El país está de luto y exige justicia por los acontecimientos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre. El Estado mexicano debe realizar acciones que, en primer lugar, dejen satisfechos a los familiares de los desaparecidos.
La prioridad es la atención a víctimas, por lo cual debe darse un seguimiento exhaustivo a los compromisos asumidos con los padres de los normalistas para localizar a sus hijos y castigo a los responsables. Así como garantizar un adecuado acompañamiento a las víctimas en materia legal, médica, psicológica y económica.
Cualquier acuerdo, pacto o reunión debe tener como parte fundamental el componente social. Que la sociedad sea la que oriente el debate y la búsqueda de soluciones. Un acuerdo que nazca con la legitimidad de la calle. Debemos estar atentos a las exigencias, llamados y convocatorias de la ciudadanía y estar dispuestos a participar en el esquema que la sociedad proponga y se defina de manera conjunta.
La investigación tendrá que seguir y llegar hasta sus últimas consecuencias, lo que significa la localización de los 43 normalistas desaparecidos, la captura, presentación y procesamiento de los autores material e intelectuales de los hechos de Iguala; así como la identificación y desmantelamiento de las redes de poder de los autores materiales e intelectuales responsables de estos hechos.
Asimismo, se deben identificar cuáles son los huecos por los que se infiltra la corrupción en la vida pública, para determinar la forma cómo las autoridades y criminales llegan a coludirse.
La exigencia de justicia de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y de los movimientos estudiantiles y sociales que los acompañan es pacífica. Resulta preciso deslindar los hechos de violencia, como los del sábado en la noche en el Zócalo capitalino y en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo; así como los enfrentamientos del lunes 10 en el Aeropuerto de Acapulco, del movimiento social en la calle, que se ha solidarizado con los estudiantes desaparecidos y sus familiares.
Comprendemos el enorme dolor que experimentan las madres y padres por la desaparición de sus hijos. La sociedad está unida en la búsqueda de la verdad y en su exigencia de justicia.
La sociedad apoya a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, con respeto y con acciones que favorezcan llegar a la verdad. Con el caso Iguala las instituciones del Estado mexicano enfrentan una de sus pruebas más importantes y es el mayor reto del actual gobierno.
Como en otras coyunturas recientes de la historia de México, los desaparecidos de Ayotzinapa marcarán un antes y un después. Me refiero a decisiones fundamentales que modifiquen aspectos en el ámbito de las instituciones, en el comportamiento de servidores públicos y líderes partidarios; así como, las relaciones entre la clase política y la sociedad civil.
La presentación de los avances en las investigaciones para determinar el paradero de los 43 integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, conmocionaron al país. Los hechos que describió el procurador Jesús Murillo Karam, con el apoyo de fotografías, mapas y videos, nos horrorizaron. El país está de luto y exige justicia.
Los ojos de la comunidad internacional están puestos en México. Después de un mes de la desaparición, a unos días de la captura del ex presidente de Iguala y de que la Procuraduría ha presentado los avances, las autoridades deben ser capaces de llegar a la verdad.
Como legisladores tenemos el compromiso y la responsabilidad de realizar las acciones legislativas para que hechos como los de Iguala de no se repitan.
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
@MBarbosaMX
