La sociedad mexicana no puede esperar que el Estado sólo busque reducir la pobreza por medio de programas asistencialistas: Iris Vianey Mendoza


Intervención de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo parlamentario del PRD, al presentar, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social,  la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava.

 

Iris Vianey Mendoza Mendoza, (IVMM): Tenemos hoy al secretario de Desarrollo Social Compareciendo ante esta soberanía para la Glosa del IV Informe de Gobierno.

 

La función institucional en ocasiones es grata, en ocasiones ingrata, secretario, pues le ha tocado a usted la responsabilidad de informar sobre las acciones de gobierno en materia de desarrollo social que se realizaron previamente a la asunción de tan alta responsabilidad que ahora le ocupa; hemos aquí, en el cumplimiento de este mandato que asumimos con la institucionalidad y sobriedad que la tarea nos demanda.

 

Señor secretario de Desarrollo Social, como lo sabemos es política pública en la que se concreta la responsabilidad del Estado de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos sociales de las y los mexicanos, ello implica un proceso progresivo de mejora integral de las condiciones de vida de las personas, que conjuntamente con el desarrollo económico debe construir comunidades seguras en sociedades que vivan en entornos de igualdad, de no discriminación, como ciudadanos con plenos derechos.

 

Sin embargo, de acuerdo con el CONEVAL, una de las situaciones que más afectan a nuestro país es la pobreza y la agudización de la desigualdad económica y la desigualdad social, este fenómeno afecta al 46.2% de la población, categorizada en situación de pobreza extrema y moderada, y coloca al 33.4% de la población como vulnerable por ingresos y carencias sociales, es decir, en una situación de incertidumbre y riesgo.

 

Este hecho afecta al 79.5% de la población total y por consiguiente deriva en la pérdida y precariedad de ingresos y, como consecuencia, en el detrimento del acceso a los derechos de desarrollo sustantivo, por tanto, los fenómenos sociales como la delincuencia, malnutrición, desescolarización, emigración, entre otros, lejos de abatirse se intensifican en el plano de la realidad, contradiciendo lo que nos muestra la estadística.

 

La sociedad mexicana no puede esperar que el Estado sólo busque reducir la pobreza por medio de programas asistencialistas, los programas deben fortalecer y mejorar la condición de bienestar de la población y ser generadores efectivos de construcción de ciudadanía.

 

Como se mencionó antes, la relación entre la población mexicana que vive en situación de pobreza y vulnerabilidad es de 79.5%, mientras que la población no pobre y no vulnerable en el país es de 20.5 %. Estas cifras, además de alarmantes, requieren de una estrategia más amplia, es evidente que las reducciones presupuestales no contribuyen a superar condiciones de desigualdad.

 

Frente a los datos estadísticos sobre la medición de la pobreza, la inequidad y obviamente la brecha en cuanto a los ingresos de la población, nos llama la atención que en el presupuesto del gasto programable correspondiente al ramo administrativo 20, que se observa un decrecimiento gradual en términos nominales:

 

Es decir, en 2014, tuvimos alrededor de 115 mil 178 millones de pesos; en 2015, tuvimos 117 mil 84 millones de pesos; y para 2016, hay una baja en el presupuesto, el presupuesto baja para el desarrollo social a 109 mil 271 millones, esto nos preocupa porque cómo se puede pensar que combatir la pobreza y el hambre, generar una política de inclusión, son la prioridad de este gobierno con el que coadyuvamos si vemos una baja en el presupuesto.

 

Una de las variables más importantes para determinar la pobreza, es el ingreso, mismo que se debe fortalecer a través de programas de apoyo productivo, es decir, se requiere crear una política social y económica que genere el fomento económico para las familias a través de la producción y no de la asistencia, con lo cual se evitará que las familias únicamente dependan de los programas que proporciona el Estado.

 

En el IV Informe, el Gobierno señala la existencia de una nueva etapa de la política social, la cual acompañamos, y que está basada en el fortalecimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

 

En el documento se establece esta como una estrategia integral y participativa para solucionar estructuralmente y de manera permanente la lacerante situación que vive México.

