Puede ser irreparable
El significado de la palabra deterioro implica estropear, menoscabar, poner en inferior condición algo; también significa empeorar o degenerar.
En este sentido, resulta posible hablar de un deterioro institucional cuando las instancias de una organización, en este caso el Estado, se estropean, empeoran su condición o degeneran en su funcionamiento.
Los hechos de Iguala de hace un año, la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y la decisión política del gobierno federal de circunscribir las investigaciones a los grupos del crimen organizado, al presidente y la policía municipal de Iguala, y no fincar las responsabilidades correspondientes a las autoridades estatales y federales relacionadas con estos hechos, detonaron una crisis de altos costos en la credibilidad de las instituciones y las autoridades responsables de la seguridad y la impartición de justicia del Estado mexicano.
En este momento la percepción de México en el mundo es de un país en donde no se aplica la justicia, ni se respetan los derechos humanos.
Los intentos de administrar el conflicto y la percepción de éste, antes que impartir justicia y de que los familiares de las víctimas y la sociedad conozcan la verdad, instalaron un escenario donde se percibe el gobierno federal como incapaz, o más aún, como encubridor de los que desaparecieron a los normalistas.
Esta crisis se agudizó hace unos días cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe, cuyas conclusiones difieren en partes sustanciales de la “verdad histórica” que la Procuraduría General de la República había hecho pública hace unos meses.
En aquella ocasión, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, si bien dijo que la investigación se mantenía abierta, intentó responder a la pregunta fundamental. Afirmó que a los 43 normalistas los habían incinerado en el basurero de Cocula y sus cenizas habían sido arrojadas al río.
El deterioro institucional no inició la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, los hechos de Ayotzinapa fueron el punto de inflexión de esta crisis por el perfil de las víctimas, los personajes relacionados, las instituciones involucradas, la forma como se ha desarrollado la investigación y sus implicaciones nacionales e internacionales.
La crisis de legitimidad y el deterioro institucional que puso en evidencia la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, no ha podido superarse por las complejidades del caso y porque el gobierno no ha estado a la altura del reto, no se ha actuado con visión de Estado, ni con la responsabilidad necesaria para conocer la verdad.
Ante el desafío de recuperar la credibilidad por medio de acciones contundentes, el gobierno falló.
El simple hecho de ocupar la titularidad de un poder del Estado no convierte a una persona en un estadista, para serlo se requiere actuar con visión y tomar las decisiones correspondientes, lo que significa que antes de los intereses personales, de grupo o de gobierno se deben defender los intereses del país y de sus instituciones.
Si una institución se debilita, se deteriora o se degrada, quien pierde no es quien ejerce su titularidad o la fuerza política que gobierna, sino el país en su conjunto.
En el caso de Ayotzinapa ni las autoridades locales, ni la Procuraduría General de la República, ni la Secretaría de Gobernación responsable de la seguridad pública, ni los órganos de inteligencia, ni el propio presidente de la república han estado a la altura de las circunstancias.
Lamentablemente, el Senado de la República tampoco ha actuado con la decisión que su carácter de poder público le confiere.
¿Qué le corresponde al Senado?
El Senado no es autoridad investigadora, ni imparte justicia, ni determina sentencias, ni es perito en materia de criminalística, pero sí tiene la legitimidad, la representación y la obligación de exigir que se llegue a las últimas consecuencias en la investigación del caso Ayotzinapa.
Ante estos hechos, el Senado debiera asumir una posición contundente para conocer la verdad y ser un auténtico aliado de las víctimas.
Debiéramos todos los que integramos esta Cámara no ser parte de una estrategia de dilación o de cálculos políticos.
El país necesita de un Senado maduro y firme que esté a la altura de lo que el país demanda. A los que ejercemos una responsabilidad pública nos corresponde, por medio de nuestras acciones, decisiones y declaraciones contribuir a recuperar la credibilidad, respeto y confianza de la población en las instituciones y poderes públicos.
El Grupo Parlamentario del PRD reitera su solidaridad con los familiares de las victimas, así como su apoyo a las propuestas y demandas que realicen los padres y los familiares de los normalistas desaparecidos al presidente de la república y otras autoridades.
Advierto que si se persiste en la actual actitud de no llegar a la verdad, de evadir o solapar responsabilidades, el daño para el país será irreparable e imperdonable para los que ejercen una función pública.
@MBarbosaMX
Presidente del Instituto Belisario Domínguez.
