La Comisión Permanente condena la violencia política en contra de las mujeres a propuesta de Angélica de la Peña


La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó enfáticamente los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, y particularmente en el caso de Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, luego de aprobar el dictamen de un punto de acuerdo presentado por la senadora Angélica de la Peña.

Cabe recordar que Pérez Pérez presentó licencia al cargo, luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil mantuvieran tomada la Alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su destitución.

La legisladora del PRD indicó en su proposición–presentada el 31 de mayo pasado- que este escenario fue reflejo de las continuas amenazas y peticiones por parte de sectores de la población que solicitaron su renuncia desde que en, un proceso democrático y legal, ella ganara las elecciones el pasado mes de julio de 2015; la demanda de los habitantes está sustentada en los usos y costumbres, en donde en lo que estipula que las mujeres son relegadas, por el simple hecho de ser mujer.

La Presidenta Municipal, Rosa Pérez, vivió amenazada durante los nueve meses que duró su mandato, su liderazgo y compromiso la llevo a aceptar una mesa dialogo en la que participaron diputados del Congreso Local, el Secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y otros funcionarios estatales, así como una comisión de inconformes de Chenalhó.

Al respecto, la Comisión Permente también acordó solicitar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, que investigue y deslinde responsabilidades frente a la posible comisión de conductas constitutivas de delitos en agravio de la hoy presidenta municipal con licencia.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado resaltó que Rosa Pérez Pérez es la tercera alcaldesa del Partido Verde Ecologista que el machismo desplaza y sustituye por un hombre como munícipe, “en el municipio de Oxchuc, pasó lo mismo con María Gloria Gómez Sánchez, en el que no sólo ella renunció sino también las regidoras. En el municipio de Tila, pobladores destituyeron a Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo detenido. Mientras que en el municipio de Chanal, la Presidenta Municipal Olga Gómez renunció para que el cargo lo ocupará su esposo, que se desempeñaba como síndico”, agregó.

De la Peña Gómez llamó la atención hacia la actitud indiferente del gobernador Manuel Velasco en el caso de Rosa Pérz Pérez, pues ni siquiera ha hecho un pronunciamiento público a pesar de los constantes atropellos a los derechos de las mujeres, lo que ha propiciado que aún después de haber transcurrido ya nueve meses de las elecciones, las alcaldesas continúen batallando para gobernar pues no cuentan con el respaldo ni de las leyes ni del gobierno.

Ante tal circunstancia, la Comisión Permanente igualmente convino exhortar al gobierno del estado de Chiapas a garantizar los derechos humanos y políticos de las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular en su jurisdicción, así como al Congreso estatal a adoptar medidas legislativas con el fin de prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación.

La senadora del PRD recordó que son conocidos los casos que implican violencia política contra mujeres que pretenden acceder a cargos de elección popular, como el de Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero quien fue secuestrada, torturada y asesinada. En Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo de 2015.

“Chenalhó marca un preocupante precedente de misoginia y chantaje en contra de la participación política de las mujeres. Obligar a que las mujeres renuncien a los cargos adquiridos por vía de la democracia, es una afrenta al Estado de derecho que no debe ser permitida”, concluye la senadora Angélica de la Peña.

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