 

El acceso de la población al derecho efectivo a la alimentación, requiere de la creación de programas que se enfoquen en asegurar que los mexicanos puedan acceder al derecho a la alimentación plenamente, más allá de sólo generar condiciones paliativas que no permiten superar este problema en lo mínimo vital que se requiere para subsistir.

 

Hemos conocido la Estrategia Nacional de Inclusión como una de las acciones centrales del Gobierno federal y hemos considerado que debe ponerse especial atención en las diversas partidas presupuestales concurrentes, por lo que cualquier decrecimiento presupuestal limitará el cumplimiento de las metas y objetivos que nos parecen muy relevantes dentro de esta política.

 

En este sentido, nos parece que el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas no debería tener un decrecimiento en el presupuesto, asimismo la atención de grupos vulnerables, la atención de niñas, niños y adolescentes, las acciones para la prevención del delito, el combate a las adicciones, el rescate de espacios públicos, y la promoción de proyectos productivos.

 

Creemos que una política real de inclusión e igualdad de oportunidades, como se plantea en el IV Informe de Gobierno, debe basarse en dar recursos suficientes para que no haya ningún pretexto en el cumplimiento de estos programas como lo mínimo a atender hacia una ruta progresiva de combate a la desigualdad.

 

Observamos que de un total de los 23 programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Social para 2015, cinco se fusionaron o fueron subsumidos por otros, uno se sectorizó a partir de 2016 a la Secretaría de Desarrollo Social (el de Fomento a la Economía Social con 3,409 millones de pesos), sólo siete programas recibieron incremento presupuestal mínimo, el resto no; el resto por el contrario decrecieron. Esta parte, secretario, nos preocupa porque las y los legisladores de esta soberanía estamos comprometidos a coadyuvar con el Ejecutivo a generar las políticas públicas que den respuesta a la situación actual que vivimos.

 

Las condiciones respecto al combate contra la pobreza y la falta de acceso efectivo de la población a los de derechos sociales, se encuentran en una situación que demanda atención permanente y ágil por parte de las instituciones y de todos los mandos de gobierno.

 

Así también y sobre todo voluntad política por parte de los agentes sociales y políticos dispuestos a establecer el diálogo para arribar a los acuerdos que posibiliten trabajo conjunto y en favor del cumplimiento de objetivos comunes en favor de México y obviamente de los más pobres.

 

Usted, señor secretario, y en esto coincido, ha manifestado que gran parte de la causa de la ingobernabilidad o de los problemas de gobernabilidad que se presentan en el país tienen origen en la pobreza, lo cual compartimos, y ha dicho que esto no sólo lastima a millones de mexicanos, sino también genera problemas sociales que son producto del agravio de no contar con un piso mínimo de bienestar en la calidad de vida, y que al combatir la pobreza abonamos a gobernabilidad, a la paz social y a la construcción de un México más armónico, cohesionado y seguro.

 

Esa misma ruta es la que hemos emprendido, las y los integrantes de esta Comisión, que está por demás decirlo, hemos tenido un año de trabajo bastante productivo con acuerdos por unanimidad y abatiendo también el rezago legislativo que teníamos de ésta y otras legislaturas, un camino que conduzca a la reducción de las condiciones de desigualdad que convierten a las y los mexicanos en ciudadanos de segunda, para combatir esta desigualdad estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes, esta Comisión de Desarrollo Social.

 

Por lo que, después de esta breve introducción de temas importantes que abordaremos, me gustaría pedirles que se pongan de pie para hacer la toma de protesta al secretario.

 

De conformidad con lo que establece el artículo 69 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

 

Señor secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ¿protesta usted decir verdad en este acto republicano de rendición de cuentas con la información que exponga ante esta comisión y ante las preguntas que formulen las señoras senadoras y los señores senadores?

 

De no cumplir con el compromiso que asume ante esta soberanía, el Senado de la República estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.

 

Muchas gracias.

 

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