La nueva Secretaría de la Economía Social y Solidaria / La Crónica de Hoy


Sánchez

El pasado 3 de marzo presenté en el Pleno del Senado de la República una Iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas, con el propósito de crear la Secretaría de la Economía Social y Solidaria.
En el artículo 27 de nuestra Constitución se reconoce de manera puntual que frente a la propiedad privada existen, también, la propiedad colectiva social y la propiedad pública del Estado. En el artículo 25 constitucional se detalla la sectorización de la economía, conformada por el sector público, social y privado. La particularidad de cada una se deriva de la forma en que se determina el control de la tierra, el capital y los medios de producción. El sector social de la economía se caracteriza en razón de que éstos son propiedad social de la clase trabajadora.
El sector social de la Economía se reconoce formalmente desde 1983, cuando se  reforma al artículo 25 constitucional. Ahí y en su Ley Reglamentaria, la Ley de la Economía Social y Solidaria, se establecen como Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) a los ejidos; las comunidades; las organizaciones de trabajadores; las sociedades cooperativas; y a las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, así como en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La propiedad social tiene como objeto central liberar a los trabajadores de las relaciones capital-trabajo y burocracia-trabajo, mediante la autogestión económica, que es el sistema de organización de empresa social en el que los trabajadores determinan las decisiones de desarrollo o funcionamiento económico. La autogestión desplaza al capital privado que genera relaciones de explotación y al capital público que construye relaciones paternalistas y burocráticas.
Ahora que estamos próximos al centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política, vale recordar que la naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917, que estableció en el artículo 27 de la naciente Carta Magna, que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación y no al Estado o a los individuos en particular. El significado social de esta decisión política implica que dentro de nuestro estado de derecho la propiedad en origen es colectiva y no privada o estatal.
Impulsar con más determinación a la economía social garantizaría un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado.
Para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla al tú por tú con los sectores público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema público, tanto a nivel federal como en los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, fortalecido, además, por una sólida banca social y popular. Lo anterior exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada ex profeso a tal cometido: la Secretaría de la Economía Social y Solidaria.
El financiamiento de la nueva Secretaría no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución.
Es momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales para avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social, regida por un Estado social, democrático y de derecho.
Senador de la República (PRD)
Twitter @SenLuisSanchez