Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, en reunión de comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos para referirse al dictamen por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
Alejandro Encinas, (AER): Muchas gracias, senador Burgos.
Bueno, en primer lugar voy a hablar como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, que es mi responsabilidad institucional, señalando que efectivamente desde el inicio del debate en torno a la minuta que nos ha enviado la colegisladora respecto al Sistema Nacional Anticorrupción se han venido recibiendo y atendiendo distintas posiciones de la sociedad civil y de legisladores y de legisladoras de este Senado de la República.
Creo que al audiencia fue un buen ejercicio en donde, como lo señalé ese mismo día, no tuvimos un día especial sino sui generis porque por primera vez en mucho tiempo, los representantes de la sociedad civil vinieron a solicitarnos la aprobación de una minuta de la Cámara de los Diputados.
Incluso algunos legisladores nos vimos mucho más radicales que los propios representantes de las organizaciones civiles y lo entiendo porque fueron partícipes y protagonistas importantes en el diseño de este dictamen o de esta minuta en la propia Cámara de los Diputados.
Pero también hay que destacar que se señalaron tanto en las audiencias como parte de los legisladores en el Senado, algunos temas que deberán ser obligadamente incorporados en las leyes secundarias que van a regular este Sistema Nacional Anticorrupción y que espero en unos minutos, en unos momentos más será parte de alguna modificación una la exposición de motivos del dictamen sobre el cual hemos dispensado al lectura y que creo que sería conveniente que se leyera para que todos los miembros integrantes de estas comisiones unidas tuvieran conocimiento pleno de ello.
Y en segundo lugar, ya en mi carácter de Senador de la República, yo quiero señalar que quizá la debilidad y la insuficiencia más importante que tiene esta minuta es un tema que hemos mantenido desde hace muchos años en el debate y que lo vamos a sostener es el que en esta minuta se mantiene un régimen de excepción al Ejecutivo federal, un fuero que impide que el Ejecutivo federal pueda ser objeto de sanción ante la eventual comisión de un delito o algún acto de corrupción.
Si bien se mejoró la no prescripción del delito hasta en siete años después, pasó de cinco a siete, si bien se han ido delimitando lo que tendrán que ser los mecanismos de coordinación e integración entre distintos sistemas, no solamente el Sistema Nacional Anticorrupción, sino el Sistema Nacional de Acceso a la Información y de rendición de cuentas, el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental que tendremos que abordarlo en la legislación secundaria; pues el tema del fuero y mantener un régimen de excepción respecto al Ejecutivo federal, cuando todos los mexicanos y las mexicanas debemos estar sujetos a las mismas leyes sin ningún privilegio, es un tema ene l que insistiremos.
Para ello, hemos presentado como Grupo Parlamentario una iniciativa que solicitamos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales se dictamine a la brevedad, junto con otras iniciativas respecto a este tema que existen en esta Legislatura y en legislaturas anteriores, y espero que vayamos desahogándolo.
Como también, el otro tema pendiente, es el de la obligatoriedad respecto a la publicación, hacer públicas, tanto la declaración patrimonial como la declaración de interés de los servidores públicos y de los representantes populares.
Y es un tema que, si bien habrá un espacio de debate en el momento de hacer las adecuaciones a la Ley de responsabilidades de laso Servidores Públicos, pues las limitaciones que establece la propia Constitución, difícilmente permitirán establecer esa obligación, dejándolo como un asunto potestativo del usurario o del representante popular.
Son los temas que nosotros mantendremos en esta visión del dictamen que está sujeto a discusión y esperemos que este primer paso pues se instrumente de inmediato porque el problema final es al implementación y los tiempos de implementación.
Ya que, si bien el artículo transitorio obliga al Congreso de la Unión a tener la legislación en materia secundaria en un término no mayor a un año después de su publicación, pues estamos hablando de la modificación a cerca de diez o 12 legislaciones vigentes.
Y quizá la elaboración de una nueva ley vinculada con este tema, particularmente una ley general que permita que este modelo se replique en las entidades federativas, lo cual le correspondería también a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana como uno de sus temas centrales, porque si al año le agregamos los 180 días a los que deben adecuar su legislación constitucional los estados de la República, hay incumplimientos en los tiempos, pues difícilmente en este sexenio estará en operación.
Éste es mi planteamiento, tanto personal como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
