrutinio el mecanismo de simulación que luego se convierte en deuda regular, tiene que estar como parte del registro, tiene que ser público, ¿qué garantías, qué tasas, qué plazos, qué condiciones? si no, no va a cambiar lo que está pasando.
También cuando se procede la cancelación de una obligación o financiamiento se deberán de publicar las razones por la cual no se dispuso este financiamiento y se pide a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que esté obligada a conciliar la información completa y precisa en el registro único de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos celebrados con instituciones financieras o el mercado de valores.
También estamos pidiendo que aumente el número de ofertas para financiamiento mínimo de tres, cuando en la solicitud de crédito sea mayor a 10 millones de UDIS, desglosar las tasas, es elemental, es un dato fundamental que tiene que ser público, la tasa efectiva de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos para cada concepto.
También que la Comisión Federal de Competencia nos haga un estudio, nos ayude con un estudio, para revisar la competencia económica del mercado de financiamiento de deuda y en su caso dar recomendaciones.
Creo que también tenemos que redistribuir las responsabilidades en aquellos casos donde haya un abuso y haya aún en condiciones que son claramente de insolvencias, haya un banco que esté dispuesto a dar el crédito, apostando a que va a llegar el gobierno a salvar ese crédito, hay que decirle que no al banco; el banco tiene que asumir la pérdida en caso de que otorgue un crédito cuando claramente esté este estado o este municipio sin capacidad de pago, el banco tiene que hacerse responsable sino estamos en esta conducta perversa donde el banco sabe que no le van a dejar sin pago por más condiciones de insolvencia que este un estado, que siempre va a llegar alguien a salvarlo.
Tiene que hacerse responsable y tiene que perder el crédito, tiene que hacerse responsable de eso.
Con estas medidas que estamos planteando, ¿qué queremos? Pues, cambiar la lógica de esta ley, creemos que la fortaleza, las finanzas públicas deben construirse de abajo hacia arriba.
Debe ser una ley que incentive a que los estados se preocupen por mejorar su perfil financiero, por recaudar más, por gastar de manera más eficaz y transparente, y por generar proyectos de infraestructura social que pueda ser financiadas con deuda y que salgan a un mercado competitivo de financiamiento por mejores condiciones para sus estados.
Optar por el control político me parece que no va a ser la solución y lo que podíamos esperar como un freno a los abusos que se han cometido los últimos años, pues, no va a ser suficiente.
Y vamos a tener muy rápido la prueba de ello, porque este año se parece mucho al 2008, donde hay una simulación por parte del Gobierno de que sí se va a cumplir la expectativa de crecimiento, y sí se va a cumplir la expectativa de crecimiento, y sí se va a cumplir la expectativa de ingresos y sí se va a cumplir la expectativa de participación federal.
Los indicadores nos muestran que eso no va a pasar, y como en el 2008, tal vez hasta septiembre u octubre el gobierno lo reconozca y ya va a ser muy tarde para que los estados puedan hacer un ajuste en sus finanzas y nuevamente se les ofrecerá la falsa puerta del endeudamiento.
Este es un año donde tendremos nuevamente un brinco en la deuda de estados y municipios nada más que ahora sí todo legalito y todo bajo el amparo de la Constitución.
Muchas gracias.
