Esta semana se aprobó y discutió en el Senado de la República la Desindexación del Salario Mínimo como Unidad de Cuenta en México, me manifesté a favor porque esta determinación es el inicio de un camino largo para que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo y así, combatir la pobreza en que se encuentran millones de mexicanos.
Veamos, desde hace tres décadas el salario mínimo ha perdido el 75% de su capacidad de compra. Alrededor del 14% de los trabajadores en formalidad (casi 7 millones de personas) tienen ese ingreso en México.
Para que el salario mínimo cumpla el mandato constitucional del Artículo 123, debería ser, cuando menos, de 171 pesos diarios, 21.5 pesos la hora, para satisfacer las necesidades de una familia.
Actualmente, el Salario Mínimo General (SMG) está no sólo muy por debajo de esa cifra, sino incluso por debajo de la Línea de Pobreza Alimentaria. Ello afecta a todos los niveles salariales. La idea debiera ser que, entre 2016 y 2018, el salario mínimo recupere su poder adquisitivo real.
Celebro que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, haya tomado la iniciativa de proponer la desvinculación del Salario Mínimo como Unidad de Cuenta para un conjunto de pagos administrativos y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya aprobado la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, para así facilitar el proceso de recuperación salarial en el país.
Como respuesta a estos positivos eventos, el Ejecutivo Federal promovió la iniciativa para desvincular el Salario Mínimo como Unidad de Cuenta a nivel nacional, que con las modificaciones del caso, fue aprobada por la Cámara de Diputados.
A su vez, la Comisión Nacional de Salario Mínimos (CONSAMI) recientemente homologó el salario mínimo, de manera que ahora su monto es el mismo en toda la República.
En el Senado avanzamos en el proceso para la recuperación progresiva del valor real de este emolumento.
El salario mínimo en México, es el más bajo de los países que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), incluso es el más bajo de América Latina, al grado que es menor que en países como Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, entre otros.
El reto es garantizar que los trabajadores formales tengan una mayor capacidad adquisitiva que fortalezca el consumo y, por tanto, el mercado interno que incentivará la producción de mercancías, bienes y servicios; y por ende, el crecimiento del Producto Interno Bruto.
Es decir, tal decisión es positiva tanto para los trabajadores como para sus familias y los sectores productivos tanto público, como privado y social, además de vigorizar la competitividad de México en el mundo.
Debemos reconocer que es imperativo vigorizar las condiciones laborales y salariales para garantizar progresivamente, en el plazo más corto posible, una vida humanamente digna para millones de trabajadores y familias, con los cuales tenemos una deuda inadmisible y que urge reparar.
Hay que enviar el mensaje a nivel internacional de que México es un país que cumple con los derechos humanos y la dignidad de las personas; que combate la desigualdad en la distribución de la riqueza y por tanto la pobreza. El camino es largo, pero ya lo empezamos lucharemos por llegar antes. XXX Twitter @ SenLuisSanchez
