En el marco de la violencia que impera en Guerrero, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, se ha pronunciado para exigir a las autoridades competentes, que no son las del municipio de Iguala, ya que han demostrado su inoperancia y corrupción, se presenten a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por integrantes de las fuerzas de seguridad municipal.
El legislador por el Estado de México, señaló contundente que en Guerrero se han sucedido un número elevado de crímenes de alto significado político y que no han sido resueltos por las autoridades en ninguno de los tres órdenes de gobierno. El ejemplo más emblemático es la matanza que ocurrió hace 19 años en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande de Guerrero, donde 17 campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados por elementos de la policía estatal motorizada, el 28 de junio de 1995, hecho que le costó la gubernatura a Rubén Figueroa a quien se le comprobó que dio la orden para emboscar a un grupo de campesinos de la Sierra Sur, terminando en una masacre, enfatizó.
Hay que recordar que Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas, un punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan mariguana. Allí operan diversas bandas del crimen organizado y el resultado de esa disputa por las plazas en Iguala ha sido sangriento, abundó.
Ahora, otro hecho grave empaña aún más la terrible descomposición social que se presenta en muchas de nuestras comunidades, desafortunadamente las más vulnerables, las más pobres. Los días 26 y 27 de septiembre se sucedieron los ataques contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, provocando la muerte de Daniel Solís Gallardo, Yosivani Guerrero y Julio César Mondragón Fontes, a quien encontraron desollado cerca de la zona industrial de Iguala y era originario del Distrito Federal; así como de David Josué García Evangelista, integrante del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, el chofer del camión en donde se transportaba el equipo, y Blanca Montiel quien viajaba en un taxi. A estas muertes se suman más de una docena de heridos y la desaparición forzada de 43 normalistas, de los que no se tiene rastro alguno, según lo informó el procurador estatal Iñaki Blanco Cabrera.
Pero este no es un hecho aislado o “excepcional” según el término que le da dado el Secretario de Gobernación al abuso de la fuerza policiaca, señalo el legislador Encinas, los normalistas de Ayotzinapa han sido agredidos violentamente y asesinados integrantes de la comunidad estudiantil, recordemos el evento sucedido en 2011, cuando dos estudiantes fueron acribillados por elementos de la Policía Investigadora Ministerial. En esa ocasión los normalistas habían organizado una marcha para demandar audiencia con el gobernador y plantear solución a problemas que enfrentaba su institución, así como la mejora en las condiciones de estudio. Como respuesta recibieron las balas de los cuerpos policiacos. Diversos organismos de derechos humanos acreditaron la legitimidad de la protesta estudiantil y documentaron la ejecución extrajudicial; los familiares continúan reclamando justicia y los responsables de estos crímenes siguen sin ser castigados.
Estos crímenes en Iguala tiene varias aristas, abundó el legislador Encinas Rodríguez, por una parte devela la persecución sistemática por quienes deberían garantizar la integridad de las y los mexicanos, hacia las movilizaciones sociales, comunitarias, populares y estudiantiles que buscan la preservación y mejora de sus centros educativos, surgidos de las comunidades campesinas e indígenas.
Por otra parte, hizo hincapié el senador, se encuentra la impunidad, al cobijo de la autoridad estatal, del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien a cuatro días de los sucesos declaró no tener ningún informe del enfrentamiento y menos aún de la desaparición de los normalistas. Es importante mencionar, señala el senador Encinas, que Abarca pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero y posteriormente dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos, sin que haya transparentado la procedencia de los recursos. Desde su llegada al ayuntamiento Abarca ha sido acusado de corrupción, nepotismo y asesinato ya que el 30 de mayo de 2013, ocho miembros de la organización Unidad Popular de Iguala, opositora al presidente municipal, fueron levantados por un comando armado. El resultado fueron tres ejecutados, uno de ellos acribillado personalmente por Abarca, se trataba del dirigente perredista Arturo Hernández Cardona. Esta acusación fue hecha por uno de los que lograron escapar del secuestro.
Es de suponerse, añade el legislador, que Abarca está protegido por intereses muy poderosos ya que no se le fincó ninguna responsabilidad por los hechos de mayo de 2013 y ahora, ante el asesinato de normalistas de Iguala los días 26 y 27 de septiembre, horas después de ser notificado de la responsabilidad de la presidencia municipal ante este nuevo crimen, ya que fue la policía del lugar quien rafageó los camiones que habían sido tomados por los normalistas y subió a vehículos de la policía local a los demás estudiantes, pidió licencia ante el Congreso local para dejar su encargo. El procurador Iñaki Blanco informó que tanto José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala con licencia, y el secretario de Seguridad Pública del municipio, Felipe Flores Velázquez se encuentran prófugos, por lo que ha girado una orden de localización y presentación en su contra.
Resulta sumamente grave, enfatizó el legislador, el hallazgo de las seis fosas, la mañana del sábado 4 de octubre en la parte alta de la colonia Las Parotas, en la región norte del estado de Guerrero, donde elementos del ejército, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la Policía Ministerial del Estado, dieron cuenta de este terrible descubrimiento.
El procurador del Estado señaló que aún no se tiene el número exacto de víctimas, pero todo apunta a que son los desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte, abundó el senador, al lugar arribó un grupo de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Como senador de la República, Alejandro Encinas enfatizó que no permitirá que este caso quede impune y que el tiempo haga su trabajo para darle carpetazo, abundó que se une a las solicitudes de diversas organizaciones de derechos humanos a fin de que se realice una investigación expedita, transparente y eficiente de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerreo; así como que se procese y sancione a los policías municipales que ejecutaron ilegal y arbitrariamente a los estudiantes, omitiendo y consintiendo las graves violaciones a los derechos humanos. A esta exigencia sumó la captura del presidente municipal y del secretario de seguridad pública de Iguala. No permitiremos un caso más de impunidad, concluyó el legislador.
